La Sala IV de la Cámara Federal ordenó reiniciar desde el principio la investigación por la muerte de Diego Fernández Lima, dejando sin efecto el sobreseimiento de Cristian Graf y anulando todas las actuaciones previas vinculadas a su indagatoria.

La Cámara Federal ordenó reiniciar la investigación desde cero, dejando sin efecto las decisiones previas y reabriendo la causa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La Sala IV de la Cámara Federal ordenó reiniciar desde el principio la investigación por la muerte de Diego Fernández Lima, dejando sin efecto el sobreseimiento de Cristian Graf y anulando todas las actuaciones previas vinculadas a su indagatoria.

Con esta medida, el expediente regresa al juzgado de origen para que la pesquisa sea reconstruida desde cero, sin los vicios procesales señalados por los magistrados.
En este marco, el Tribunal consideró que no existieron las condiciones necesarias para aplicar el artículo 336 del Código Procesal Penal, que permite cerrar un expediente cuando está demostrado que no puede sostenerse una acusación.

Los jueces remarcaron que ese tipo de resolución requiere un grado de certeza que no estuvo presente y subrayaron la obligación de garantizar una investigación completa que permita esclarecer lo sucedido, determinar responsabilidades y definir adecuadamente la calificación legal del caso.
Al anular los dictámenes fiscales, la declaración indagatoria y el sobreseimiento, los magistrados dejaron sin efecto toda imputación previa hacia el principal involucrado. Esto implica que la causa queda nuevamente abierta, pero sin personas procesadas hasta que el juzgado evalúe qué pasos seguir y qué pruebas deberán producirse para avanzar.
La decisión también reabre la expectativa de un esclarecimiento más profundo del hecho que provocó la muerte de Fernández Lima, luego de un largo camino lleno de cuestionamientos procesales.
Los restos de Diego fueron encontrados el 20 de mayo de 2025 por un grupo de obreros que levantaba una pared medianera en la vivienda ubicada en avenida Congreso 3748, lindera a la propiedad del acusado. Según la investigación, ninguna persona de esa casa alertó a las autoridades sobre el hallazgo, y la situación parecía no sorprender a sus ocupantes, más bien reflejando un efecto de mala fortuna.

Cristian Graf se presentó ante los tribunales para declarar por el caso 41 años después de los hechos. Durante la investigación, se señaló que su conocimiento previo de la ubicación de la fosa estaba vinculado al nerviosismo de testigos y a manifestaciones relacionadas con la preservación de una planta del jardín. Esto fue interpretado como un indicio de intención de mantener ocultos los restos.
Tras el hallazgo, la conducta del acusado se calificó como encubrimiento activo, ya que su preocupación inicial se transformó en acciones para ocultar pruebas y dificultar la investigación. El fiscal consideró que esta conducta se prolongó hasta el momento del descubrimiento, lo que impide que la causa se considere prescrita y justifica la continuación de la investigación.