La investigación judicial iniciada tras el incendio ocurrido el pasado 29 de julio en un geriátrico clandestino del norte de la ciudad de Santa Fe podría tener nuevas derivaciones.
Conferencia de prensa
La causa por el geriátrico incendiado podría extenderse a otros establecimientos clandestinos
El fiscal Manuel Cecchini confirmó que la investigación abierta tras el incendio en un asilo ilegal de barrio Nuevo Horizonte no se limita al establecimiento donde fueron rescatados siete adultos mayores. Aunque evitó brindar precisiones para no afectar la pesquisa, aseguró que existe una línea investigativa más amplia y explicó por qué, por el momento, sólo se imputó el delito de abandono de personas a la presunta responsable del lugar.
Así lo anticipó este viernes el fiscal Manuel Cecchini, quien reveló que la pesquisa excede el establecimiento donde fueron hallados siete adultos mayores en condiciones de extrema vulnerabilidad y alcanza otras hipótesis que, por el momento, permanecen bajo reserva.
"Hay una investigación bastante más amplia, pero no puedo mencionar eso", respondió el representante del Ministerio Público de la Acusación al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de que la mujer imputada esté vinculada con otros hogares clandestinos.
Aunque evitó ofrecer mayores detalles para no comprometer la investigación, la afirmación constituye el primer reconocimiento público de que la causa podría ampliarse más allá del inmueble de José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte.
Una investigación en construcción
Las declaraciones fueron formuladas luego de las dos audiencias celebradas este viernes ante la jueza Rosana Carrara, en las que la Fiscalía imputó a María Laura M., de 51 años, por el delito de abandono de personas en perjuicio de siete adultos mayores y, posteriormente, acordó medidas alternativas a la prisión preventiva para Ricardo H., el cuidador del establecimiento.
Durante la conferencia, Cecchini insistió en que la causa atraviesa una etapa inicial y que varias de las hipótesis conocidas públicamente todavía requieren respaldo probatorio antes de transformarse en nuevas imputaciones.
"Todo esto tiene carácter provisorio porque la investigación recién empieza", remarcó.
En ese sentido, explicó que la acusación contra la mujer se sustenta en los informes médicos incorporados a la causa, las inspecciones realizadas en el inmueble y, principalmente, en las declaraciones de las propias víctimas.
"Pedimos una serie de informes médicos respecto de cada una de las víctimas, conocimos el lugar en el que estaban alojados y la imputación se basa en gran parte en la declaración de cada uno de ellos", afirmó.
Por qué abandono de personas
El fiscal explicó que la figura penal escogida responde al deber de cuidado que, según la investigación, había asumido la imputada respecto de los residentes.
"Es un delito que implica que una persona, habiendo asumido la guarda y el cuidado de otra, la abandona a su suerte, provocando un peligro para su salud", señaló.
Asimismo, indicó que la Fiscalía cuenta con evidencia suficiente para sostener, en esta etapa del proceso, que la mujer era la titular del establecimiento, pese a que ella lo negó.
"No hay un contrato ni una prueba determinante por la informalidad con la que desarrollaba la actividad, pero tenemos un conjunto de evidencias que nos permite sostener que era la titular y que había asumido esa responsabilidad", explicó.
Entre los elementos valorados para formular la imputación mencionó la alimentación deficiente, la falta de abrigo, las precarias condiciones de higiene y el insuficiente cuidado sanitario.
"No hay una forma de comprobar científicamente cuánto hace que una persona no ingiere alimentos, pero nos hemos basado principalmente en la declaración de las propias víctimas, a quienes les creemos", sostuvo.
Delitos que siguen bajo análisis
Cecchini aclaró que otras conductas denunciadas continúan siendo investigadas, aunque todavía no reúnen el grado de evidencia necesario para formular una imputación.
Ese es el caso de la presunta retención de documentación personal y tarjetas bancarias utilizadas para percibir las jubilaciones de algunos residentes.
"Con respecto a ese punto todavía estamos huérfanos de evidencia para imputar un delito de defraudación", indicó.
Lo mismo ocurre con las denuncias sobre presuntos malos tratos físicos atribuidos al cuidador. El fiscal reconoció que los adultos mayores relataron episodios de violencia e incluso confirmó que mantuvo una reunión con ellos el jueves, pero señaló que los médicos que los examinaron tras el procedimiento no constataron lesiones que permitan atribuir ese delito.
Tampoco confirmó si existieron derivaciones de personas desde organismos públicos hacia el establecimiento ni cuál pudo haber sido la eventual participación de terceros. Sobre esos aspectos se limitó a señalar que "todavía forman parte de la investigación".
Finalmente, respecto de la situación procesal de María Laura M., adelantó que la Fiscalía definirá en los próximos días qué medida cautelar solicitará cuando el martes se reanude la audiencia. "Tenemos que evaluar cuál es la cautelar necesaria y suficiente para este proceso", concluyó.
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