Luego de cuatro meses de espera judicial, D. E. R. D. fue finalmente convocada por el fiscal Roberto Olcese para ratificar su denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, presentada en abril de este año.
Geriátrico del horror
El escalofriante relato de una hija que pudo salvar a su padre del centro clandestino de ancianos
Tras cuatro meses de espera, una mujer declaró ante la Fiscalía y reconstruyó cómo logró sacar a su padre de un geriátrico clandestino. Denunció la retención de documentos y dinero, la presunta sedación del adulto mayor y el rol de distintos organismos públicos en un entramado que ahora también podría ser investigado como un caso de trata de personas.
Su testimonio desentraña la operativa de M. L. M. G. —quien hoy permanece detenida tras haber estado prófuga de la justicia durante una semana— y expone la participación de organismos públicos en un sistema que abarcó desde la captación de adultos mayores en situación de vulnerabilidad hasta su retención e irreparable despojo económico.
Por reunir de manera integral la secuencia de captación, traslado, acogimiento, recepción, abuso de una situación de indefensión y explotación económica, el cuadro denunciado configuraría el requisito del tipo penal de Trata de Personas, regulado por la Ley 26.364 y su modificatoria Ley 26.842.
“En el hospital hablaba bien; en el hogar lo vi dopado”
El derrotero en la ciudad de Santa Fe comenzó cuando E. A. R., un paciente con enfermedad de Parkinson, requirió alojamiento tras una internación. Para recibirlo, la administradora M. L. M. G. fijó como condición indispensable la entrega del DNI, la tarjeta de cobro de su pensión por invalidez y la clave PIN bancaria.
La dinámica devino rápidamente en abuso: en abril de 2026, tras percibir los haberes, la mujer retiró la totalidad de los fondos de la cuenta y se negó sistemáticamente a restituir el dinero y la documentación a la familia. A la par del despojo financiero, la salud del adulto mayor se desmoronó de forma alarmante; su hija constató que, mientras en el hospital mantenía lucidez y diálogo, en el establecimiento se encontraba incoherente y sedado.
Para justificar el cuadro, la administradora alegaba presuntas conductas violentas y, según reveló un empleado, confeccionaba recetas falsas con el sello del Dr. J. R. M. —médico que jamás asistía al predio— para simuladamente justificar cobros por fármacos que en verdad obtenía de forma gratuita.
“Me dijo que me iba a denunciar a mí por abandono de persona”
La declaración judicial describe una engranada red institucional que garantizó el funcionamiento del lugar. La denunciante detalló que P. M., asistente social del municipio, no solo conocía el establecimiento clandestino sino que derivaba habitualmente personas hacia allí.
Sin embargo, cuando la familia intentó retirar a E. A. R. y exigir la devolución de los documentos, la funcionaria amenazó a la joven con denunciarla por “abandono de persona”, bloqueando la vía de salida del residente.
En esa misma línea, al acudir a la Oficina de Adultos Mayores de la Provincia en busca de auxilio, los funcionarios manifestaron que no podían intervenir por tratarse de un inmueble privado.
“En la comisaría pretendían que firmáramos un papel para darnos el DNI”
La maniobra de retención involucró incluso a las fuerzas de seguridad. Una empleada del hogar, M. P., trasladó a la familia a la Comisaría 5ta pretendiendo condicionar la devolución del DNI a la firma de un escrito de eximición de responsabilidad.
Durante el episodio, la empleada se comunicaba telefónicamente con M. L. M. G. haciendo referencia a un supuesto agente de la seccional, identificado como “L.”, que facilitaba la gestión, hasta que una oficial presente advirtió la irregularidad e indicó que debían dirigirse al Centro Territorial de Denuncia.
El testimonio volcado ante la fiscalía demuestra que la víctima no estuvo frente a un hecho aislado, sino atrapada en un circuito de articulación pseudo estatal y privada que sustentó la captación y explotación de adultos mayores, proporcionando un sólido sustento probatorio para que la causa sea asumida por el fuero federal.
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