Cuatro meses después de haber advertido ante la Justicia de la provincia de Santa Fe sobre las condiciones en las que funcionaba el geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe, D.E.R.D. ratificó formalmente las denuncias penales que había presentado en abril y mayo de este año mediante un escrito presentado al fiscal Manuel Cecchini.
Geriátrico del horror
Ratifican tres denuncias previas al incendio y piden que la prueba se incorpore a la investigación
La presentación fue realizada pocas horas después de que M.L.M.G. se entregara ante la Justicia de la provincia de Santa Fe. La denunciante sostiene que decidió ratificar las actuaciones y solicitar una ampliación por el temor de que las pruebas aportadas cuatro meses antes del incidente no sean debidamente valoradas.
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La presentación no incorpora hechos nuevos sobre el funcionamiento del establecimiento, sino que vuelve a poner en primer plano las pruebas que la denunciante afirma haber entregado mucho antes del incendio que terminó exponiendo públicamente el caso. Según sostiene, ese material ya describía un escenario de abandono sistemático de personas mayores y un presunto aprovechamiento económico de residentes en situación de extrema vulnerabilidad.
En ese contexto, manifiesta su preocupación porque esa evidencia sea considerada al momento de resolver la situación procesal de M.L.M.G.. A criterio de la denunciante, de corroborarse los hechos oportunamente denunciados, la investigación podría comprender figuras penales que exceden una eventual defraudación patrimonial, entre ellas abandono de persona, administración fraudulenta, circunvención de incapaces, privación ilegítima de la libertad, ejercicio ilegal del arte de curar e, incluso, delitos de eventual competencia federal si surgieran elementos que permitieran analizar la existencia de un mecanismo organizado de captación y aprovechamiento económico de adultos mayores.
La denuncia existía antes del incendio
En su presentación, D.E.R.D. recuerda que las primeras denuncias fueron formuladas los días 22 de abril y 15 de mayo de 2026, a las que luego se sumó una ampliación tras detectar nuevos movimientos en la cuenta bancaria de su padre, un paciente con enfermedad de Parkinson alojado en el establecimiento.
Según el escrito, aquellas presentaciones no se limitaban a denunciar presuntas extracciones de dinero. También describían un establecimiento que, de acuerdo con la denunciante, funcionaba clandestinamente y donde los residentes padecían falta de alimentación, ausencia de atención médica, escasez de medicamentos, condiciones deficientes de higiene y un sistema mediante el cual se administraban la documentación personal, las tarjetas bancarias y los haberes previsionales de varios adultos mayores.
La prueba incorporada
La denunciante afirma haber acompañado oportunamente fotografías, conversaciones de WhatsApp, documentación bancaria y una carta manuscrita de uno de los residentes, quien solicitaba ser retirado del lugar por la falta de asistencia médica y denunciaba presuntos malos tratos.
También recuerda que puso en conocimiento de la Fiscalía que la entrega del DNI, la tarjeta bancaria y la clave personal de su padre le fueron requeridas como condición para admitirlo en el establecimiento, circunstancia que calificó desde el inicio como irregular.
Según sostiene, toda esa documentación ya obraba en poder de las autoridades varios meses antes del incendio.
Preocupación por el avance de la investigación
Uno de los aspectos centrales del escrito radica en que la denunciante asegura que nunca fue convocada a ampliar personalmente sus denuncias ni a ratificar la prueba aportada, pese a la gravedad de los hechos denunciados.
Ese planteo adquiere especial relevancia, explica, luego de la entrega de M.L.M.G. ante la Justicia. En ese contexto, manifiesta su temor de que, al momento de resolver la situación procesal de la acusada, no se valore en toda su dimensión el conjunto de antecedentes incorporados desde abril.
La presentación sostiene que los hechos denunciados describían un modo permanente de funcionamiento y no episodios aislados, por lo que solicita que la investigación abarque no solo los movimientos patrimoniales denunciados sino también las condiciones de alojamiento, alimentación, atención sanitaria, eventuales restricciones a la libertad y cualquier otro delito que pudiera surgir de la investigación.
Las advertencias previas al Estado
Otro de los ejes del escrito apunta a las actuaciones realizadas antes del incendio.
La denunciante señala que existían presentaciones administrativas desde marzo, dos denuncias penales, una ampliación posterior y abundante documentación que advertía sobre la situación del establecimiento, sin que ello hubiera impedido que continuara funcionando hasta el siniestro.
Por ese motivo solicita que también sean convocados a declarar extrabajadores, familiares y otros residentes cuyos testimonios, afirma, resultan coincidentes respecto de las condiciones de funcionamiento del hogar.
Reserva de acudir a la Justicia Federal
Finalmente, la presentación deja expresamente formulada la reserva de promover actuaciones ante la Justicia Federal si del avance de la investigación surgieran hechos que pudieran constituir delitos de competencia federal, entre ellos aquellos vinculados con un eventual aprovechamiento económico de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Asimismo, plantea la necesidad de que la investigación preserve su objetividad si debiera analizar también la eventual actuación, inacción u omisión de organismos del propio Estado.
Dejó reservada la posibilidad de acudir también al Ministerio Público Fiscal de la Nación y a otros organismos nacionales o internacionales, en caso de considerar que los hechos exceden la competencia provincial o requieren una investigación independiente.
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