Figuran entre los expedientes recientemente ingresados en el Concejo de la ciudad de Santa Fe al menos tres proyectos de resolución, todos relacionados con el caso que viene conmocionando a la ciudadanía de esta capital: el hogar de ancianos clandestino detectado en J. Gollán al 10.100, barrio Nuevo Horizonte: el “Geriátrico del horror”.
"Geriátrico del horror"
Desde el Concejo, piden al municipio que detalle la situación de los asilos de ancianos en Santa Fe
Se presentaron al menos tres proyectos en los últimos días. Se solicitó al Ejecutivo información certera sobre todos los asilos habilitados, los controles y fiscalizaciones ejecutadas.
En ese lugar se encontraban reducidos adultos mayores en situación de abandono, los cuales eran sedados para mantenerlos tranquilos, informó El Litoral. La alimentación era escasa, faltaban controles médicos, y se realizaban presuntas maniobras con la documentación y recursos económicos. Todo está siendo investigado por la Justicia.
Ahora, desde el Legislativo local, dos ediles de un sector de la oposición, Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández (Bloque PJ), pusieron la lupa sobre el estado actual de las residencias para personas mayores en Santa Fe capital. Presentaron sendos proyectos solicitando informes al municipio capitalino que informe sobre varios aspectos que tocan estos lugares.
Habilitaciones y controles
En primer lugar, se requirió saber qué tipo de acciones lleva adelante el Ejecutivo municipal para detectar irregularidades, el funcionamiento ilegal y las eventuales situaciones de maltrato o negligencia hacia las personas alojadas en estos establecimientos.
También, los legisladores locales piden saber cuántos geriátricos se encuentran registrados como contribuyentes del Derecho Registro e Inspección (Drei), y con qué tasa tributan; y fundamentalmente cuántas de estas instituciones, tanto de estadía completa o parcial, cuentan con habilitación municipal vigente para funcionar.
Con relación al trámite de habilitación, pidieron que se informe “de qué manera se realiza su seguimiento hasta su resolución, y qué mecanismos utiliza el municipio para evitar el inicio o continuidad de actividades sin la correspondiente habilitación”.
Observatorio
Por otro lado, se pidió al gobierno local que envíe al Concejo el último informe elaborado por el Observatorio de Geriátricos, donde debe indicarse la periodicidad con la que se elabora, la cantidad de establecimientos relevados, las inspecciones realizadas, las irregularidades detectadas, las recomendaciones formuladas, etcétera.
Otro de los aspectos requeridos es si el municipio “cuenta con un protocolo específico de actuación frente a denuncias relacionadas con establecimientos destinados al cuidado de personas mayores y, de ser así, que se indique el procedimiento previsto para cada etapa de actuación”, dice la resolución en ciernes.
“No interferir en la Justicia”
El proyecto “no procura interferir en la investigación penal ni anticipar responsabilidades cuya determinación corresponde exclusivamente a la Justicia”, se aclara en la iniciativa.
La finalidad es “conocer si los mecanismos administrativos de habilitación e inspección funcionaron de manera adecuada y si el Estado Municipal, dentro de sus competencias, adoptó las medidas necesarias para detectar y abordar oportunamente situaciones de riesgo que involucraran a personas mayores”, dicen los ediles.
Estos antecedentes (como el del asilo clandestino de Nuevo Horizonte) “ponen de manifiesto la necesidad de que el municipio revise y fortalezca sus mecanismos de habilitación y control sobre los establecimientos que alojan a personas mayores, un sector de la población de alta vulnerabilidad”, aducen luego Mudallel y Fernández.
Además, el municipio “constituye el primer nivel de intervención respecto de los establecimientos que desarrollan actividades dentro del ejido urbano, siendo responsable de los procedimientos de habilitación, inspección y fiscalización que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para funcionar”.
Tales competencias “no sólo tienen por finalidad autorizar una actividad, sino también ejercer un control permanente que permita detectar irregularidades y actuar de manera oportuna cuando puedan verse comprometidos derechos fundamentales de las personas mayores”, añadieron.
En la web y redes sociales
Otro proyecto de los mismos autores solicita al Ejecutivo que, a través de la secretaría de Políticas Sociales, incorpore en la web oficial y en las redes sociales del municipio, “de forma clara, accesible y permanente”, toda la información sobre las instituciones habilitadas -sean públicas, privadas o comunitarias-, que integran la Oferta de Cuidados.
Los datos que deberán incluirse en dicho listado informativo son el nombre de la institución; CUIT; Código de Habilitación Municipal; dirección y modo de contacto; tipo de gestión y de servicio que brinda (cuidado de infancias, de personas mayores, o de personas con algún tipo de discapacidad).
Monitoreos y cartelería
En otra iniciativa se requirió al Ejecutivo que puntualice cuáles son los aspectos que se monitorean dentro de cada asilo de ancianos, tales como “el estado edilicio, infraestructura, equipamiento, áreas necesarias para mejorar la calidad de alojamiento (recreación, espacios verdes, bibliotecas, rehabilitación)”.
También, el listado de los profesionales que desempeñan labores en cada institución y su correspondiente matrícula; la atención médica (diagnósticos, tratamientos, nutrición) y cuál es el rol de la Dirección Municipal de Adultos Mayores en estos monitoreos.
Por último, los ediles solicitaron al Ejecutivo que asegure que los establecimientos para la atención y cuidado de personas mayores que cuenten con la habilitación para su funcionamiento “exhiban cartelería identificatoria con nominación, acorde a la actividad que desarrollan, en un lugar visible del inmueble”, concluyen.
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