Investigan la difusión de imágenes falsas de desnudos de alumnas de una escuela de San Justo

La difusión de imágenes de adolescentes desnudas, creadas mediante inteligencia artificial a partir de fotografías reales de las víctimas, generó una situación de extrema angustia en una escuela secundaria de San Justo.

Según denunció el abogado Martín Durando, que patrocina a una de las familias afectadas, serían entre seis y siete las chicas alcanzadas por la maniobra y algunas de ellas incluso dejaron de concurrir al establecimiento.

La investigación quedó en manos del fiscal Francisco Cecchini, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa). De acuerdo con lo señalado por Durando, las fotografías originales habrían sido obtenidas de redes sociales como Instagram y Facebook, para luego ser intervenidas con inteligencia artificial y difundidas, al menos en parte, a través de WhatsApp.

“Eso es lo que provoca un daño inconmensurable”, sostuvo el abogado a CyD Litoral al describir las consecuencias que la situación tuvo sobre las adolescentes y sus familias. Y agregó: “Algunas no querían ir a la escuela, toda una situación muy angustiante provocado por la viralización”.

Una investigación en curso

El abogado señaló que el presunto autor sería un adolescente que concurre al mismo establecimiento y que conoce a las víctimas. Incluso mencionó que alguno de los involucrados habría sido reconocido y habría pedido disculpas, aunque remarcó que esos extremos “son materia de investigación”.

Durando también advirtió que podría haber más de una persona involucrada en la creación y difusión de las imágenes. “Aparentemente habría más de un autor. Estamos hablando de menores de edad”, expresó.

Las víctimas tienen entre 15 y 16 años. El profesional explicó que uno de los principales desafíos de la causa está dado por el encuadre jurídico de una conducta que utiliza una tecnología relativamente nueva y cuya regulación penal todavía presenta dificultades.

“Buscarle el marco es la tarea más complicada justamente por el avance de estas situaciones, de este tipo de hechos y el estancamiento de la legislación”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que, más allá de la eventual responsabilidad que pueda determinarse, el caso podría tener consecuencias en otros ámbitos.

Mencionó la posibilidad de que las conductas queden alcanzadas por disposiciones contravencionales y señaló además la eventual existencia de responsabilidad civil, que podría involucrar a los progenitores de un menor de edad en función de la responsabilidad parental.

La cuestión de la edad

Durando diferenció dos cuestiones que deberán determinarse durante la investigación: por un lado, si la conducta puede ser encuadrada en un delito previsto por la legislación penal y, por otro, si quienes resulten responsables son penalmente punibles.

“Para que una conducta sea punible tiene que estar exactamente subsumida en un tipo que contempla la ley”, explicó.

El abogado también hizo referencia a la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, que comenzó a regir el 5 de septiembre. Sin embargo, aclaró que los hechos investigados ocurrieron con anterioridad, por lo que no puede aplicarse retroactivamente una ley penal más gravosa.

“Estos hechos son anteriores. La dificultad también es que la ley no es retroactiva, no puede aplicarse retroactivamente porque es una garantía que asiste a todas las personas”, señaló.

Por eso, la investigación deberá avanzar sobre la identificación de quienes participaron, la forma en que fueron creadas y difundidas las imágenes, la extensión de la circulación y las consecuencias provocadas en las víctimas. La eventual responsabilidad también dependerá de la edad de los involucrados y del marco legal aplicable al momento de los hechos.

El impacto en las adolescentes

Más allá de la discusión jurídica, el abogado puso el foco en las consecuencias concretas que tuvo la viralización. Según relató, algunas de las adolescentes comenzaron a recuperar paulatinamente sus actividades habituales, pero otras todavía atraviesan una situación de profunda angustia.

“Algunas están recuperando la vida normal, pero otras me mencionaban que estaban muy acongojadas, muy angustiadas; unas incluso no quisieron retomar la actividad escolar”, contó.

Durando valoró además la respuesta inicial del Ministerio Público de la Acusación ante la presentación de las familias. “La respuesta del Ministerio Público de la Acusación fue muy buena porque enseguida recepcionó a los familiares, acompañándolos a través mío y abordados también por una psicóloga”, afirmó.

Mientras continúa la investigación, uno de los principales objetivos será establecer quiénes participaron de la generación y posterior circulación de las imágenes y determinar el alcance que tuvo su difusión entre otros estudiantes y usuarios de redes y servicios de mensajería.