De Chaco a Arroyo Leyes: comenzó el juicio por trata laboral en un campo de frutillas

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe comenzó este miércoles el juicio oral y público contra un productor agropecuario local acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado. El debate se inició a las 9.30 y se estima que demandará entre dos y tres meses, con unas 20 audiencias previstas.

El tribunal está integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, presidente; Ricardo Moisés Vázquez y José María Escobar Cello, con Emilio Rosatti como magistrado suplente. En el banquillo se encuentra Franco Augusto Poccia, quien enfrenta la acusación junto a su abogado defensor, Claudio Torres del Sel.

Por el Ministerio Público Fiscal intervienen los fiscales Milagros Traverso y Roberto Salum, de la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe. También participa como querellante el abogado Gustavo Adolfo Vargas, en representación de tres de los trabajadores que denunciaron los hechos.

La primera jornada estuvo destinada a los alegatos de apertura y al repaso de las convenciones probatorias. Las primeras declaraciones testimoniales comenzarán la semana próxima.

Temporada bajo investigación

En su exposición inicial, la fiscal Traverso reconstruyó el origen de la investigación y ubicó los hechos entre el 15 de abril y el 1 de octubre de 2025, período durante el cual, según la acusación, al menos 20 personas trabajaron para Poccia en un predio de Arroyo Leyes, a la altura del kilómetro 17,5 de la ruta provincial Nº 1 y calle Nº 110.

La hipótesis fiscal sostiene que el productor habría intervenido en las distintas etapas de captación, traslado y acogida de los trabajadores. La mayoría provenía de localidades chaqueñas como San Bernardo, Villa Ángela y Coronel Du Graty, situadas a unos 600 kilómetros de sus hogares.

Para la Fiscalía, esa distancia y las condiciones económicas de los trabajadores constituían un elemento central de vulnerabilidad. Los pasajes eran abonados por Poccia y los contactos se realizaban a través de capataces provenientes de la misma zona.

La propuesta laboral, según Traverso, resultaba atractiva para trabajadores temporarios que viajaban a Santa Fe durante la temporada de cosecha, pero las condiciones que encontraban al llegar no se correspondían con lo prometido.

El Ministerio Público sostiene que los trabajadores cumplían jornadas de 12 horas o más y que permanecían en condiciones habitacionales incompatibles con la dignidad humana.

Durante el alegato se exhibieron fotografías de los lugares donde dormían, en los que buena parte del mobiliario estaba conformado por cajones utilizados para la recolección de frutillas. Tampoco contaban con agua potable, sino con agua de pozo.

La fiscal también marcó la diferencia entre esas construcciones, a las que se refirió como “taperas”, y los galpones y oficinas que funcionaban en el establecimiento.

El allanamiento

La investigación derivó en un allanamiento realizado el 1 de octubre de 2025. Ese día fueron encontradas 42 personas en el predio, aunque la Fiscalía identificó finalmente a 20 como víctimas de los hechos investigados.

Traverso explicó que no todas las personas encontradas se encontraban en la misma situación: un grupo trabajaba para otro empleador, otro desarrollaba tareas en el galpón de empaque y otro no dormía en el establecimiento.

Del operativo participaron integrantes de Gendarmería y otras fuerzas policiales, junto con personal de Uatre, Renatre y del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La investigación se inició a partir de las denuncias de tres trabajadores informales, luego de una discusión con uno de los capataces, ocurrida antes de que se les pagaran los pasajes para regresar a sus lugares de origen.

Para la Fiscalía, la explotación se estructuró alrededor de tres elementos: las extensas jornadas laborales, la remuneración y un sistema de endeudamiento que terminaba afectando los ingresos de los trabajadores.

Según la acusación, del salario se descontaban los pasajes, las linternas utilizadas para realizar tareas durante la noche y hasta productos de almacén adquiridos en un comercio que funcionaba dentro del propio predio.

A eso se sumaba, según el Ministerio Público, la falta de registración laboral, seguro y obra social. Traverso describió además un contexto de violencia caracterizado por gritos e insultos de los capataces.

“Toda la actividad era al margen de los controles estatales”, sostuvo la fiscal durante su alegato.

Acusación y pedido de pena

La Fiscalía adelantó que solicitará una pena de ocho años de prisión para Franco Poccia por el delito de trata de personas con fines de servidumbre agravado.

Además, pidió el decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok, aproximadamente diez millones de pesos y 4.200 dólares. También planteó una reparación económica para las víctimas y el Estado estimada en 210 millones de pesos.

El querellante Vargas adhirió a la acusación fiscal y planteó que se trata de un caso de captación mediante una promesa laboral que finalmente no se cumplió.

El abogado chaqueño puso el eje en una cuestión que atravesará buena parte del debate: la diferencia entre una relación laboral informal y una relación laboral que, por sus características, puede constituir explotación. En línea con la Fiscalía, solicitó el decomiso de los bienes mencionados y agregó el pedido de decomiso del lugar físico donde habrían ocurrido los hechos.

Niegan la explotación

Torres del Sel rechazó de plano la acusación y anticipó que solicitará la absolución de su defendido.

“Negamos que los hechos se configuren en el presente caso”, sostuvo el abogado, quien calificó la causa como un proceso que tiene “ribetes que realmente me asustan”.

La defensa cuestionó particularmente la existencia de una situación de captación. Según su planteo, no era Poccia quien buscaba trabajadores mediante una maniobra engañosa, sino que eran los propios trabajadores golondrina quienes se ofrecían para realizar las tareas de temporada.

El abogado reconoció que existía precariedad en los lugares donde dormían, pero sostuvo que los trabajadores podían optar por alquilar en las inmediaciones y que nadie fue retenido ni privado de su documentación.

También se refirió a las deudas que, según la acusación, formaban parte del mecanismo de explotación. Afirmó que algunos trabajadores se endeudaban en comercios de la zona porque no concurrían a trabajar y permanecían tomando bebidas alcohólicas.

Admitió además que existió una discusión con uno de los encargados y que este, una mañana, pateó la puerta de una de las habitaciones para despertar a los trabajadores y exigirles que fueran a trabajar. Para la defensa, ese episodio no permite configurar el delito de trata.

Respecto de las personas que permanecían en el predio al momento del allanamiento, Torres del Sel señaló que ninguna manifestó querer retirarse y que continuaron trabajando. En cuanto a la falta de registración laboral, sostuvo que se trata de una cuestión administrativa y no de un delito penal.

Durante su exposición también cuestionó la credibilidad de los tres denunciantes y planteó interrogantes sobre una declaración realizada en Cámara Gesell, en la que una de las víctimas habría manifestado que le ofrecieron dinero y chapas para declarar. “Yo me pregunto si al resto de las víctimas también le han ofrecido dinero”, expresó.

Cómo continúa el debate

El juicio se reanudará el martes 18 de agosto con las declaraciones de los tres querellantes. Las entrevistas se realizarán con intervención de un psicólogo, desde una sala de los tribunales federales de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco.

Las audiencias continuarán el miércoles 19 y luego los días 26 y 28 de agosto, con la declaración de testigos propuestos por la Fiscalía.

El debate tiene previstas unas 20 jornadas y se estima que se extenderá durante los próximos dos o tres meses.