Juzgan a un narco barrial de Coronda que tenía un arma policial robada en Rosario y tres condenas federales
La fiscalía pidió 9 años de cárcel para el acusado, que ya cuenta con tres viejas condenas -en 2014 y 2018- por narcomenudeo ante la Justicia Federal. El día del allanamiento tenía una pistola 9 mm de uso oficial, convertida en automática.
la investigación estuvo a cargo de la PDI del departamento San Jerónimo. Foto: Archivo
El debate, a cargo del juez Leandro Lazzarini, comenzó este martes en los tribunales de Santa Fe y tuvo sentado en el banquillo de los acusados a Jorge Andrés “Coqui” Ibarra, quien cuenta con tres condenas cumplidas ante la Justicia Federal.
El juez Leandro Lazzarini dará a conocer el veredicto este viernes. Foto: el Litoral
Su defensa la lleva adelante el abogado particular Juan Bautista Fossa, para quien su pupilo es inocente y por el cual pidió la absolución este miércoles durante los alegatos de clausura.
Por contrapartida, el exfiscal de Coronda, Marcelo Nessier -quien actualmente se desempeña en el área de flagrancia del MPA en la ciudad de Santa Fe-, pidió al juez que condene a Ibarra a la pena de 9 años de prisión en carácter de autor de los delitos de “tenencia Ilegítima de armas de fuego de guerra, y comercialización de estupefacientes”.
Diez testigos
Un total de 10 personas fueron citadas para declarar como testigos -6 por la fiscalía y 4 por la defensa-, en torno al allanamiento realizado el 24 de junio de 2024, cuando quedó detenido Ibarra.
Esa mañana, a las 8.30, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento San Jerónimo, irrumpieron en una casa de calle López y Planes s/n, a metros de su intersección con España, de la ciudad de Coronda.
El fiscal Marcelo Nessier pidió 9 años de cárcel para el ex convicto. Foto: Archivo
Una vez adentro identificaron a 4 personas, dos hombres y dos mujeres, y secuestraron una pistola 9mm; 111 cartuchos de diferentes calibres; 4 balanzas y $ 476.000.
Y si bien se lo imputó por la tenencia del arma, una vez conocida la información contenida en el celular, la causa se amplió a la comercialización de drogas, la cual para la fiscalía se encuentra acreditada desde abril de 2024 hasta el día de su detención dos meses más tarde.
Aunque no se secuestró droga durante el allanamiento, las balanzas de precisión fueron un indicio claro, sumado a los datos surgidos de la pesquisa policial y el posterior análisis de su teléfono. Para el representante del MPA, Ibarra se dedicaba a la venta al menudeo, “particularmente cocaína”.
Testigo comprometido
La denuncia la realizó un ex jefe del Servicio Penitenciario, que fue quien llevó la voz de aquellos vecinos que no se animaban a acusar a Ibarra, pero que conocían el movimiento de la zona.
La defensa de Ibarra se encuentra a cargo del abogado Juan Bautista Fossa. Foto: Archivo
Surgió en el juicio que Ibarra, junto a su pareja llamada Jésica DB se instalaron en la vivienda de López y Planes casi España, donde ponían música a toda hora y a todo volumen y era el punto de reunión de numerosas personas. Además, aportaron que a la madrugada solían oírse detonaciones de arma de fuego.
Se abrió una investigación que derivó en un pedido fiscal de allanamiento, el cual fue dispuesto por la jueza Cecilia Labanca a mediados de 2024. En el procedimiento, efectivos de la PDI del departamento San Jerónimo hallaron el arma de fuego debajo del colchón de la cama de Ibarra.
Robada y modificada
Uno de los datos llamativos del caso fue que por sistema Heidmall del MPA se pudo establecer que el arma secuestrada tenía pedido de secuestro en la ciudad de Rosario, donde una policía de apellido Corrales denunció el robo en diciembre de 2019.
En tal sentido, uno de los testigos, perito balístico de la División Científica de la PDI de Coronda, contó que la pistola secuestrada es una FM Hi-Power 9 mm con número de serie y que tenía dos cargadores extensibles con capacidad para 26 cartuchos, lo cual convertía el arma “semiautomática de simple acción” en una “automática”.
Consultado por las partes sobre la diferencia entre una y otra, el testigo explicó que la modificación del arma era para que “dispare de manera continua” logrando así “una mayor capacidad de disparos en menor tiempo”. Y sostuvo que de las balas analizadas (cartuchería), 4 tenían grabada la sigla PSF (Policía de Santa Fe) y otras dos eran de Fabricación Militar.
Buscaba soldaditos
En cuanto a la relación de Ibarra con el mundo de las drogas, no sólo lo respalda su pasado con tres condenas ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, sino que durante el juicio se expuso evidencia clave para confirmar el vínculo ilegal.
El jefe del Departamento de Científica Forense del departamento San Jerónimo que estuvo a cargo de la pericias informáticas, es decir, de la información obtenida del teléfono de Ibarra, contó qué fue lo que registró de las conversaciones por la red social Whatsapp.
De la información obtenida surge evidente que se trataba de operaciones de compra venta de estupefacientes: “Hablaban de 10 bolsitas o 15 bolsitas”; de “1 gramo, 1,5 gramos, etc” y se hacía referencia a lugares, horarios y cantidades a entregar.
Pero además, de las conversaciones surge que el imputado "visitaba a otros vendedores para que trabajen para él”, porque “había mucha gente vendiendo” en la zona, decía Ibarra.
También el testigo se refirió a las galerías de la aplicación, donde se alojaban fotos de armas, proyectiles y lo que parecía ser sustancias estupefacientes. Una foto con un tupper con proyectiles por los que se pedía $ 1.000 por cada uno y una 9mm de las que usa la policía con un cargador extensible, también forman parte de la carpeta judicial.
Tres condenas previas
En cuanto a los antecedentes penales de Ibarra, surge de su prontuario judicial que cuenta con tres sentencias condenatorias en los años 2014 y dos en 2018, la última de ellas vencida en febrero de 2022.
Hace más de una década, “Coqui” Ibarra fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a la pena de cuatro años de prisión mediante sentencia del 22 de diciembre de 2014, como autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Ibarra cuenta con tres condenas por drogas en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Foto: Archivo
El 17 de septiembre de 2018 recibió su segunda condena a seis años y ocho meses de prisión por el mismo delito, la cual se unificó en siete años de cárcel.
Y dos meses después -el 26 de noviembre de 2018- fue condenado por tercera vez -en este caso junto a su pareja- y quedó alojado en dependencias de la Cárcel de Coronda. En el último caso, fue a raíz del hallazgo de casi 100 gramos de cocaína que eran transportados en un remís.