El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reconoció fallas en los mecanismos de control de contratación del municipio luego de que se conociera que Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, trabajaba en el área de tránsito de la comuna. El jefe municipal asumió responsabilidades políticas y confirmó cambios dentro de su equipo de gestión.
Caso Agostina Vega
Córdoba: desplazaron a un concejal tras conocerse vínculos con Claudio Barrelier
La situación generó una fuerte conmoción en la administración local y abrió interrogantes sobre los sistemas de control aplicados a empleados públicos con antecedentes judiciales.
El reconocimiento de fallas
Tras la difusión del caso, Passerini admitió deficiencias en los filtros internos para la incorporación y permanencia del personal municipal. Según explicó, el caso derivó además en una serie de advertencias sobre otros trabajadores que podrían contar con condenas judiciales vigentes.
De acuerdo con lo informado por el propio intendente, la Municipalidad recibió más de 200 reportes vinculados a agentes de distintas áreas. Frente a este escenario, la administración inició un pedido de información para analizar cada situación de forma individual.
La reforma que impulsa el Ejecutivo
Como parte de las medidas anunciadas, el Ejecutivo municipal enviará al Concejo Deliberante un proyecto para modificar los controles laborales dentro de la administración pública local.
La propuesta establece que los empleados municipales deberán presentar certificados de antecedentes penales cada seis meses, en reemplazo del esquema actual, que exige esa documentación cada cuatro años.
Además, la iniciativa contempla la realización obligatoria de test de consumo de estupefacientes para toda la planta de trabajadores. Según se indicó, el enfoque previsto estará orientado a la asistencia médica y el acompañamiento terapéutico, sin un criterio sancionatorio.
La salida de un concejal
La investigación sobre el pasado de Barrelier también provocó consecuencias dentro del oficialismo cordobés. Según trascendió, el acusado habría ingresado al municipio con el respaldo del entonces concejal Ricardo Moreno, quien además lo representó legalmente en una causa por privación ilegítima de la libertad durante 2025.
En ese contexto, el intendente habría solicitado la renuncia de Moreno. Ante la negativa del dirigente, el oficialismo avanzó con una estrategia política para desplazarlo del Concejo Deliberante.
La salida se concretó con el regreso a su banca de Raúl La Cava, quien interrumpió la licencia que mantenía para desempeñarse en el gabinete municipal. Al retomar formalmente su cargo legislativo ante el viceintendente Javier Pretto, quedó sin efecto la suplencia que ocupaba Moreno, poniendo fin a su participación en el cuerpo deliberativo.
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