“Hay ocho personas abatidas”: por qué quedó preso el estafador de barrio Candioti

“Hay ocho personas abatidas en términos económicos más allá del hecho de usurpación”. Con esa expresión, el juez penal Martín Torres resumió una de las razones que lo llevaron a ordenar la prisión preventiva de Gabriel Eduardo Manuale, investigado por siete presuntas estafas relacionadas con el alquiler de una vivienda en Santa Fe.

La audiencia se realizó el miércoles 21 de octubre, después de una postergación ocasionada por la renuncia inicial del defensor. El fiscal Guillermo Persello había solicitado que el acusado continuara detenido, mientras que el abogado Martín Risso Patrón propuso medidas alternativas para que transitara el proceso en libertad.

Al resolver, Torres consideró que los hechos atribuidos por el MPA presentaban una mecánica común: ofrecer un inmueble, acordar condiciones de alquiler, recibir dinero y luego dejar de responder a quienes esperaban ocuparlo.

“Es una mecánica a esta altura incontrovertible”, afirmó el magistrado, quien identificó como elementos centrales la inducción al engaño y el perjuicio económico provocado a los denunciantes.

Una misma modalidad

La investigación reúne siete episodios en los que distintas personas habrían entregado dinero para alquilar una casa de calle Güemes al 4600, en barrio Candioti Norte. Los pagos se hicieron en efectivo o mediante transferencias, en algunos casos después de la firma de contratos entre particulares.

Para el juez, los hechos vinculados con las presuntas estafas no habían sido controvertidos de manera sustancial por la defensa. Señaló que el planteo defensivo ofrecía una explicación que no justificaba la conducta investigada y que existía un nexo entre los distintos episodios.

La discusión sobre la usurpación tuvo un tratamiento diferente. Risso Patrón sostuvo que Manuale tenía una relación previa con la vivienda y que cualquier disputa por la posesión debía tramitarse en el fuero Civil y Comercial.

Torres consideró que esa controversia debía resolverse por las vías correspondientes y recordó que, si se había concretado el desalojo en junio de 2025, el imputado ya no tenía motivos para permanecer en el inmueble. De todos modos, aclaró que la cuestión no era decisiva para resolver la cautelar, dado que la investigación incluía siete presuntas estafas.

Condena pendiente

Otro aspecto relevante fue la situación penal de Manuale. El hombre había sido condenado a 25 años de prisión por el homicidio de Mario Calderoni, cometido en octubre de 2006, y había obtenido la libertad condicional en 2023.

Durante la audiencia se señaló que todavía tenía una pena pendiente de cumplimiento y que una eventual nueva condena podía agravar su situación. La Fiscalía sostuvo que los hechos investigados habían ocurrido mientras el imputado gozaba de aquel beneficio.

Torres también ponderó el temor de las víctimas, que ahora conocían los antecedentes penales del acusado, y cuestionó que el domicilio fijado por Manuale correspondiera a una vivienda cuya posesión estaba en discusión.

La defensa ofreció como alternativas una prohibición de contacto con los denunciantes, la devolución del dinero en la medida de lo posible, la fijación de otro domicilio y la designación de un guardador. El fiscal rechazó esas propuestas. Finalmente, el magistrado dispuso convertir la detención en prisión preventiva.