“No tiene su plena capacidad mental”, afirmó el abogado Martín Risso Patrón al defender a Gabriel Eduardo Manuale, acusado de siete hechos de estafa y usurpación en la ciudad de Santa Fe.
Estrategia defensiva
"No tiene su plena capacidad mental": la defensa de Manuale habló de una "ópera burda"
Martín Risso Patrón cuestionó la prisión preventiva y sostuvo que su defendido podía afrontar el proceso en libertad. El fiscal Guillermo Persello describió una sucesión de contratos, adelantos y desapariciones, y advirtió que el acusado se aprovechó de la necesidad de vivienda de las víctimas.
El letrado cuestionó la decisión de mantenerlo detenido y calificó como una “ópera burda” la modalidad que le atribuye la Fiscalía, porque, según dijo, las maniobras se habrían realizado inicialmente en su propia casa y a nombre propio.
La discusión se dio el miércoles 21 de octubre, durante la audiencia en la que el juez Martín Torres ordenó la prisión preventiva del acusado. El Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Guillermo Persello, sostuvo que existían elementos suficientes para acreditar una mecánica reiterada de engaño y riesgos procesales que impedían concederle la libertad.
“No tiene para comer”
Risso Patrón puso el foco en la situación personal de su defendido y cuestionó que la prisión preventiva fuera necesaria. “Ha cometido hechos muy burdos y acreditables, pero puede transitar el proceso en libertad”, sostuvo, en referencia a las presuntas estafas.
El abogado agregó que Manuale “no tiene para comer, trabaja vendiendo alfajores” y consideró injusto que permaneciera detenido mientras, según su planteo, otras personas investigadas por estafas de mayor gravedad transitaban sus procesos en libertad.
También remarcó que ninguna de las víctimas había denunciado amenazas y propuso una serie de alternativas: prohibición de contacto y acercamiento con los damnificados, devolución del dinero en la medida de lo posible, fijación de un domicilio diferente al de la vivienda investigada y designación de un guardador.
En cuanto a la usurpación, el defensor sostuvo que la casa había pertenecido a la madre de Manuale. Según su versión, el acusado tenía llave y había ejercido actos de posesión sobre el inmueble. Por eso, cuestionó que se hablara de una ocupación clandestina y consideró que el conflicto debía resolverse en el fuero Civil.
La reconstrucción
Persello rechazó las alternativas propuestas por la defensa y describió una serie de hechos que, según la investigación, respondían a un mismo mecanismo.
La primera denuncia fue presentada por William C, quien había acordado alquilar la vivienda de calle Güemes al 4600 por $350.000 mensuales.
El 5 de enero de 2026 entregó $50.000 por gastos de contrato y tres días después transfirió otros $700.000, luego de firmar un contrato entre particulares. Cuando intentó avanzar con el alquiler, Manuale primero respondió con evasivas y finalmente dejó de atenderlo.
En otro episodio, Ilda Guadalupe R. entregó $600.000 en efectivo para señar la propiedad. Según su denuncia, recibió un pagaré por $400.000 y, poco después, el supuesto locador dejó de contestar sus mensajes.
Una tercera mujer, Karen R., llamó al 911 al advertir que había sido engañada. Relató que el hombre se había presentado con el nombre de Gabriel Ramón Ávila, aunque la Fiscalía lo identificó como Manuale. La denunciante había firmado un contrato y depositado $500.000, además de $4.500 por fotocopias.
Los restantes episodios incluyeron adelantos de $250.000 y pagos posteriores que nunca se tradujeron en la entrega de las llaves; transferencias por un total de $900.000; y el pago de $450.000 de alquiler más otros $50.000 por gastos, en un caso en el que una pareja completó el dinero entre mayo y junio. En julio, otra mujer entregó $350.000 como seña y abonó el costo de un duplicado de llave.
Para el fiscal, el conjunto de contratos, comprobantes bancarios y conversaciones de WhatsApp permitía sostener la imputación. “Se da el ardid que precisa la estafa”, afirmó, al señalar que varias personas habían caído en la misma maniobra en pocos meses.
Persello agregó que el acusado “jugó con los sentimientos de las personas” y con “la necesidad que representa una vivienda digna para una familia”. También sostuvo que Manuale había utilizado, además de su propia línea telefónica, otros dos números registrados a nombre de su madre.
La disputa por la vivienda
La Fiscalía incorporó, además, una imputación por usurpación. Según su reconstrucción, la vivienda había sido objeto de trámites de desalojo iniciados en 2007, que se concretaron el 29 de junio de 2025. Sin embargo, Manuale habría vuelto a ingresar después de retirarse.
El denunciante, un hombre de apellido Novello, afirmó que había comprado la propiedad a la madre del acusado, pero que nunca le habían entregado el inmueble. La defensa, en cambio, cuestionó que Novello hubiera ejercido la posesión y sostuvo que no estaban configurados los elementos del delito.
El fiscal también se refirió a los daños que sufrió la casa, cuyos vidrios aparecieron rotos en septiembre de este año. Aclaró que hasta el momento no se había establecido quién había provocado esos destrozos.
Finalmente, Persello sostuvo que los riesgos procesales estaban presentes, tanto por el temor de las víctimas como por la situación penal del imputado. Manuale había sido condenado a 25 años de prisión por el homicidio de Mario Calderoni, cometido en 2006, y se encontraba en libertad condicional desde 2023.
El juez Torres rechazó el pedido de la defensa y ordenó la prisión preventiva.
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