Sábado 21.3.2020
/Última actualización 14:34
La jueza Susana Luna dispuso este sábado que M.N.B, policía que mató a un delincuente en las calles de barrio Barranquitas, quede en libertad mientras dura el proceso en su contra. No obstante, la magistrada le impuso severas medidas alternativas a la prisión preventiva y le advirtió con dureza al imputado las consecuencias de romperlas.
El hecho investigado ocurrió la mañana del martes 17 de esta semana, cerca de las 8. Todo comenzó en inmediaciones del cruce de Pasaje Cingolani y calle Brasil. Allí, en la vereda, una mujer de 46 años que hacía compras fue asaltada por un ladrón.
La víctima fue golpeada y arrastrada por el malviviente, que finalmente logró arrebatarle un bolso que llevaba.
Los gritos desesperados de la mujer alertaron a los vecinos y a su propia familia, que vive a pocos metros del lugar.
Fue entonces que un hijo de ella salió en su defensa, forcejeó con el malviviente y lo puso en fuga. Se trataba de Benítez. Este suboficial, que no estaba prestando servicio en ese momento, forma parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Unida Regional I.
Durante la persecución, el policía efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en la espalda del delincuente que corrió unos metros y finalmente cayó agonizante en el cantero central de avenida Perón. La bala le terminó provocando la muerte poco después, cuando era asistido en el Hospital Cullen. Se llamaba Juan Ramón Altamirano y tenía 33 años.
El jueves pasado, los fiscales Exequiel Hernández y Andrés Marchi imputaron a Benítez por el delito de “homicidio calificado por el empleo de arma de fuego”. Este sábado, ambos solicitaron la prisión preventiva para el acusado, pero la jueza entendió que no era necesaria esta medida, aunque extremó las precauciones para que el policía no pueda interferir en la investigación.
Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación entienden que el policía actuó contra todos los protocolos y las normas y tuvo la intención de matar al delincuente que acababa de atacar a su madre. El imputado sostuvo en su declaración que el malviviente llevaba un cuchillo cuando lo enfrentó, pero el doctor Marchi aseguró que “ningún testigo” pudo ver esa arma y que sólo llevaba un escurridor de los que usan los “limpiavidrios” en los semáforos.
Los fiscales insinuaron que pudo haber algún tipo de encubrimiento de parte de colegas del acusado. Dijeron que la cuchilla había sido hallada por personal del GOE (compañeros de Benítez), a pesar de que ya se había dado la orden rigurosa de que no intervenga otra fuerza más que Asuntos Internos en el caso. Esto fue refutado por la defensa del imputado, que afirmó que el arma fue encontrada por una mujer de la Brigada Motorizada. Todo está bajo investigación.
Parece que tampoco hay dudas en cuanto a lo expresado por las partes de que Benítez dio la voz de alto y se identificó como policía antes de disparar. El propio Benítez, durante la audiencia, asintió con su cabeza (como en muchas otras oportunidades del debate).
Los fiscales sostienen que Benítez mintió cuando declaró inicialmente y dijo que le había disparado de frente a Altamirano. No obstante, un hermano del policía que llamó al 911 en el momento del hecho indicó que el herido tenía un balazo en la espalda.
Para el doctor Hernández, no estaban dadas las condiciones para que Benítez utilice el arma de fuego. “Ese es el último recurso y sólo cuando hubiera un peligro grave e inminente para la vida de alguna persona”, señaló.
Los funcionarios pidieron la prisión preventiva del policía, al explicar que el acusado podía entorpecer la investigación, al ser policía, vecino de muchos de los testigos y compañero de uniformados que actuaron esa mañana.
Para el abogado Mauricio Frois, representante del acusado, su cliente actuó en cumplimiento de su deber. “Era policía y estaba obligado a intervenir. Qué se esperaba de Benítez, que tacklee al delincuente, que le tire con boleadoras”, ironizó.
“Debía evitar que el malviviente logre la impunidad. Dio la voz de alto, disparó al aire. Nunca lo quiso matar. La bala impactó en la parte baja del cuerpo, no en la superior. Tampoco le tiró otra vez cuando ya estaba en el piso. Le pidió a los vecinos que llamen a la policía”, aseveró Frois, quien comparó el caso con el de Luis Chocobar en Buenos Aires.
El codefensor, Carlos Gustavo Sasso Tiscornia, habló de mantener un “principio mínimo de racionalidad”.
La jueza Luna finalmente entendió que no era necesaria la prisión preventiva para el imputado, pero le impuso una serie de rigurosas medidas alternativas a la prisión.
Benítez deberá presentarse una vez por semana en el edificio del MPA, designar a un guardador (sería su padre) y fijar domicilio en un lugar alejado de todo testigo y policía que intervenga en el caso. Tampoco podrá contactarse con ellos por ninguna vía de comunicación. No podrá abandonar la ciudad. Además, le fijó una caución de 500 mil pesos.
Antes de dar por concluida la audiencia, la magistrada advirtió en duros términos al imputado sobre las consecuencias que tendría cualquier posible violación de las medidas dispuestas por ella.
La doctora Luna respaldó lo actuado por la fiscalía al considerar que Benítez “no cumplió con su deber” y que no debió abrir fuego. Además, opinó que el policía sabía que al disparar podía provocar la muerte del delincuente que escapaba.