Una denuncia anónima presentada en julio ante el Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno provincial permitió detectar una presunta maniobra que habría funcionado durante al menos un mes en la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI, con participación de agentes policiales y una gestora de la zona.
Imputaron a una gestora
Tres policías detenidos por irregularidades en la planta de verificación automotor de Esperanza
Una pesquisa del MPA sostiene que durante agosto se confeccionaron de manera irregular formularios obligatorios para transferir vehículos. La causa comenzó con un planteo anónimo y ya suma cuatro personas investigadas.
El último avance de la causa se produjo este miércoles 9 de septiembre, cuando el juez Martín Torres dispuso la prisión preventiva por 30 días para Luis Rodrigo Ulerich, un subinspector de 35 años, oriundo de Esperanza. La audiencia se realizó pasado el mediodía en el subsuelo de los tribunales de Santa Fe.
El fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad de Delitos Complejos y Violencia Institucional del MPA, le atribuyó a Ulerich el delito de cohecho pasivo, en carácter de autor. Su defensa estuvo a cargo del abogado Juan Carlos Galetto.
La medida cautelar fue acordada entre la Fiscalía y la defensa, con el consentimiento del imputado, por un plazo de 30 días, mientras continúa el análisis de la documentación y de los elementos incorporados a la investigación.
Formularios sin inspección
Según la imputación, durante agosto Ulerich habría recibido dinero de una mujer identificada como EAL para confeccionar, sellar y firmar formularios de verificación automotor sin cumplir con el procedimiento administrativo establecido.
Se trata del Formulario 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), un instrumento público obligatorio para la transferencia de dominio o la inscripción de vehículos 0 kilómetro.
La hipótesis fiscal sostiene que los trámites se realizaban sin obtener previamente el turno, ni abonar la tasa y sin que los vehículos fueran llevados a la planta para su inspección. De esta manera, los verificadores no habrían constatado personalmente las unidades sobre las cuales luego se emitían los formularios.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, solamente en agosto se habrían confeccionado de esta manera formularios correspondientes a 48 automóviles y 16 motocicletas.
Los montos que habría recibido Ulerich rondaban los $50.000 por cada formulario de automóvil y $30.000 por cada motocicleta. La estimación fiscal ubica en $2.400.000 el dinero obtenido por las verificaciones de autos y en otros $480.000 el correspondiente a las motos. En total, la suma ascendería a unos $2.880.000.
Denuncia anónima
La investigación comenzó el 18 de julio, cuando llegó al Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno de Santa Fe una denuncia anónima que posteriormente fue ampliada durante agosto.
A partir de esa presentación fueron entrevistados distintos testigos vinculados con el rubro automotor y tomó intervención personal de la Unidad Especial de Asuntos Internos, delegación Centro Norte.
Entre las medidas realizadas durante la investigación se encuentra el secuestro de tres teléfonos celulares, uno de ellos pertenecía a Ulerich, otro a una gestora y el tercero a un civil, que habría actuado como intermediario.
Además, el pasado 2 de septiembre se realizó un allanamiento en la localidad de Sarmiento, de donde es oriunda la gestora investigada.
Dos policías y una gestora
La investigación también alcanzó a otros dos agentes que cumplían funciones en la planta verificadora. El fiscal Hernández ordenó su detención este martes por la tarde y ambos permanecen privados de su libertad.
Los dos policías serán llevados a audiencia imputativa la semana próxima. De acuerdo con la hipótesis que investiga la Fiscalía, habrían recibido dinero de una gestora a cambio de realizar trámites vinculados con las verificaciones.
La mujer, oriunda de Sarmiento, ya fue imputada por cohecho activo y permanece en libertad. De esta manera, son cuatro las personas que hasta el momento quedaron alcanzadas por la investigación: tres policías y la gestora.
La Fiscalía deberá ahora determinar el grado de intervención que tuvo cada uno de los involucrados y avanzar sobre la documentación y los dispositivos secuestrados para establecer el alcance de la presunta maniobra.
La posición de la defensa
Al finalizar la audiencia, el abogado Juan Carlos Galetto explicó que la situación procesal de su defendido había comenzado con una imputación más amplia.
“Si bien en primera instancia se lo pretendía imputar por tres delitos: defraudación, falsedad ideológica y cohecho; hoy se redujo a cohecho y se acordó la prisión preventiva con la conformidad de mi defendido”, señaló.
El abogado sostuvo además que la medida por 30 días permitirá a la Fiscalía profundizar el análisis de la prueba reunida.
“Sobre la investigación, vamos a ver cómo se desarrolla, porque justamente se acordó una preventiva por 30 días para que el fiscal pueda terminar de analizar la documentación que tiene”, explicó.
Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación y se espera que la próxima semana se conozca la imputación formal contra los otros dos policías detenidos.
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