Sobreseyeron a un empresario tras donar más de $7 millones en equipamiento tecnológico a la UNL

Un empresario santafesino de 62 años fue sobreseído por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe luego de cumplir con una reparación integral en una causa por presunto falseamiento de datos ante el Registro Nacional de Precursores Químicos.

Para dar por concluido el proceso, donó equipamiento tecnológico a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (FIQ-UNL), por un valor de $7.101.866.

La resolución fue dictada el 10 de noviembre por el juez Luciano Lauría, quien declaró extinguida la acción penal y dispuso el sobreseimiento del empresario, con el consentimiento del fiscal general de la Unidad Fiscal Santa Fe, Martín Suárez Faisal. También ordenó devolverle los $3 millones que había depositado como caución durante el trámite.

En su declaración indagatoria, el empresario se definió como fabricante de bolsas de papel y pastillas para encendido de fuego, productor agropecuario y comercializador de productos petroquímicos.

También explicó que cuenta con un laboratorio en el Parque Tecnológico de Santo Tomé, donde desarrolló trabajos para distintas firmas, y que allí lleva adelante actividades vinculadas con la fabricación y el desarrollo de productos. La actividad industrial en esa ciudad fue uno de los antecedentes que contextualizaron la documentación municipal cuestionada en la investigación.

La propuesta de reparación había sido presentada con la asistencia de su abogado defensor, Pedro Busico. Inicialmente, ofreció una donación de equipamiento informático por un valor aproximado de $6,5 millones, que fue aceptada por la Facultad de Ingeniería Química. Posteriormente, acreditó la compra de los insumos por una suma superior y la unidad académica informó que había recibido el material.

Certificado bajo sospecha

La investigación comenzó por una presentación realizada el 23 de junio de 2023, cuando el empresario solicitó mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) la renovación de su inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos.

El TAD es un registro obligatorio para quienes desarrollan actividades de producción, comercialización, importación o exportación de sustancias químicas que pueden utilizarse en la elaboración de estupefacientes.

Entre la documentación acompañada para completar el trámite figuraba un certificado de habilitación atribuido a la Municipalidad de Santo Tomé, fechado el 13 de abril de ese año. Sin embargo, al verificar su autenticidad, personal del organismo nacional advirtió inconsistencias y consultó al municipio.

La respuesta fue que el empresario estaba inscripto en el Registro de Comercio e Industria de Santo Tomé, pero tenía vencida su habilitación. Además, desde la Municipalidad informaron que la certificación presentada no había sido emitida por esa repartición y que el último documento entregado a la firma databa de abril de 2017.

Las verificaciones posteriores confirmaron que el certificado cuestionado carecía del sello de caja municipal, un requisito de validez de las constancias expedidas por el municipio. También se determinó que la solicitud de renovación había sido presentada digitalmente con la firma del titular de la empresa.

Investigación y planteo defensivo

El fiscal federal coadyuvante Gastón Theler impulsó la investigación y, una vez concluida la instrucción, requirió la elevación de la causa a juicio oral y público por el delito previsto en el artículo 44 bis de la ley 23.737, que contempla penas de uno a seis años de prisión para quien falsee u omita datos ante el Registro Nacional de Precursores Químicos.

Al prestar declaración indagatoria, el empresario sostuvo que se encontraba en España cuando se realizó el trámite y que las gestiones administrativas de sus empresas estaban a cargo de un apoderado general.

Sin embargo, la Fiscalía consideró que esa circunstancia no lo desvinculaba de la presentación, dado que los documentos incorporados al expediente contenían su firma digital y no existía una denuncia por una eventual utilización indebida de esos datos.

El planteo acusatorio también fue respaldado por la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, que el 13 de noviembre de 2025 confirmó el procesamiento del empresario.

Con posterioridad, ya en la etapa de juicio ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, la defensa propuso resolver el conflicto mediante una reparación integral. La Fiscalía prestó conformidad durante una audiencia celebrada el 7 de octubre y, una vez acreditada la entrega del equipamiento, el fiscal general Martín Suárez Faisal dictaminó que correspondía extinguir la acción penal.

Lauría consideró que la donación resultaba razonable y suficiente para reparar la afectación ocasionada, aun cuando no se hubiera identificado un perjuicio patrimonial concreto. En consecuencia, tuvo por cumplida la reparación, declaró extinguida la acción penal y dispuso el sobreseimiento.

La decisión puso fin al expediente sin que se celebrara el juicio oral y público al que había sido elevada la investigación.