"La víctima tenía rostro": por qué agravaron las penas a los dueños de la jauría de Recreo

La posibilidad de que sus perros mataran a alguien había dejado de ser una hipótesis abstracta. Para el camarista Oscar Burtnik, Iván Mercado Reyes y Norma Elena Vega conocían la agresividad de la jauría que tenían bajo su custodia, habían recibido advertencias concretas y sabían que un chico de 12 años estaba perdido en las inmediaciones de su propiedad.

Pese a ello, no tomaron medidas para contener a los animales. “La víctima tenía rostro”, fue la expresión utilizada por la fiscalía que el magistrado recuperó para explicar uno de los aspectos centrales de su decisión.

El caso se remonta al 3 de julio de 2019, cuando Diego Martín Román fue visto por última vez jugando al fútbol con amigos en una cancha del barrio Comunal III de Recreo.

Su padre radicó una denuncia por paradero en la Comisaría 16ª. Al día siguiente, cerca de las 22, encontraron el cuerpo del niño en un predio rural perteneciente a Reyes y Vega, a unos 100 metros de su vivienda y dentro del perímetro de la propiedad.

La autopsia determinó que había muerto por una hemorragia masiva, producto de las graves lesiones provocadas por animales.

La investigación atribuyó el ataque a una jauría de aproximadamente diez perros, entre ellos un rottweiler y varios ejemplares de raza boxer. Después de casi siete años de investigación y dilaciones procesales, el juicio oral y público comenzó el 27 de mayo de 2026 en la Sala 2 de los tribunales santafesinos.

El debate, presidido por el juez Pablo Busaniche, concluyó el 8 de junio con una condena por homicidio culposo: cuatro años de prisión efectiva para Reyes y tres años de ejecución condicional para Vega.

Recalificación y aumento de penas

La acusación había llegado al juicio con una pretensión más gravosa. Los fiscales de la Unidad Especial de Homicidios del MPA, Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, sostenían que los propietarios de los perros debían responder por homicidio con dolo eventual. En la misma línea se pronunciaron las querellantes María Lucrecia Fernández y Vanina Fruttero, representantes del padre de Diego, Julio César Román.

La madre del niño, María del Luján Cardozo, también había intervenido como querellante, aunque con una teoría diferente: a través de su abogado Dionisio Ayala Fernández sostenía que Diego había sido asesinado por terceros y no por los perros. Sin embargo estos últimos no fueron parte del debate oral.

Tras la condena de primera instancia, recurrieron los fiscales Marchi y Gioria, las abogadas Fernández y Fruttero y el defensor particular Néstor Darío Pereyra, quien representó a Reyes y Vega.

La audiencia ante Burtnik se realizó el 31 de julio. Mientras los acusadores reclamaron la recalificación y el aumento de las penas, la defensa cuestionó la suficiencia de las pruebas, pidió la absolución por aplicación del principio de la duda razonable y, subsidiariamente, mantener o reducir las condenas.

Tres ataques anteriores

Para fundamentar el cambio de calificación, Burtnik reconstruyó tres episodios anteriores a la muerte de Diego.

El primero fue el ataque sufrido por Germán Andrés O., el 29 de abril de 2019, que le provocó heridas desgarrantes y tres días de internación en terapia intensiva. Al día siguiente, otro de los perros mató al animal de Carlos V. En esa ocasión, Reyes recibió una advertencia expresa sobre el peligro que sus canes representaban “para una criatura”, pero respondió con una sonrisa burlona y evasiva.

En mayo, Antonela O. sufrió otro ataque: uno de los perros le arrancó un trozo de carne de la pierna, provocándole gangrena y secuelas permanentes. Burtnik destacó que Reyes, quien había auxiliado a la mujer, luego intentó desacreditarla ante la policía atribuyéndole falsamente un estado de ebriedad.

A esos antecedentes sumó un audio de WhatsApp enviado por su yerno a Reyes el 29 de abril de 2019. Allí se le indicaba que atara al rottweiler “Tronco” y mintiera ante las autoridades, atribuyendo los ataques a los perros de los vecinos. La autenticidad del mensaje fue corroborada por una hija de los condenados, quien reconoció la voz de su pareja.

Para el camarista, ese intercambio demostraba que ya existía una conducta orientada a eludir responsabilidades por la agresividad de los animales, en lugar de adoptar medidas para evitar nuevos ataques.

Conocimiento del peligro

El juez también valoró que en el predio había un cartel que advertía sobre la peligrosidad de los perros y que la Ordenanza Municipal 1952/2010 de Recreo imponía obligaciones específicas para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Ambos elementos reforzaban, a su criterio, la posición de garante que Reyes y Vega tenían respecto de terceros.

Pero el dato decisivo fue otro: los dos sabían que Diego estaba extraviado en las inmediaciones de su campo. No se trataba de un riesgo abstracto para personas indeterminadas. Conocían la presencia de un niño concreto y, aun así, mantuvieron a los animales en el exterior de la vivienda, sin medidas efectivas de contención.

Burtnik explicó que en la culpa con representación el autor confía, aunque sea sin fundamento suficiente, en que el resultado no ocurrirá. En el dolo eventual, en cambio, acepta la posibilidad de que suceda.

Para el magistrado, los ataques anteriores habían desmentido cualquier confianza razonable en la inocuidad de los perros. Reyes y Vega “incluyeron en sus cálculos” la posibilidad de un desenlace mortal y decidieron no modificar su conducta.

También rechazó los cuestionamientos de Pereyra sobre la autoría del ataque. Valoró la pericia que detectó vegetación dentro de las heridas vitales, al menos seis patrones de mordeduras diferentes y los aportes de especialistas veterinarios y de adiestramiento canino. Reconoció, no obstante, una limitación en el cotejo de pelos, que permitió establecer similitudes, pero no una identificación genética concluyente.

Ocho años y medio de prisión

Burtnik consideró que ambos integrantes del matrimonio ejercían conjuntamente la custodia de la jauría, compartían el conocimiento de los antecedentes y omitieron asegurar a los animales. Por eso les atribuyó coautoría.

Para determinar las penas aplicó la escala de 8 a 25 años prevista para el homicidio simple. Como atenuantes, contempló las condiciones de vida en una zona rural, con grandes predios despoblados donde es habitual tener numerosos animales y las medidas de contención pueden resultar más difíciles. También ponderó especialmente respecto de Reyes sus limitados recursos educativos.

Finalmente, hizo lugar a las apelaciones de Marchi, Gioria, Fernández y Fruttero, rechazó la de Pereyra y revocó la calificación de homicidio culposo. Reyes recibió ocho años y seis meses de prisión efectiva y Vega ocho años, ambos con inhabilitación especial para tener animales caninos a su cargo por el doble del tiempo de las condenas.

La Cámara modificó así la respuesta penal por la muerte de Diego: para Burtnik, no fue solamente una omisión negligente en el cuidado de los perros, sino una conducta sostenida pese al conocimiento de un peligro concreto y de la existencia de un niño expuesto a él.