El Ministerio Público de la Acusación (MPA) apeló la decisión del juez José Alberto Boaglio de remitir a los Tribunales de Familia el legajo penal del adolescente que el 30 de marzo protagonizó el ataque armado en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, donde murió Ian Cabrera y otros estudiantes resultaron heridos.
Justicia santafesina
Tras el sobreseimiento, el MPA apeló el pase a Familia de la causa por el tiroteo escolar
La Fiscalía cuestiona que el control de las medidas de protección y las diligencias pendientes queden fuera del fuero penal. El sobreseimiento del adolescente, que tenía 15 años al momento del hecho, no fue impugnado.
El recurso cuestiona el ámbito judicial que deberá controlar las medidas de protección y las diligencias pendientes, pero no el sobreseimiento dictado el 5 de octubre.
La impugnación fue presentada el jueves 8 de octubre ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Segunda Instancia de Rafaela, que deberá fijar la fecha de la audiencia. Por lo tanto, la resolución de primera instancia no se encuentra firme en lo relativo a la remisión del expediente al fuero de Familia.
El juez dispuso el sobreseimiento porque el joven tenía 15 años al momento de los hechos y, conforme a la legislación vigente en marzo de este año, no era punible. También consideró cumplido ampliamente el plazo de tres meses previsto por el artículo 54 del Código Procesal Penal Juvenil, contado desde la audiencia imputativa del 3 de abril.
Discusión sobre la competencia
Desde el MPA sostienen que el fuero penal debe conservar la intervención para controlar las diligencias que todavía restan realizar y las medidas que cumple el adolescente, en atención a la gravedad de los delitos atribuidos.
La Fiscalía entiende que el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe contempla un procedimiento específico para los menores de edad no punibles que debía haber sido considerado antes de remitir el legajo a los Tribunales de Familia.
En su resolución, Boaglio había establecido que, una vez dictado el sobreseimiento, cesaba su competencia para revisar, modificar o dejar sin efecto las medidas de protección. Por eso dispuso que continuaran bajo la órbita de los organismos administrativos previstos en la Ley provincial 12.967, con el correspondiente control de legalidad del juzgado de Familia competente.
El magistrado ordenó expresamente mantener las medidas vigentes. Entre ellas se encuentra el régimen de protección que había sido prorrogado en julio por otros 90 días, con alojamiento del adolescente en un instituto de la ciudad de Santa Fe y acompañamiento psicológico.
El alcance del sobreseimiento
En los fundamentos de su decisión, Boaglio sostuvo que la edad del adolescente impedía continuar la persecución penal, pese a la oposición de la Fiscalía, que había señalado la falta de un informe suficiente para evaluar el riesgo que pudiera representar para sí mismo o para terceros.
El sobreseimiento comprende los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por la muerte de Ian Cabrera, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, por las lesiones ocasionadas a otros dos estudiantes, según la imputación formal.
En el comunicado difundido tras la presentación del recurso, el MPA sostuvo que Boaglio dio por acreditados los hechos atribuidos por la Fiscalía, así como la participación del adolescente y los daños y padecimientos ocasionados a las víctimas. Sin embargo, la imposibilidad legal de imponerle responsabilidad penal por su edad determinó el cierre de la persecución.
La controversia planteada por el recurso no apunta, entonces, a revertir el sobreseimiento, sino a definir qué órgano debe supervisar las medidas y las actuaciones que continúen después del cierre de la causa penal.
Repercusión nacional
El ataque ocurrió el lunes 30 de marzo, cuando el adolescente ingresó armado a la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal y abrió fuego contra otros estudiantes. Ian Cabrera, de 13 años, murió como consecuencia de los disparos y otros alumnos resultaron heridos.
Desde el comienzo, la intervención judicial incluyó tanto la investigación de los delitos atribuidos como la adopción de medidas destinadas a resguardar al adolescente.
La apelación del MPA abre ahora una discusión sobre la continuidad de esa intervención: mientras el sobreseimiento no es cuestionado por la Fiscalía, permanece pendiente la definición sobre el fuero que deberá controlar las medidas de protección y las diligencias que resten realizar.
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