El Ministerio Público de la Acusación (MPA) contabilizó al menos 404 denuncias por amenazas de balaceras en escuelas de la provincia de Santa Fe, en un fenómeno que se desató tras el crimen de Ian Cabrera, ocurrido el 30 de marzo en San Cristóbal.
“No es broma, es delito”
El MPA contabilizó más de 400 denuncias por amenazas de balaceras en escuelas santafesinas
La Fiscalía General difundió un comunicado con datos actualizados sobre el accionar de la fuerza pública en relación a la problemática desatada luego del crimen del pequeño Ian Cabrera, el pasado 30 de marzo en San Cristóbal. Desde el Ejecutivo apuestan a “sostener” políticas públicas para que la escuela “vuelva a ser un espacio de contención y educación”.
Las intimidaciones —que incluyen mensajes, pintadas y hasta la exhibición de armas reales o simuladas— son investigadas como delitos penales y ya derivaron en múltiples procedimientos judiciales.
Según precisó la Fiscalía General, las denuncias se distribuyen en las cinco regionales del organismo: 75 corresponden a la Fiscalía Regional N.º 1 (con asiento en Santa Fe), 238 a la Fiscalía Regional N.º 2 (Rosario), 33 a la Fiscalía Regional N.º 3 (Venado Tuerto), 23 a la Fiscalía Regional N.º 4 (Reconquista) y 35 a la Fiscalía Regional N.º 5 (Rafaela).
En ese marco, al 21 de abril se desplegaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, con el secuestro de más de 50 elementos, entre teléfonos celulares, armas de fuego, armas blancas y municiones.
Investigación penal
El avance de las investigaciones permitió identificar al menos a 73 personas como presuntas responsables de las amenazas. De ese total, aproximadamente el 95% son menores de edad, lo que encendió las alarmas tanto en el sistema judicial como en el ámbito educativo.
Desde el MPA indicaron que los casos están siendo abordados por fiscales de toda la provincia, quienes ordenan medidas como allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.
En algunos expedientes ya se formalizaron imputaciones por delitos como amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal, con la aplicación de alternativas procesales en función de la edad de los involucrados.
En la Fiscalía Regional N.º 1, con sede en la ciudad de Santa Fe, dos adolescentes fueron imputados por “amenaza coactiva e intimidación pública en concurso ideal” y recuperaron la libertad bajo medidas alternativas: uno de ellos tiene 16 años y el otro 18.
Rosario: foco en cibercrimen
En el ámbito de la Fiscalía Regional N.º 2, con sede en Rosario, se precisó que las causas fueron centralizadas en la Unidad Especializada en Cibercrimen, a cargo de los fiscales Matías Ocariz y Aurelio Cicerchia.
De acuerdo con la información oficial, dicha unidad lleva adelante una investigación compleja, bajo reserva, orientada a identificar tanto a los autores materiales de las amenazas como a eventuales instigadores de estas conductas.
Asimismo, se destacó que las tareas investigativas se desarrollan de manera coordinada con la Unidad Fiscal Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente, dada la alta proporción de menores involucrados en los hechos.
Padres y costos millonarios
En paralelo, desde el Ejecutivo provincial se anunció una medida destinada a desalentar este tipo de hechos. La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, confirmó que el gobierno comenzó a efectivizar el cobro de los operativos de seguridad a los padres de los menores que resulten responsables.
“Los operativos van entre 5 y 6 millones de pesos”, explicó la funcionaria, quien remarcó que la decisión fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro a través del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Coudannes insistió en que “los padres tendrán que responder” y reforzó el mensaje institucional sintetizado en el lema: “No es broma, es delito”. Además, destacó que la consigna comenzó a ser replicada por estudiantes en redes sociales, con contenidos que reivindican a la escuela como un espacio seguro.
Prevención y políticas públicas
Desde la Fiscalía General también se hizo hincapié en la necesidad de extremar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente en lo relativo a la tenencia de armas de fuego o material balístico. En ese sentido, se recordó la obligación legal de mantener estos elementos bajo resguardo estricto y fuera del alcance de menores.
Finalmente, desde el gobierno provincial ratificaron la continuidad de políticas públicas orientadas a recomponer el clima en las instituciones educativas. “La escuela tiene que volver a ser un espacio de contención y educación”, sostuvo Coudannes, al tiempo que valoró el compromiso de la comunidad educativa frente a una problemática que combina dimensiones penales, sociales y culturales.
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