La causa por el millonario entramado de apuestas virtuales ilegales en Santa Fe, que involucra a siete personas —entre ellas dos empresarios brasileños— avanza hacia su recta final. La Justicia provincial fijó para el 9 de septiembre la audiencia preliminar que definirá si el caso llega finalmente a juicio oral.
Tribunales de Santa Fe
Fijaron fecha para la audiencia preliminar contra los empresarios del juego clandestino online
Será la instancia previa al juicio oral. En ella se define el marco del debate que tiene a siete empresarios y profesionales acusados por la realización de apuestas no autorizadas. Las penas solicitadas por la fiscalía van de 4 a 5 años y medio de prisión.
Si bien en un primer momento había sido programada para el 22 de agosto, la Oficina de Gestión Judicial Nº 1 la reprogramó para el martes que viene, a partir de las 13, en la Sala 2 del subsuelo y estará presidida por la jueza Cecilia Labanca.
La audiencia preliminar es la instancia clave antes del juicio oral. Allí se resuelven objeciones de las defensas, se admiten o rechazan pruebas, y se establece el marco sobre el cual se desarrollará el juicio.
Juegos sin autorización
La investigación, impulsada por la Fiscalía de Delitos Informáticos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y acompañada por el Gobierno de Santa Fe y la Caja de Acción Social como denunciantes, involucra una serie de maniobras presuntamente delictivas realizadas a través de plataformas online no autorizadas para captar apuestas de manera clandestina.
Según la acusación, más de 19 mil millones de pesos fueron recaudados entre abril de 2023 y septiembre de 2024.
El fiscal Agustín Nigro, a cargo del caso, acusó formalmente el 14 de mayo pasado. Allí sostuvo que los imputados actuaron como coautores del delito previsto en el artículo 301 bis del Código Penal, por haber promovido y organizado juegos de azar sin autorización estatal.
Audiencia en dos tramos
El abogado querellante José Ignacio Mohamad, quien representa a Casino de Santa Fe como parte damnificada, explicó que la audiencia fue estructurada en dos etapas:
“Las defensas plantearon cuestiones preliminares, por lo que la audiencia se va a dividir en dos partes: una para tratar esas cuestiones y otra para discutir específicamente la prueba. Nosotros acusamos, la provincia y la fiscalía también, y estamos todos en sintonía, aunque con penas distintas”, afirmó Mohamad.
En cuanto a los demás planteos, uno de ellos responde a la defensa de Justina García de la Peña, una de las imputadas, quien fue directora de la firma Transfero Pagamento SA. Su abogado, Ignacio Alfonso Garrone, solicitó su sobreseimiento:
“Sostenemos que Justina no tiene vinculación con el delito. Durante el período en que estuvo en la empresa, todo se hizo en un marco legal. De hecho, los movimientos ilícitos comienzan cuando ella ya había renunciado. En esa línea realizamos nuestro planteo”, argumentó Alfonso Garrone.
En la misma línea que el MPA, la Fiscalía de Estado provincial, a través del Dr. Domingo Rondina y las abogadas Paola Landa y Valeri Níttoli como querellantes, también mantendrán la postura acusadora contra los involucrados.
La defensa del resto de los imputados, a cargo de los abogados Mariana Oroño y Federico Kiener, insistirá con la teoría que desincrimina a sus representados y según se prevé, realizará numerosos planteos de carácter técnico, en la instancia previa al juicio oral.
Pedido de penas
El pedido de la Fiscalía incluye penas de prisión efectiva y multas económicas para todos los acusados:
- Cláudio Marcos Just Cavalcante (52) y Carlos Eduardo Franco Russo (35), ambos brasileños: 5 años y 6 meses de prisión y multa de $90.000
- Agustín Suares Araujo (48), Natalia Soledad Salinas (40) y Santiago Corbetta (41): 4 años y 6 meses de prisión y multa de $90.000
- Justina García de la Peña (37) y Alejandro Gelormini (63): 4 años de prisión y multa de $90.000
Además, el MPA pidió el decomiso de activos ilegales, incluyendo criptomonedas bloqueadas por un valor que ronda 1,3 millones de dólares, en cuentas relacionadas con los acusados.
Pantallas y menores
Según la acusación, el sistema fue montado mediante las empresas Transfero Pagamento SA y Bluegreen SA, que articulaban sus operaciones a través del Banco Industrial SA y no contaban con licencias de la Lotería de Santa Fe, autoridad de aplicación de la Ley Provincial 14.235.
Uno de los datos más alarmantes de la investigación es la participación masiva de menores de edad: “Más de 38.800 adolescentes realizaron transferencias para apostar durante junio, julio y agosto de 2024”, reveló un informe de COELSA, la red compensadora del sistema bancario.
Estas transferencias —en su mayoría nocturnas y de bajo monto— se realizaron desde alias virtuales sin identificación formal. Para los investigadores, esto representa una grave falla de control y una intención deliberada de captar a menores como público objetivo.
La jueza Cecilia Labanca estará a cargo de conducir la audiencia, que será un punto de inflexión en la causa que, por su volumen económico y alcance social, ya se perfila como una de las más significativas del año en materia de criminalidad económica digital.
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