La Justicia de Venado Tuerto condenó a dos mujeres a tres años de prisión de ejecución condicional por su participación en una red de apuestas ilegales mediante casinos online. Una tercera imputada permanecerá en prisión preventiva durante 30 días mientras avanza la investigación, que abarca Venado Tuerto, Villa Cañás y Santa Isabel.
Dos mujeres condenadas por apuestas ilegales en el sur de la provincia de Santa Fe
Son de Venado, Villa Cañás y Santa Isabel. La Justicia homologó acuerdos abreviados para dos acusadas de integrar una red de casino online, mientras que una tercera imputada quedó detenida.


Las audiencias estuvieron y la investigación estuvieron a cargo de la fiscal Mayra Vuletic. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, las involucradas cumplían distintas funciones dentro de una estructura dedicada a vender créditos virtuales, recaudar dinero y transferir las ganancias hacia niveles superiores que todavía no fueron identificados.
Condena para Carla Celeste Giménez
Carla Celeste Giménez, de 30 años, oriunda de Villa Cañás, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional tras un acuerdo abreviado homologado por la Justicia. Se la responsabilizó como autora del delito de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino, y como coautora de amenazas calificadas por ser coactivas.

Según la acusación, Giménez (junto a otra persona) habría intimidado a través de redes sociales a una mujer identificada como Mariana P, exigiéndole el pago de un millón de pesos en concepto de una deuda originada en créditos otorgados para apostar en plataformas de casino online. Los hechos incluyeron además una presentación en el domicilio de la víctima, en Villa Cañás, con amenazas de incendiar la vivienda si no se saldaba la deuda. Los episodios se produjeron el 20 y 21 de junio pasado.
En la causa por juego clandestino, se le atribuyó a Giménez la función de "cajera" dentro de la organización, encargada de ofrecer fichas y cargas, y de recibir las ganancias para luego distribuirlas hacia niveles jerárquicos superiores que, hasta el momento, no fueron identificados.

Como parte del acuerdo, el tribunal impuso a Giménez un conjunto de reglas de conducta por tres años: fijar residencia y notificar cualquier cambio de domicilio, someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, abstenerse de vincularse con sitios de apuestas no homologados por la provincia, mantener prohibición de acercamiento respecto de la víctima y su grupo familiar, y no cometer nuevos delitos. Tras la homologación, se dispuso su inmediata libertad.
Rodríguez, condenada por su rol como "cajera"
También fue condenada Zulma Mónica Rodríguez, de 54 años y domiciliada en Venado Tuerto, quien recibió idéntica pena de tres años de prisión condicional como coautora del delito de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino.
De acuerdo con la investigación, Rodríguez habría cumplido funciones de "cajera" en la misma estructura de apuestas ilegales. La causa se inició a partir de una denuncia anónima realizada en mayo pasado. El tribunal le impuso reglas de conducta similares a las de Giménez y ordenó su inmediata libertad tras la homologación del acuerdo.
Prisión preventiva para P.B.H.
Distinta fue la situación de P.B.H., domiciliada en Santa Isabel, para quien la Justicia dispuso prisión preventiva por 30 días.
Según la fiscalía, P.B.H. habría cumplido un rol de financiamiento dentro de la estructura, realizando transferencias de importantes sumas de dinero a Giménez, quien (según la acusación) oficiaba de "cajera" en la red. A esto se sumó un segundo hecho: durante un allanamiento realizado en su domicilio el 24 de julio, la imputada habría inutilizado su teléfono celular arrojándolo al piso, con el objetivo de impedir el acceso a la información allí contenida, un elemento que la fiscalía considera clave como prueba.
Por estos hechos, P.B.H. fue imputada como coautora de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino y como autora del delito de violación de medios de prueba.








