Se entregaron dos sindicalistas condenados por el bloqueo de una empresa en San Nicolás

Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos, se presentó ante la Justicia luego de que se confirmó su pedido de detención y lo mismo hizo Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio.

Ambos están acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra una empresa. Y se anunció desde esta medianoche un paro total de camioneros en San Nicolás en solidaridad con los detenidos, medida que provocó la reacción del intendente Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio: “Solicitamos al Sindicato de Camioneros que revea y cancele la medida de fuerza que perjudica a los vecinos de nuestra ciudad. Los nicoleños no tenemos la culpa de los problemas que tiene su secretario general, Maximiliano Cabaleyro, con la Justicia”, publicó en Twitter.

El fallo judicial apunta directamente al corazón del poder del sindicato de Hugo y Pablo Moyano, quienes hicieron de esa modalidad extorsiva de protesta su marca registrada, y podría tener un efecto disuasivo en la tendencia de los bloqueos sindicales que paralizan a empresas en todo el país.

La orden de detención de Cabaleyro y Espíndola fue formalizada por la jueza de Garantías de San Nicolás María Eugenia Maiztegui luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal desestimó esta mañana el pedido de eximición de prisión efectuado por los acusados y, de esa manera, dejó en firme el fallo que había dispuesto su arresto.

Ambos sindicalistas protagonizaron en febrero de 2021 el bloqueo a una empresa familiar de la ciudad bonaerense de San Pedro, que funciona desde 1989 y tiene 35 empleados, y la Justicia, además de considerar que son responsables del bloqueo, encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

Florencia Arietto, abogada de la empresa que sufrió el bloqueo sindical, informó en su cuenta de Twitter: “La Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó la detención de los sindicalistas de camioneros Cabaleyro y Espíndola. Bloquear es delito”. Y Verónica Razzini, titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), desde donde se asesoró a la familiar Rey y se coordina la estrategia de distintas empresas para enfrentar este tipo de protestas, publicó: “¡Felicidad! Llega la justicia a nuestra querida Argentina. Se puede dar la batalla”.

Luego del fallo de la jueza Maiztegui, hace 15 días, Pablo Moyano viajó a San Nicolás para solidarizarse con Cabaleyro: consideró que la sentencia judicial fue “un mensaje para los que protestan” y que los gremialistas están acusados en esa causa por “luchar en favor de los trabajadores”.

Incluso vinculó la causa que involucra a Cabaleyro con el macrismo al sostener: “La Justicia está condicionada por la política y el mayor responsable es Conte Grand. Utilizan a los fiscales que están influenciados para inventar causas. Nos damos cuenta de lo que fue la Gestapo sindical”.

Pablo Moyano recibió esta semana un importante gesto de respaldo por parte de Alberto Fernández: almorzaron juntos en la Quinta de Olivos luego de que el jefe camionero posó, desafiante, en una foto con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner. Y Hugo Moyano es uno de los sindicalistas más cercanos al Presidente, que hace dos años llegó a calificarlo de “dirigente ejemplar”.

En San Nicolás, el sindicalismo ya se movilizó para protestar contra lo que consideran una “persecución judicial” y un “linchamiento mediático”, tal como denunciaron los concejales del FDT en un comunicado, en el que también denunciaron que el fallo de Maiztegui es de “una enorme gravedad institucional porque sienta un precedente para encarcelar a los representantes sindicales por el cumplimiento de sus deberes”.

La empresa de San Pedro que fue bloqueada es una distribuidora de productos alimenticios cuyo dueño, Ricardo Rey, de 70 años, se hizo conocido cuando se viralizó un video que se filmó en medio del hostigamiento sindical y luego de una nueva inspección a su pyme realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”, dijo, entre lágrimas.

Según Ariel Rey, hijo del dueño, el conflicto se origina cuando el sindicato les exige pasar a los 35 empleados a su convenio. “Pero nos dijeron que si los pasábamos a todos juntos nos pueden reclamar millón y medio de pesos por empleado. Así que si colaborábamos con ellos e íbamos pasando de a uno, se podía hacer en paz. Nosotros accedimos”, contó.