Ordenan despejar la zona de seguridad sobre el túnel

Benito Geist
politica@ellitoral.com

La zona de seguridad del túnel Uranga-Sylvestre Begnis, sobre la cabecera santafesina, deberá quedar despejada a mediados de junio, para dar cumplimiento a una decisión de la Justicia santafesina, tras la audiencia entre la provincia y un ocupante privado que fue imputado de causar eventuales daños en la protección del viaducto subfluvial.

Hugo Alberto Teodoro Rodríguez era el propietario en la isla Santa Cándida, de lotes linderos a la cabecera del túnel subfluvial. Durante la gestión de Hermes Binner -en 2008- Santa Fe expropió 83 hectáreas ubicadas entre la ruta de acceso al túnel y el río Paraná.

Rodríguez tenía una explotación ganadera en el lugar, y llegó a construir corrales, mangas y cargadero de hacienda, así como caminos y zona de maniobras para camiones jaula, sobre la zona de seguridad del túnel e incluso arriba de una plataforma con estructuras de hormigón que fueron dispuestas como protección del enlace subfluvial y que llegaron a ser perforadas para las instalaciones de explotación ganadera.

En 2009, a instancias del por entonces director santafesino del túnel, Erwin Zwiener, el ministro Antonio Ciancio denunció a Rodríguez por usurpación. Si bien la provincia o el ente interprovincial no actuaron como querellantes, en el juzgado de instrucción sexta a cargo de Sergio Carraro (se hizo cargo del despacho en 2010) se activaron las actuaciones en los últimos meses.

Fue la doctora Mariela Giménez quien, como fiscal de la causa, reformuló la acusación ante la eventualidad del delito de “daño calificado” y uso de material del túnel. Solicitó la audiencia -concretada el 18 del mes pasado- entre representantes del gobierno santafesino y de Rodríguez, quien ya había declarado como imputado en el expediente.

Allí se consensuó que el actor privado, aún cuando ya no ocupa efectivamente el lugar, tiene un plazo de dos meses para “despejar” lo que dejó ilegalmente plantado en la denominada zona de seguridad del túnel. Ese espacio abarca 100 metros a cada lado, sobre el eje del enlace subfluvial.

¿Y en Paraná?

La justicia entrerriana debe resolver sobre el barrio privado que se comercializa sobre la otra cabecera del túnel, que incluye una caleta para resguardo de embarcaciones, excavada sobre la zona de seguridad del viaducto. La decisión de la justicia santafesina de despejar la cabecera en resguardo del enlace subfluvial y su seguridad, no es vinculante para la vecina provincia. Pero constituye un espejo jurídico y político ineludible en el que tendrán que mirarse los entrerrianos para ejercer su jurisdicción, en resguardo de un bien interprovincial por génesis y federal por su función.

Resguardo

La zona de seguridad del túnel fue contemplada en el acuerdo interprovincial vigente, un texto que data de 1976 y es ley tanto en Santa Fe como en Entre Ríos. El 1 de setiembre de 2003 y previo dictamen jurídico y técnico, el Consejo Superior Interministerial del ente del túnel -integrado por dos ministros por provincia- a través de la Resolución nº 08/03, ratificó la delimitación administrativa de esa zona, con una “restricción absoluta” 50 metros a cada lado del eje del túnel, una zona de seguridad física hasta 100 metros.

Cuantiosas cuestiones pendientes

En 2008 la provincia expropió -por ley 12.952- un total de 83 hectáreas contiguas al túnel sobre la isla Santa Cándida. Hugo Rodríguez no sólo explotaba para ganadería esas tierras hasta allí de su propiedad, sino que había ocupado instalaciones de lo que fuera el “camping del túnel”, y construyó un inmueble en un lugar privilegiado, sobre la orilla del Paraná, en la zona alteada por los constructores del viaducto subfluvial, a salvo de las habituales crecientes.

Según Rodríguez éste último inmueble está plantado en otro lote no expropiado. Reclamó servidumbre de paso desde la ruta de acceso al túnel e impugnó los planos de expropiación efectuados por el ministerio de Aguas de la provincia para dar cumplimiento a la ley. La Corte le rechazó ambas cuestiones.

Hace 2 años Rodríguez cobró $ 173 mil por la expropiación, pero mantiene abierta la causa porque cuestiona el monto; llegó a reclamar $ 4 millones de dólares por los lotes. Esa cuestión está pendiente de resolución en el máximo tribunal. El expediente 432/10 está caratulado “provincia de Santa Fe contra Hugo Alberto Rodríguez y/o quien resulte propietario, sobre expropiación en trámite

Pero hay además otra cuestión pendiente, aún en etapa administrativa. La provincia argumenta que entre los lotes expropiados y el río, hay una franja que pertenece a un conjunto de 300 hectáreas de las islas El Suizo y El Corte, que son de dominio público y que así están inscriptos en el registro de la propiedad. Rodríguez dice que son terrenos suyos (allí construyó la casa); argumenta que se los anexó el río por “aluvión”, aún cuando el Código Civil inhibe esa figura cuando se trata de orillas ríos navegables. Hoy Rodríguez sólo puede entrar a esa casa por el río, en tanto la provincia analiza las acciones a seguir.