En el marco de una convocatoria encabezada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, representantes del sector agropecuario, semillero y técnico participaron de un encuentro clave para avanzar en uno de los debates más sensibles del agro argentino: el sistema de semillas y su marco regulatorio.
Ley de Semillas y UPOV 91
Gaich: "El desafío es lograr un equilibrio entre productores y semilleros"
Tras una reunión convocada por el Gobierno nacional, el vicepresidente de Coninagro Córdoba, analizó el estado del debate por la ley de semillas y la eventual adhesión a UPOV 91. Destacó avances en materia de fiscalización, remarcó la necesidad de equilibrio entre actores y dejó abierta la puerta a un consenso.
La reunión incluyó a las entidades de la Mesa de Enlace, cámaras de semilleros y organizaciones técnicas como Aapresid y CREA, en una instancia que, según explicó Gustavo Gaich, vicepresidente de Coninagro Córdoba, tuvo un carácter principalmente técnico, pero con implicancias de fondo en la estructura productiva.
Uno de los puntos centrales del encuentro fue la fiscalización, considerada por las entidades como una de las principales debilidades del sistema actual. Gaich explicó que la baja utilización de semillas fiscalizadas está directamente vinculada a falencias en los mecanismos de control.
En ese sentido, el dirigente valoró que el Gobierno haya presentado una reformulación técnica orientada a mejorar los procedimientos, particularmente en lo que respecta a la toma de muestras y control del uso de semillas.
“Era una presentación técnica, vinculada a cómo se fiscaliza. Es un tema complejo, pero clave para ordenar el sistema”, señaló. Para el sector, fortalecer este aspecto permitiría avanzar hacia un mercado más transparente y con reglas claras para todos los actores.
UPOV 91 y el debate de fondo
Más allá de la cuestión técnica, el trasfondo del debate gira en torno a la posible adhesión de Argentina al convenio internacional UPOV 91, que regula los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales.
Gaich recordó que la discusión se intensificó hacia fines de 2025, cuando el Gobierno nacional asumió el compromiso de enviar al Congreso un proyecto en ese sentido, en el marco de acuerdos internacionales.
Sin embargo, desde Coninagro y otras entidades remarcan que el foco no debe centrarse únicamente en la adhesión o no al convenio, sino en la construcción de un sistema que funcione.
“Lo importante es lograr un esquema que permita incorporar tecnología, que los semilleros puedan cobrar de manera razonable y que los productores no quedemos totalmente expuestos”, explicó.
En ese sentido, reconoció que existe consenso en el sector productivo sobre la necesidad de pagar por el uso de tecnología, aunque también se plantea la discusión sobre el alcance del uso propio —históricamente gratuito— y su eventual regulación en función de la escala productiva.
Diálogo abierto y búsqueda de consensos
El dirigente destacó que las entidades vienen trabajando de manera articulada desde hace varios meses, elaborando propuestas que ya fueron acercadas al Gobierno. Este proceso incluyó no solo a organizaciones gremiales, sino también a entidades técnicas, en un intento por construir una mirada integral.
Si bien aún no se conocen en detalle las posiciones del sector semillero, Gaich se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un entendimiento.
“Desde el sector productivo aspiramos a que se pueda llegar a un acuerdo. Es necesario seguir dialogando para encontrar un equilibrio que beneficie a todos”, afirmó.
Para Gaich, el camino es claro: reglas previsibles, incentivos a la innovación y condiciones justas para quienes producen.
La discusión continúa abierta, pero con un punto de partida común: la necesidad de modernizar el sistema sin perder de vista el equilibrio entre los distintos actores.
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