La justicia francesa abrió una investigación contra el futbolista Lucas Hernández, defensor del Paris Saint-Germain (PSG) y campeón del mundo con Francia, junto a su esposa, Victoria Triay, tras una denuncia por trata de personas y explotación laboral presentada por una familia de origen colombiano.
Justicia en Francia
Investiga a un futbolista del PSG y a su pareja por presunta trata de personas y explotación laboral
Una familia colombiana denunció ante la fiscalía de Versalles que trabajó sin contrato ni derechos básicos para el defensor y su esposa entre 2024 y 2025. La pareja niega irregularidades y sostiene que actuó de buena fe.
El caso, que salió a la luz a partir de publicaciones en medios europeos, generó repercusión internacional por la figura del jugador y las graves acusaciones que supuestamente involucran condiciones laborales irregulares que “rozan la esclavitud moderna”, según palabras de la abogada que representa a los denunciantes.
Acusaciones centrales y contexto judicial
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Versalles, la familia demandante —compuesta por dos adultos y tres hijos— fue contratada por Hernández y Triay para realizar múltiples tareas en la residencia del jugador, en el departamento de Yvelines, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025.
Los denunciantes sostienen que no existió contrato de trabajo formal, ni registros laborales o de seguridad social durante todo ese periodo, pese a que cumplían funciones domésticas, de vigilancia de la propiedad, cocina, limpieza y cuidado de niños.
De acuerdo con las declaraciones recogidas en el expediente, estos trabajos habrían sido realizados con jornadas que, según la familia, superaban ampliamente los límites legales, alcanzando hasta 80 horas semanales o más, sin los debidos descansos ni prestaciones mínimas exigidas por la legislación francesa.
La abogada de la familia, Lola Dubois, aseguró ante medios europeos que las condiciones denunciadas implican una privación de derechos fundamentales y que situarían a su representada y a sus familiares en una posición de vulnerabilidad extrema.
Además, indicó que los pagos se efectuaban en efectivo, con montos semanales que oscilaban entre 500 y 3.000 euros, y sin constancia formal de contrato laboral. También mencionó la firma de acuerdos de confidencialidad y la supuesta entrega de identificaciones falsas en 2025, lo que complica aún más la situación desde el punto de vista legal.
Promesas no cumplidas y reclamos de documentación
El relato de la familia señala que la relación laboral comenzó tras un contacto inicial con Triay, quien, según ellos, les habría ofrecido la posibilidad de regularizar su situación migratoria en Francia.
La hija mayor del grupo indicó que inicialmente fue contactada mientras trabajaba en Colombia, bajo la promesa de que, una vez en Francia, se formalizaría su situación en unos seis meses. Sin embargo, según la denuncia, esas promesas nunca se concretaron, y ni ella ni sus familiares obtuvieron la documentación o permisos consulares que se les había prometido.
La denuncia también incorpora un episodio de tensión ocurrido en diciembre de 2024, cuando, en medio de un intento de robo cerca de la vivienda, el padre de familia habría usado un arma para repeler a los intrusos, un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que también forma parte del expediente investigativo que analiza la fiscalía.
Respuesta de los denunciados
Ante estas acusaciones, Hernández y Triay emitieron un comunicado negando las irregularidades, afirmando que actuaron con “buena fe y compasión” y que confiaron en la palabra de quienes creían amigos y empleados confiables. En la declaración, la pareja indicó que se sintieron “traicionados” por la familia que los denunció y que las acusaciones circulan sin considerar la totalidad de los hechos.
“El asunto se está tramitando por las vías legales correspondientes, donde corresponde a los hechos, no a las narrativas que circulan en redes sociales”, señalaron en el comunicado, solicitando “respeto y prudencia” mientras avanzan las investigaciones.
Hasta el momento no se han anunciado cargos formales ni detenciones, y la fiscalía de Versalles continúa la revisión del caso para determinar si las acusaciones configuran delitos tipificados en la legislación francesa, como trata de personas, empleo ilegal o explotación laboral. La investigación se encuentra en una etapa preliminar, y cualquier decisión tendrá que ser confirmada por los tribunales competentes tras evaluar pruebas y testimonios de las partes involucradas.
Repercusiones
La trascendencia de este caso radica no solo en la figura del futbolista, que integró la selección francesa campeona del mundo en 2018 y es un referente en la élite del fútbol europeo, sino también en los debates sobre explotación laboral y derechos de los trabajadores migrantes en escenarios globales.
Organizaciones y expertos han señalado que este tipo de situaciones —en las que personas pueden encontrarse en condiciones informales o irregulares— reflejan un problema más amplio de derechos humanos y laborales que supera casos individuales y requiere mecanismos de protección más robustos.
En el ámbito europeo, las denuncias de empleo irregular y de situaciones que puedan infringir normas sobre migración y trabajo se han intensificado en los últimos años, y este expediente se suma a otras investigaciones de alto perfil que buscan definir con claridad los límites entre relaciones laborales privadas y posibles delitos penales.
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