Tres países vecinos duplicaron el crecimiento de las exportaciones agroindustriales de la Argentina

“Entre 1995 y 2025, las ventas externas argentinas se multiplicaron por 3,4, frente a 8,4 veces en Brasil, 7,5 en Paraguay y 6,8 en Uruguay. Como resultado, la participación argentina en el mercado mundial bajó del 1,81% al 1,65%”. El párrafo es parte de un informe de Juan Manuel Garzón y refiere a las exportaciones agroindustriales, incluyendo granos, carnes o forestación y sus derivados.

Según el analista del Ieral/Fundación Mediterránea, “en 2025, las exportaciones agroindustriales sumaron un valor estimado de US$ 50.480 millones. Con la trayectoria de Uruguay habrían llegado a US$ 99.172 millones; con la de Paraguay, a US$ 110.071 millones, y con la de Brasil, a US$ 122.575 millones”.

Las cifras ponen en evidencia la validez del debate sobre el efecto económico y social que en la política plantean los que por un lado piden cobrar más impuestos para atender la emergencia social y los que promueven liberar la actividad para posibilitar inversiones y generar crecimiento genuino de la economía.

Entre los primeros está el germen del regreso “culposo” a la mayor presión fiscal, en abril del 2002. Eduardo Duhalde protagonizó momentos de alta tensión política y cruces con el entonces gobernador santafesino, Carlos Reutemann, cuando anunció desde la planta de GM las “retenciones al campo” (iban del 5% al 10%) para financiar el plan de Jefes y Jefas de Hogar.

El expresidente peronista prometió que la medida era “provisoria”. El kirchnerismo, a propuesta de Martín Lousteau -el ministro radical de economía que acompañó a Néstor- planteó en 2008 el punto culminante de incrementos sucesivos de la presión fiscal con “la 125”. La soja aportaría hasta 44% de retenciones en ese esquema fallido que profundizó la grieta nacional.

Un cálculo más prudente

La Bolsa de Comercio de Rosario ha proyectado que, calculando solo los seis cultivos más importantes (y sus derivados) de la Argentina, la eliminación de exportaciones sumaría unos 18,5 mil millones de dólares más en exportaciones agroindustriales del país hacia el 2036.

Lo que mira la Bolsa rosarina “hacia adelante” es más prudente que lo que calcula Garzón “hacia atrás” en base a lo sucedido en países vecinos.

Pero en ambos casos los análisis muestran que entrarían más dólares, y que la Argentina política debería debatir si ese ingreso de divisas y el ulterior cobro de Ganancias (y otros impuestos por mayor dinamismo económico) no es más beneficioso, incluso a la hora de políticas redistributivas, que el simple derecho a las exportaciones.

Más allá de los números, el analista del Ieral propone que “el pobre desempeño relativo de Argentina se explica por políticas y circunstancias que desalentaron la inversión y limitaron el crecimiento de la oferta exportable”, y entre las causas no solo refiere a los derechos de exportación.

Expone que “la inestabilidad macroeconómica, las dificultades de acceso al mercado de cambios, los derechos de exportación, los impuestos acumulados en los costos (IIBB, Débitos y Créditos Bancarios), las restricciones para vender ciertos productos al exterior y las trabas a determinados proyectos productivos e industriales redujeron la rentabilidad esperada y aumentaron la incertidumbre".

¿Qué pasa con el RIGI?

La economista Marina Dal Poggetto (directora de la consultora Eco Go) atribuye al RIGI un gasto tributario / costo fiscal de aproximadamente US$ 8.493 millones a valor presente, correspondiente a los 23 proyectos aprobados hasta el 1 de octubre de 2026.

Ese monto representa la diferencia estimada entre los impuestos que pagarían esos proyectos bajo el régimen general (US$ 26.000 millones a valor presente) y los que tributarían con los beneficios del RIGI (US$ 17.500 millones). Equivale a cerca del 25% de la inversión computable comprometida (US$ 33.837 millones) y a aproximadamente el 32% de la recaudación potencial sin incentivos.⁠

“¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho?”, se preguntó en Catamarca el presidente Javier Milei, defendiendo un régimen que por lo demás fue debatido y aprobado por el Congreso, para dar beneficios como baja de Ganancias del 35% al 25% o deducción de impuesto al cheque a cuenta de aquel gravamen, a fin de garantizar la inversión.

Es una de las claves del debate. Según Garzón, en su análisis para el caso de la agroindustria 1995-2025, "el pobre desempeño relativo de Argentina se explica por políticas y circunstancias que desalentaron la inversión y limitaron el crecimiento de la oferta exportable”.

El debate insustancial

En el actual escenario político argentino, entre un presidente que insulta y una líder opositora condenada por corrupción, los modos para debatir en torno de desarrollos económicos no alcanzados por el RIGI, que a su vez no inhiban nuevas inversiones, carecen de moderaciones republicanas o de profundidad en las sustancias.

La oposición dialoguista (PRO, parte de la UCR y bloques provinciales de distritos beneficiados por el RIGI) presenta iniciativas orientadas a reducir la presión fiscal y fomentar inversiones, aunque buscando modificaciones sobre el estricto esquema fiscal y monetario de Milei.

El bloque del PRO (encabezado por Cristian Ritondo) ha puesto como condición para acompañar el Presupuesto 2027 la aplicación de rebajas impositivas concretas. Entre sus exigencias figuran la reducción del impuesto a los combustibles y la baja de la alícuota del IVA (del 21% al 10,5%) para ciertos sectores productivos, como la industria avícola.

La UCR y los bloques de centro han propuesto herramientas paralelas al RIGI, como el "Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes". Su objetivo es ofrecer beneficios fiscales para atraer capitales, pero incorporando cláusulas obligatorias de ‘compre nacional’ (exigiendo que al menos un 20% de la inversión se destine a proveedores locales) y fomento de las economías regionales.

Suena a poco, mientras Unión por la Patria concentra su discurso casi exclusivamente en el cuestionamiento al RIGI. Advierten -en línea con Dal Poggetto- que el Estado resignaría ingresos tributarios por cerca de US$ 8.500 millones. Para Máximo Kirchner, el RIGI es comparable a un “estatuto de coloniaje”, en tanto Axel Kicillof criticó que “con tal de hacer anuncios, son capaces de regalar todo”.