La definición de la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay ingresó en una etapa decisiva. A pocos días de la adjudicación definitiva por los próximos 25 años, el consorcio integrado por la dragadora belga Jan de Nul y la firma Servimagnus salió a responder públicamente las objeciones planteadas por su competidora DEME.
Hidrovía: el consorcio preadjudicado defendió su oferta a días de la concesión por 25 años
La empresa belga que quedó primera en la evaluación técnica cuestionó los cálculos de DEME y sostuvo que su propuesta omite impuestos e inversiones.

La controversia se intensificó esta semana luego de que DEME cuestionara la tarifa prevista para el peaje y reclamara la realización de una nueva licitación. La compañía sostuvo que era posible ofrecer un costo 17,4% inferior al fijado en el actual proceso.

Sin embargo, desde Jan de Nul rechazaron esos argumentos y sostuvieron que la propuesta alternativa se apoya en cálculos erróneos y una subestimación de costos esenciales.
Una disputa que se reavivó antes de la adjudicación
Tanto Jan de Nul como DEME presentaron una tarifa inicial de 3,80 dólares por tonelada de registro neto, valor establecido como mínimo por el Gobierno nacional para la primera etapa del contrato.
Esa cifra representa una reducción del 13,5% respecto del peaje vigente, que actualmente asciende a 4,30 dólares.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) otorgó la preadjudicación al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, al considerar que había presentado la mejor propuesta técnica.
Tras conocerse esa decisión, DEME elevó cuestionamientos ante el Ministerio de Economía y aseguró que el valor previsto era superior al contemplado en el frustrado proceso licitatorio de comienzos de 2025.

Las críticas de Jan de Nul a los cálculos de su competidor
La respuesta llegó mediante una carta firmada por Wim Bosteels, responsable de Desarrollo de Negocios de Jan de Nul, y Leonardo Román, vicepresidente de Servimagnus.
En el documento, ambas compañías sostienen que la propuesta de DEME presenta inconsistencias y se basa en una estructura financiera que no sería sostenible.
Según indicaron, uno de los principales puntos observados es el tratamiento impositivo. Mientras DEME habría contemplado apenas 95 millones de dólares en concepto de IVA para los 25 años de concesión, Jan de Nul estima que el monto real debería ubicarse cerca de los 1.600 millones de dólares.

También cuestionaron el nivel de inversiones previsto por su competidor. De acuerdo con el análisis realizado por el consorcio preadjudicado, DEME proyectó desembolsos por 280 millones de dólares durante los primeros cinco años y no contempló nuevas inversiones para las dos décadas restantes. En contrapartida, Jan de Nul aseguró que su esquema supera los 850 millones de dólares.
El debate sobre las tarifas futuras
Otro de los puntos señalados por el consorcio preseleccionado tiene que ver con la proyección de ingresos. Según la empresa, DEME calculó tarifas posteriores a la profundización del canal por encima de los valores máximos permitidos por el pliego licitatorio.
Esa situación habría generado una sobreestimación de ingresos cercana a los 370 millones de dólares. Por ese motivo, Jan de Nul y Servimagnus sostuvieron que el supuesto ahorro prometido por la empresa rival "es irreal e imposible de sostener".

En ese contexto, la definición del proceso licitatorio entra en su tramo final con una fuerte disputa entre los principales actores de una concesión estratégica para el comercio exterior argentino y para la competitividad de los puertos ubicados sobre el río Paraná.








