“El Boletín Epidemiológico Nacional Nº 299 alerta que desde el año 2025 se vienen produciendo brotes de tos convulsa en varias provincias, afectando fundamentalmente a menores de 14 años. El dato más inquietante es que en las primeras 9 semanas del 2026, la cantidad de casos de tos convulsa aumentó un 147%”.
Menos vacunación, más enfermedad
En las primeras 9 semanas del 2026, la cantidad de casos de tos convulsa aumentó un 147%
Mientras nación y provincias se acusan por responsabilidades que son complementarias, uno de cada tres menores en el país no completó el calendario. El impacto en la AUH, que debería exigir el cumplimiento de la prevención sanitaria para ser efectivo.
El dato que rescata Idesa se halla en un informe que advierte que 1 de cada tres menores en la Argentina no completó el calendario de vacunación. El Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina resalta que los casos pasaron de 87 en las primeras 9 semanas del 2025 a 215 casos en el mismo período del 2026.
“Cabe advertir que solo el 50% de los casos corresponde a menores de 2 años, mientras que un 33% corresponde a niños de entre 3 y 14 años lo que sugiere que los problemas de vacunación no son recientes”, aclara el informe.
La tos convulsa, también conocida como coqueluche o pertussis, es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Esta bacteria infecta el revestimiento de las vías respiratorias, provocando una inflamación que deriva en ataques de tos severos.
En Argentina, la vacuna está incluida en el Calendario Nacional y se administra combinada con otras (quíntuple, triple bacteriana). El esquema incluye dosis durante el primer año de vida, refuerzos en la etapa escolar (ingreso a primaria) y una dosis a los 11 años. Además, es esencial la vacunación en embarazadas (después de la semana 20) para transferir anticuerpos al bebé antes de que nazca.
¿Quién debe vacunar?
En medio de acusaciones cruzadas entre la Nación, que dice enviar las dosis en tiempo y forma, y las provincias que reclaman por las demoras nacionales, el informe recuerda que dentro de la distribución de responsabilidades previstas en el régimen federal, “vacunar a la población es responsabilidad de las provincias".
“Esto es así porque en la Constitución Nacional no se delegó la promoción y prevención de la salud en el Estado nacional y todas las Constituciones provinciales contemplan expresamente estas funciones dentro de sus responsabilidades”.
Sin embargo -aclara el centro de estudios que dirige Jorge Colina- en el 2019 se sancionó la Ley Nº 27.491 “por la que se obliga al Ministerio de Salud nacional a comprar vacunas para distribuir entre las provincias, sin desligar a las provincias de su responsabilidad de vacunar a la población. Así, hay dos responsables (Nación y provincias) para un mismo cometido (vacunar)”.
El nivel de cobertura
Según el citado Boletín para el 2025 se observa que 4 provincias tienen cobertura de vacunación completa (4 dosis) en tos convulsa, superior al 90%. Otras 13 provincias tienen cobertura entre 70% y 90% -entre ellas Santa Fe con 70%- y 7 provincias tienen cobertura inferior a 70%.
“Estos datos muestran que en la mayoría de las provincias prevalece una baja cobertura de vacunación en tos convulsa. Resulta muy llamativo que esto ocurra cuando tener al día el calendario de vacunación es un requisito para el cobro pleno de la AUH.
“Que en 20 provincias donde viven más del 90% de los niños menores de 4 años el nivel de vacunación esté por debajo de la cobertura universal delata un rotundo fracaso de la política sanitaria”.
Funciones superpuestas
Para Idesa, como ocurre en otras áreas del sector público, la superposición de funciones entre la Nación y las provincias “son garantía de fracaso”. Si un nivel de gobierno (Nación) tiene que comprar las jeringas y las vacunas y enviarlas para que otro nivel (provincias o municipios) se encargue de la logística de aplicarlas, es previsible que se producirán malos resultados.
“Resulta muy sugerente -expone el centro de estudios- que el fracaso se dé tanto entre las provincias más rezagadas del norte como en la más próspera (CABA). No es un problema de bajo nivel de desarrollo de la provincia sino de un esquema muy ineficiente de gestión y, lo más grave, de dilución de responsabilidades. El solapamiento hace muy difícil dilucidar si el responsable del fracaso es el gobierno nacional o los gobiernos provinciales y municipales”.
Gestión “en papel” de la AUH
Siempre en el análisis del centro de estudios, “también cuenta la rusticidad y el atraso de la gestión de la seguridad social. La AUH se cobra 80% de manera automática y el 20% está condicionado a que la familia demuestre asistencia escolar, vacunación y controles médicos de los hijos.
El control se instrumenta a través de la “Libreta de la Seguridad Social”, es decir, un formulario en papel que las familias tienen que hacer completar en las escuelas y los establecimientos sanitarios para luego presentarlo en la ANSES.
“Esto obliga a procesar millones de trámites todos los años, en las escuelas, hospitales públicos y la ANSES. Se trata de un esquema burocrático y obsoleto que insume exagerados esfuerzos administrativos al Estado y a las familias con muy baja calidad de los datos, como lo demuestra la alta proporción de niños sin vacunar”.
En opinión de Idesa, “en un régimen federal no hay que coordinar acciones para un objetivo sino coordinar objetivos para cada nivel de gobierno. Las provincias deben ser las únicas responsables de comprar y vacunar y la Nación de medir los resultados. Superponer roles sirve para la demagogia y para fomentar la dilapidación de fondos públicos, pero no para resolver las necesidades de la gente”.
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