El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme la medida cautelar que ordena al Estado nacional actualizar los salarios docentes y no docentes y reforzar el presupuesto destinado a becas estudiantiles, aunque advirtió que el fallo "no es el punto de llegada" y que aún resta garantizar la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
"La defensa continúa", dijeron
Financiamiento universitario: para los rectores, el fallo de la Corte "no es el punto de llegada"
La decisión judicial es un avance, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) insiste en que el camino hacia la financiación educativa plena sigue abierto.
A través de un comunicado difundido el viernes, el organismo que nuclea a las universidades nacionales sostuvo que la resolución judicial constituye "un avance institucional de enorme trascendencia", ya que no solo ratifica "la legitimidad" del reclamo universitario sino que también reafirma que "la defensa de la educación pública puede encontrar respaldo en las instituciones de la democracia cuando se actúa con responsabilidad, perseverancia y fundamentos sólidos".
Desde el CIN remarcaron que la decisión del máximo tribunal representa "uno de los hitos más importantes en la defensa del sistema universitario argentino", fruto de la movilización sostenida de toda la comunidad académica y del acompañamiento social.
Sin embargo, el organismo dejó en claro que el conflicto está lejos de concluir. "Este no es el punto de llegada. Es un paso decisivo, aunque todavía queda un largo camino por recorrer", señalaron desde el Consejo que nuclea a los rectores de todo el país.
En ese sentido, enumeraron que aún resta "garantizar el efectivo cumplimiento de la decisión judicial, avanzar en la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario y comenzar la reconstrucción de todo aquello que el desfinanciamiento deterioró durante estos años".
El CIN advirtió además sobre las consecuencias que dejó la crisis presupuestaria en el sistema universitario, entre ellas la pérdida de personal docente y no docente, el deterioro de la infraestructura, las dificultades para sostener equipamiento tecnológico y laboratorios, así como el impacto sobre becas, programas estratégicos, ciencia y tecnología.
"Un paso importante"
En términos similares se expresó -apenas conocido el fallo- la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella: "La decisión deja firme la medida cautelar, es decir, los fallos anteriores donde se obliga al Ejecutivo a actuar con relación a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Esto refiere a los salarios docentes y no docentes y a las becas".
Tarabella recordó que la judicialización fue impulsada inicialmente por el CIN y luego acompañada por los gremios docentes y nodocentes. "Hemos tenido fallos en primera y segunda instancia a favor de las peticiones que estábamos realizando nosotros, fundamentalmente para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación el año pasado", indicó.
Para la titular de la UNL, el fallo es "un paso importante" y "producto de un trabajo articulado entre todos los actores que formamos parte de la universidad: rectores y rectoras, docentes, no docentes y estudiantes, pero fundamentalmente del acompañamiento que hemos recibido de la sociedad argentina, que sigue confiando en la universidad pública como una herramienta potente de transformación social".
No obstante, advirtió que el debate de fondo sigue abierto. "Aún falta mucho porque el tema de fondo todavía no se ha resuelto, que es la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario", indicó.
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