La cuarta marcha universitaria convocó a una multitud en Santa Fe: “203 días sin aplicar la ley”

“203 días sin aplicar la ley”. Ese postulado da inicio al documento unificado que se leyó este martes por la tarde en todo el país, durante las distintas convocatorias de la cuarta marcha federal universitaria. En la ciudad de Santa Fe, la movilización volvió a teñir de banderas, cánticos y carteles en su recorrido por bulevar, en una convocatoria que reunió a gran cantidad de personas en defensa de la universidad pública.

La caravana partió desde las inmediaciones del Puente Colgante y avanzó lentamente hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). A cada cuadra se sumaban estudiantiles, docentes y gremios. Sonaban bombos, se encendían bengalas de colores y desde los costados de la avenida vecinos saludaban el paso de la marcha. Todo ocurría en un clima pacífico, aunque atravesado por una fuerte carga simbólica.

Pasadas las 16, la columna ya ocupaba varias cuadras. Al frente, una gran bandera con la consigna “En defensa de la educación y de la universidad pública” era sostenida por la rectora de la UNL, Laura Tarabella; la vicerrectora, Liliana Dillon; y el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Fe, Alejandro Tóffolo, entre otros referentes.

“La comunidad universitaria continuará reclamando por lo que creemos que es justo”, dijo Tarabella antes del acto central, en referencia al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “Hoy hace exactamente 203 días de su aprobación y de la no implementación”, remarcó.

“Seguimos sosteniendo que invertir en educación, invertir en la universidad pública, invertir en ciencia y tecnología es invertir en el futuro de nuestro país, es construir futuro”, expresó a los medios presentes. Y agregó: “No da lo mismo no tener una educación acorde a las necesidades actuales, tener una ciencia que sea potente”.

Consultada por los nuevos recortes anunciados por el Gobierno nacional a educación y universidad -un día antes de la movilización-, la rectora consideró que forman parte de “una política más de todo lo que tiene que ver con la cuestión de lo público. Siempre los recursos para el sector público han sido cuestionados, han sido limitados”.

En ese sentido, pidió “seguir abiertos a los canales de conversación” y “aceptar las diferencias”. “Esto no es en contra de nadie, sino que es a favor de todas y de todos”, señaló.

“Si en el mes de febrero eran 7 salarios que se habían perdido desde diciembre de 2023, ahora desde diciembre a marzo ya superan los 10 salarios”, alertó Tarabella. También sostuvo que el conflicto excede lo presupuestario: “Cuando no se cumple una ley del Congreso, cuando el Ejecutivo elige qué fallos acatar y qué fallos no acatar, se comprometen también las instituciones de la vida democrática”.

Por su parte, Tóffolo destacó la unidad entre las universidades públicas. “Hoy tenemos distintas miradas políticas dentro de la universidad, pero nos juntamos todos y entendemos que defender la universidad pública es el bien común”, expresó.

Documento unificado: el Ejecutivo “desoye” a los demás poderes

Frente al Rectorado, alrededor de las 17 horas, se leyó un documento unificado en el que autoridades, estudiantes, gremios docentes y no docentes volvieron a reclamar por el financiamiento del sistema público de educación superior y exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Uno de los puntos del texto apunta al deterioro salarial. “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, advierte el documento, que denuncia -además- el “deterioro alarmante del poder adquisitivo” y el cierre de las paritarias por parte del Gobierno nacional.

El texto asegura que la situación presupuestaria es “crítica” y sostiene que el “recorte” ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. “Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, advierte.

Sostiene, asimismo, que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló un 293,3%, mientras que los salarios aumentaron un 147,3%, lo que implica “una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%”. Según remarca, el deterioro salarial “equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios” en ese período y ubica actualmente a los haberes universitarios “en su nivel más bajo de los últimos 23 años”.

En otro tramo, denuncia que el Gobierno nacional “ignora la Ley de Financiamiento Universitario”. Y advierte sobre “la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes”, al sostener que el Ejecutivo desoye tanto la legislación sancionada por el Congreso como los fallos judiciales que ordenan su aplicación. Finalmente, pide a la Corte Suprema de Justicia que “acompañe” y “escuche el clamor” de las plazas de toda la república y “no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”.

Todos juntos

Entre la columna, se mezclaban estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes. Camila, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, contó que marchaba como “primera generación universitaria”. “Si no existiera la universidad pública tampoco tendría posibilidades de estudiar”, expresó.

“Marcho por mí y por el resto de la sociedad argentina que necesita que las universidades sigan siendo públicas y de calidad”, agregó. Sobre el conflicto docente, sostuvo: “Los docentes no pueden estar cobrando 250 mil pesos y un diputado 8 millones. Es totalmente irrisorio lo que están cobrando los docentes y los no docentes”.

También participó Daniela Crowling, docente de la Facultad de Ciencias Hídricas e investigadora del Conicet, quien describió la situación salarial y laboral como “muy lamentable desde todo punto de vista. Eso repercute en la calidad de la docencia universitaria y, lógicamente, en ciencia. Es muy difícil trabajar en estas condiciones”, señaló. Y dijo que “espero que el Gobierno escuche. Es un reclamo más que lógico y masivo”.

Diego, trabajador de la Escuela Granja de Esperanza, advirtió sobre el impacto del ajuste en las escuelas preuniversitarias. “La situación es muy complicada”, sostuvo. Y reclamó que el presidente “entre en razón” y aplique la ley “que ya fue votada cinco veces. Eso lleva a desfinanciar la universidad pública y las escuelas preuniversitarias de la UNL”.