Rectores responden a Torrendell: “Descalificar a las universidades no exime de cumplir la ley”

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió al cruce de las declaraciones del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, durante su exposición de este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, donde defendió las partidas previstas para las universidades nacionales y reclamó mayor eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos.

A través de una declaración titulada “Descalificar a las universidades no exime al gobierno de cumplir la ley”, difundida este miércoles por la tarde, el organismo que reúne a las autoridades de las universidades públicas rechazó que el funcionario calificara como un “acuerdo de casta” la posición compartida por los rectores en defensa del financiamiento universitario.

“Esa descalificación resulta especialmente grave en boca de quien tiene la responsabilidad de conducir políticas educativas, promover el diálogo institucional y garantizar las condiciones para enseñar y aprender”, sostuvo el CIN.

La respuesta se produjo después de que Torrendell defendiera el presupuesto universitario propuesto por el Gobierno nacional y afirmara que las universidades ganaron participación dentro del presupuesto, en lugar de perderla. El secretario también planteó que el problema no es cuánto se invierte, sino cuánto rinde esa inversión en términos de eficiencia y equidad, y señaló que menos de dos de cada diez estudiantes de universidades estatales se reciben en el tiempo previsto para sus carreras.

Frente a esos argumentos, el CIN consideró que la coincidencia entre instituciones de distintas provincias, trayectorias y orientaciones constituye un consenso democrático en torno a la defensa del derecho a la educación superior y de las capacidades científicas, profesionales y culturales del país.

“Convertir ese acuerdo en una sospecha pretende deslegitimar a los interlocutores para evitar responder a sus argumentos”, afirmó.

Presupuesto y condiciones para estudiar

Uno de los principales cuestionamientos del CIN apuntó a la contraposición que planteó Torrendell entre el reclamo de recursos y las transformaciones que, según el funcionario, beneficiarían a los estudiantes.

“El financiamiento es una condición del derecho a estudiar”, remarcó el organismo, que vinculó los salarios docentes con la continuidad de las clases, las becas con la posibilidad de sostener las trayectorias académicas y los recursos de funcionamiento con la apertura de aulas, bibliotecas y laboratorios.

En ese sentido, advirtió que mejorar el ingreso, la permanencia y la graduación requiere decisiones académicas, pero también recursos adecuados. “Ninguna política de acompañamiento puede sostenerse indefinidamente sobre salarios deteriorados, equipos sobrecargados e infraestructura insuficiente”, señaló.

El organismo recordó que presentó una propuesta presupuestaria para 2027 por 11 billones de pesos, aprobada en su plenario de Río Negro. La cifra contrasta con los 7,3 billones de pesos previstos por el Gobierno nacional, según lo expuesto durante el debate en Diputados.

“Corresponde discutir sus fundamentos y necesidades con información verificable. Un calificativo agraviante no reemplaza esa discusión”, planteó el CIN.

También cuestionó el argumento de que las universidades aumentaron su participación porcentual dentro del presupuesto nacional. Según explicó, esa proporción puede crecer porque disminuye el conjunto sobre el cual se calcula. Por eso, reclamó considerar el poder adquisitivo de las partidas, su ejecución efectiva, la evolución salarial, la matrícula, los costos y las responsabilidades del sistema.

El debate por la graduación

Otro de los ejes de la respuesta estuvo relacionado con los indicadores de desempeño universitario que expuso Torrendell. El secretario había señalado que menos de 2 de cada 10 estudiantes de las universidades estatales se reciben en el tiempo previsto para sus carreras.

El CIN sostuvo que utilizar el egreso en el tiempo teórico como medida concluyente de desempeño confunde un indicador parcial con una evaluación integral. “Quienes completan sus estudios después del plazo previsto también se gradúan. Demorar una trayectoria no equivale a abandonarla”, expresó.

El organismo también advirtió que las comparaciones entre universidades públicas y privadas deben explicitar las cohortes, las metodologías, las disciplinas y las condiciones de los estudiantes. Entre las variables que consideró necesario contemplar mencionó el trabajo remunerado, las responsabilidades de cuidado y las desigualdades en la formación previa.

En relación con el crecimiento de las plantas docentes, el CIN sostuvo que ese dato tampoco demuestra por sí mismo ineficiencia, ya que debe analizarse en conjunto con la matrícula, las dedicaciones, la creación de nuevas instituciones y carreras y las tareas de investigación y extensión.

“Una universidad que recibe a quienes enfrentan mayores obstáculos necesita herramientas para acompañarlos hasta el título”, afirmó.

Derecho a réplica

La declaración también respondió a los cuestionamientos sobre la transparencia y los mecanismos de control. El CIN aseguró que las universidades rinden cuentas por los recursos que administran, que su información es pública y que se eleva periódicamente al Poder Ejecutivo nacional, además de estar sometida a controles legales.

En contrapartida, reclamó que el Gobierno informe con la misma claridad qué fondos presupuesta, cuáles transfiere, qué obligaciones mantiene pendientes y cómo fundamenta sus prioridades.

El organismo propuso crear una instancia pública de seguimiento del financiamiento universitario que permita comparar créditos presupuestarios, transferencias, ejecución y necesidades. También sostuvo que cualquier denuncia sobre irregularidades debe acompañarse de pruebas y tramitarse por las vías institucionales correspondientes.

Sin embargo, el punto central de la respuesta fue el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El CIN recordó que el Congreso sancionó la norma y rechazó el veto presidencial, y señaló que el reclamo cuenta además con decisiones judiciales favorables.

“No se trata de un conflicto del CIN con el gobierno, es un conflicto del gobierno con la ley y el Estado de derecho que lesiona la capacidad de la universidad pública argentina y con ello perjudica al país en su conjunto”, expresó.

En el tramo final del documento, el organismo cuestionó la actuación de Torrendell durante sus tres años de gestión y sostuvo que no respondió notas formales ni advertencias de las autoridades universitarias. También lo acusó de no haber convocado al diálogo ni presentado propuestas más allá del ajuste y la descalificación.

“Pedimos igual trato: responda con información, dialogue con respeto con las instituciones, asuma su responsabilidad y cumpla con la ley”, reclamó.

Por último, el CIN solicitó formalmente a las autoridades de la Comisión de Presupuesto de Diputados que habiliten la participación de sus autoridades y de representantes de la comunidad universitaria en la próxima reunión, antes de que se emita dictamen sobre el Presupuesto 2027.

El pedido busca garantizar el derecho a réplica frente a las referencias formuladas por los funcionarios nacionales durante la exposición. “La universidad pública se transforma con políticas y recursos. Descalificarla no resuelve ninguno de sus problemas, solo erosiona su legitimidad, afectando a la nación toda”, concluyó el organismo.