En defensa de la educación pública

Por Pedro E. Bayúgar, Secretario Gremial de SADOP Nación

Superando la confusión que pueden albergar algunos, la Educación Pública es la organizada y dispuesta por la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que crea y estructura el Sistema Educativo Nacional, integrado por todas las Escuelas del país, las estatales y las privadas.

Defender la Educación Pública es defender el derecho individual y social a la Educación, es defender el progreso común, de todos los argentinos, es defender la Nación y su futuro.

La responsabilidad del Estado con relación a la Educación pública ha sido considerada, por la ley ya aludida, como una responsabilidad principal e indelegable, responsabilidad que es secundada por la participación de las organizaciones sociales y las familias, según dice el art. 4 de la Ley citada.

El Estado, concebido según la Ley en cuestión, es el garante, el responsable, el financiador y conductor del Sistema Educativo Nacional.

No hay duda que, conceptualmente hablando, entre el Estado concebido por la Ley 26206 y la actual gestión del gobierno nacional hay significativas diferencias, por no decir abismales diferencias.

No pretendo abundar en cuestiones académicas, pero a nadie se le escapará que el Gobierno, como organización política, es una pieza fundamental del Estado, por lo que si el gobierno pretende un Estado minusválido, generará acciones, políticas y obras que definirán un tipo Estado, diferente o muy diferente del que asume protagonismo, presencia y gestión política que hace a la fortaleza del mismo Estado, frente a los ciudadanos, frene a la sociedad y frente a la comunidad de naciones del mundo entero.

Así las cosas, al asumir Macri y su mentado equipo la conducción del Gobierno nacional, asumió también un rol o un perfil del Estado, inspirado ideológicamente y animado políticamente. La función de este nuevo Estado la especificó su ministro Bullrich al proclamarse el ministro de las más de 40.000 escuelas de todo el país (el día 11 de diciembre en presencia de los gremios docentes), aunque luego suscribió el decreto organizativo del propio Ministerio, aludiendo permanentemente a la Ley Federal de Educación, la misma que fuera derogada y sustituida por la Ley de Educación Nacional, y finalmente repetir hasta el hartazgo que el Ministerio de Educación de la Nación no tiene ni escuelas ni docentes, intentando justificar en 2017 la no convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, alegando que cada jurisdicción debe asumir su sistema educativo.

De esta forma, sin ley ni decreto de necesidad y urgencia, el Sistema Educativo Nacional se fraccionó en 24 (como lo concebía la Ley Federal de Educación), y cada una de estas partes, con su presupuesto y/o viabilidad, le otorgará a su porción o a su cuota-parte del Sistema educativo el horizonte y perfil que pueda y quiera.

Es indudable entonces que el Estado cambió, que el cambio de gobierno también significó un nuevo Estado, más reducido en acciones, más acotado en su política y, como consecuencia de todo esto, el Sistema Educativo Nacional ha quedado desarticulado, desmembrado, desigual, debilitado, empobrecido y con un sentido social mucho más mezquino o aún inexistente.

Si a esto le sumamos la participación e injerencia dentro mismo del Sistema Educativo Nacional de empresas multinacionales, como Microsoft, y también el fuerte impulso desde el Gobierno Nacional al Acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, en donde se concibe a la Educación como un Servicio, no como un derecho, sujeto a los acuerdos y avatares de la OCDE (Organización internacional del Comercio), entonces creo que ha llegado el momento de asumir lo que a cada uno le compete.

Si el Estado macrista no es el Estado que requiere la Ley de Educación Nacional, la ley que apoyamos todos y la que votaron positivamente en el Congreso algunos de los protagonistas del mejor equipo de los últimos cincuenta años, ha llegado el momento en que los secundariamente convocados, las organizaciones sociales, sindicales y aún las familias, asuman el protagonismo que el Estado ha dejado, debiendo, en la medida de sus posibilidades, garantizar “la educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación,”… con “igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho” a la educación (art. 3 ley 26206).

Obviamente que, dentro de las organizaciones sociales que la ley menciona, los sindicatos docentes tienen una preponderancia singular y deben tener en esta instancia una acción significativamente docente de cara a la sociedad, que seguramente los secundará, pero que espera este alerta, este llamado de las organizaciones más comprometidas para hacerse sentir, en el momento oportuno, quizá en el momento electoral que se avecina, quizá como lo han venido haciendo con el acompañamiento en las calles, en la movilizaciones docentes del presente año.

Sabemos que hay otras organizaciones, como las Universidades, las Iglesias, los partidos políticos y aún las mismas provincias, que no pueden permanecer ajenas, como mirando para otro lado, frente a este serio deterioro del Sistema Educativo Nacional, el mismo que nos debería permitir construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.

Las organizaciones y ciudadanos que no se sientan convocados pueden ir revisando sus Actas fundacionales, para recordar para qué existen, para qué fueron fundados y que otro sentido superior pueden tener en sus vidas…