La seguridad en el río Paraná, a la altura de Rosario, sumó esta semana un nuevo capítulo.
Río Paraná: Rosario avanza con nuevas medidas de seguridad en paradores isleños y navegación recreativa
El Concejo aprobó la obligatoriedad de guardavidas en los paradores del delta para la próxima temporada y deberá resolverlo con Entre Ríos, que tienen jurisdicción en la mayoría de los que visitan personas de Rosario

El Concejo Municipal aprobó este jueves una ordenanza que establece la obligatoriedad de contar con servicio de guardavidas en los paradores isleños durante la próxima temporada de verano, en una medida que busca ordenar y reforzar la prevención en uno de los circuitos recreativos más utilizados por personas de Rosario y turistas.

La iniciativa, impulsada por la concejala Anahí Schibelbein, se apoya en un diagnóstico que encendió alertas: de los 24 paradores relevados en el delta frente a la ciudad, solo tres disponían de guardavidas.
El dato, surgido del Consejo Consultivo del Río en 2025, expuso una cobertura limitada en espacios que concentran gran afluencia de público en los meses de calor. Uno de los casos que precipitó el pedido al Concejo fue la muerte de la gendarme Caren Itatí Ojeda, que a fines de noviembre había desaparecido luego de tirarse al río en la zona de Isla Verde, uno de los paradores más populares de la zona.
Según lo aprobado ayer, la Municipalidad deberá gestionar ante los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos la prestación del servicio en los paradores ubicados en sectores como La Invernada, Paraná Viejo y El Banquito (Isla Sabino Corsi), además de aquellos que se sumen en el futuro.

“De los datos que pudimos recabar se desprendía una situación alarmante en términos de seguridad, ya que solo tres paradores cuentan con guardavidas”, señaló Schibelbein y completó: “Esto implica que la gran mayoría de estos espacios no ofrecen condiciones adecuadas para quienes se bañan”.
La ordenanza incorpora además la necesidad de fortalecer otros dispositivos de prevención, como la señalización de zonas peligrosas y la instalación de boyado. La medida apunta a ordenar prácticas que, en muchos casos, se desarrollan en áreas no habilitadas formalmente como balnearios.
Un escenario de uso intensivo y riesgos visibles
No es novedad. El frente costero de Rosario se consolidó en los últimos años como un polo turístico y recreativo, con un flujo constante de embarcaciones que cruzan hacia las islas. Pero ese crecimiento no siempre estuvo acompañado por infraestructura y controles acordes.
En esos espacios, la presencia de bañistas convive con corrientes variables, bancos de arena inestables y tránsito de lanchas.
“La Municipalidad habilita las lanchas que llevan pasajeros, pero esos turistas llegan a paradores donde la gente se baña y no hay guardavidas”, explicó el año pasado el dirigente de guardavidas Ricardo Nallino y completó: “Si cruzás y no hay seguridad, el Estado debería informarlo”.

Durante el último verano se registraron episodios que reforzaron la preocupación: choques entre embarcaciones con personas heridas, desapariciones de nadadores y hallazgos de cuerpos en la zona del río frente a la ciudad. Estos hechos funcionaron como telón de fondo para acelerar la discusión sobre medidas concretas como la de empezar con controles de alcohol en quienes conducen vehículos acuáticos.
Al final del verano se intensificaron los operativos de alcoholemia a conductores de embarcaciones, con el objetivo de reducir siniestros en el río. Según lo dispuesto, los controles se deben realizar en puntos estratégicos y forman parte de una política de prevención que busca equiparar las exigencias del tránsito terrestre con las del ámbito fluvial.
Articulación entre jurisdicciones
Uno de los desafíos centrales que plantea la implementación de estas medidas es la coordinación entre distintas jurisdicciones. La mayoría de los paradores se encuentra en territorio entrerriano, mientras que gran parte de los usuarios parte desde Rosario.

La ordenanza aprobada reconoce esa complejidad y establece que el Municipio deberá articular con las provincias para garantizar la presencia de guardavidas. El esquema implica acuerdos operativos y definiciones sobre financiamiento, cobertura y responsabilidades.
La incorporación obligatoria de guardavidas busca alinear la promoción con estándares mínimos de seguridad. A su vez, la señalización y la información al usuario aparecen como herramientas clave para orientar conductas y reducir riesgos.








