Naranpol: ordenan desalojar la planta

La Justicia se involucró en el conocido como “caso Naranpol”. El juez de Primera Instancia de Distrito de la 11º Nominación de Santa Fe, Dr. Gustavo A. Ríos, ordenó el desalojo de la planta de Productora Alimentaria SA, que produce y comercializa productos Naranpol.

En el documento se argumenta que “mientras los trabajadores manifestaban estar pacíficamente ejerciendo el derecho a huelga, en la planta constituían una cooperativa de trabajo con idéntico objeto empresarial y con domicilio en sus instalaciones”.

Por su parte, el juez de instrucción de turno en feria, Nicolás Falkenberg, tras recibir una denuncia por la comercialización de productos de esa marca, sin la debida habilitación, ordenó impedir el ingreso y egreso de mercadería en la fábrica, ubicada en el acceso norte a esta capital. Debe recordarse que, oportunamente, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria ordenó la intervención preventiva de los productos que se estaban comercializando en el establecimiento, y que cuando los auditores del organismo se presentaron a fin de auditarla “las personas que se encontraban en el interior negaron el ingreso”.

En su decisión, el juez Falkenberg resaltó que, “en el marco del concurso preventivo de Productor Alimentario S.A., en su momento se dispuso el desalojo porque la masa concursal debe tomar la administración de la planta”. Hubo una denuncia de que se estaría comercializando y produciendo dentro de las plantas, que se estaría vendiendo mercadería que pertenece a la firma y no se sabe qué pasa con el dinero”, especificó el magistrado.

Ríos, por su parte, al ordenar el desalojo, indicó que “la finalidad básica del concurso preventivo se encuentra en crisis y pone de manifiesto la inoperancia del sistema. Ya no se sabe si la empresa la administran su directorio, los empleados o una cooperativa, o si está, lisa y llanamente, siendo saqueada”. Por ello, “se hace menester oficiar al Ministerio de Seguridad de la provincia para que ponga inmediatamente a disposición de este tribunal las fuerzas policiales necesarias para dar cumplimiento a la orden impartida en esta causa, bajo los apercibimientos que prevén la ley y la Constitución de la Provincia”.