El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece un marco federal para revisar riesgos para la seguridad nacional de modelos avanzados de inteligencia artificial antes de su publicación, con un plazo máximo de 30 días y con participación voluntaria de los desarrolladores. El texto de la directiva señala que “las capacidades avanzadas de IA hacen que nuestra Nación sea más fuerte, pero también introducen nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre los departamentos y agencias del poder ejecutivo”.
Para evaluar riesgos
Trump firmó una orden ejecutiva para revisar personalmente modelos de Inteligencia Artificial
Crea un marco federal para analizar su alcance en la seguridad nacional de sistemas de IA avanzados durante hasta 30 días. La participación de desarrolladores como Anthropic, OpenAI y Google será voluntaria.
La orden ejecutiva llega menos de dos semanas después de que el mandatario pospusiera una ceremonia en la Casa Blanca por sus temores de afectar la ventaja tecnológica de Estados Unidos; en ese contexto Trump dijo que “Le estamos ganando a China, le estamos ganando a todos, y no quiero hacer nada que se interponga en el camino de esa ventaja”. El gobierno precisó que el proceso de revisión será ágil para no frenar el ritmo de la industria.
El marco federal propone que las agencias del Ejecutivo coordinen una evaluación previa a la publicación de sistemas avanzados, con un énfasis en riesgos de seguridad. La directiva indica un plazo limitado, más corto del que algunos en la industria esperaban, y contempla que la participación de empresas tecnológicas sea voluntaria; entre las mencionadas figuran Anthropic, OpenAI y Google, que tenían previsto asistir al acto de firma del 21 de mayo.
Analistas y actores del sector reaccionaron a la medida. Juan Londoño, analista de políticas del Instituto Cato, dijo que la orden es imperfecta pero que es “un paso en la dirección correcta para preparar a la nación para la publicación de sistemas avanzados de IA”; además expresó inquietudes sobre la vaguedad respecto a cómo el gobierno, encabezado por el director de la Agencia de Seguridad Nacional, decidirá qué modelos califican para el escrutinio y qué socios de confianza tendrán acceso previo.
Cómo funcionará la revisión federal
La directiva fija que el gobierno federal tendrá hasta 30 días para Evaluar posibles riesgos de seguridad nacional antes de la puesta en marcha pública de un sistema de IA avanzado. Ese plazo se estableció como límite operativo del marco, con la intención de equilibrar la necesidad de supervisión y la velocidad de despliegue de nuevas capacidades tecnológicas.
El texto delega la coordinación entre departamentos y agencias del Ejecutivo para identificar riesgos y organizar revisiones técnicas y de seguridad. La participación de desarrolladores en ese proceso se plantea como voluntaria, por lo que el gobierno buscará colaborar con socios del sector privado sin imponer obligaciones legales directas en la orden.
La existencia de un plazo breve fue destacada por fuentes de la industria como un elemento central: algunas empresas esperaban periodos más largos, que según la directiva podrían resultar demasiado onerosos para una industria en rápido movimiento.
Preocupaciones sobre acceso temprano
Empresas como Anthropic, OpenAI y Google fueron citadas como posibles colaboradoras voluntarias en el proceso federal de evaluación; muchas de ellas fue invitadas al acto de firma del 21 de mayo. En paralelo, Anthropic anunció en abril su nuevo modelo Claude Mythos y limitó inicialmente el acceso a un grupo reducido de socios de confianza.
Tras el anuncio de Mythos, el secretario del Tesoro y el presidente saliente de la Reserva Federal convocaron a directores ejecutivos de Wall Street para advertir sobre riesgos potenciales vinculados a vulnerabilidades de ciberseguridad que el modelo podría identificar. Anthropic informó luego que amplió el acceso a otras 150 organizaciones.
Juan Londoño expresó que el carácter voluntario de la colaboración es positivo, pero advirtió que la vaguedad en los criterios para seleccionar modelos y socios de confianza podría abrir espacio a presiones políticas en el acceso temprano a sistemas avanzados.
La directiva deja al gobierno federal un plazo de 30 días para revisar sistemas antes de su publicación y establece la colaboración voluntaria con desarrolladores, una combinación que definirá cómo se organizará el control previo y el acceso temprano a modelos de inteligencia artificial.
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