El conflicto por la reubicación de carpinchos en Nordelta sumó un nuevo capítulo luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín hiciera lugar a una apelación presentada por la asociación Callejero Casa Quiere. En su resolución, el tribunal consideró que la recolocación de los animales fue “un acto prematuro e irracional”, y ordenó frenar cualquier nuevo traslado.
“Prematuro e irracional”
La Justicia frenó el traslado de carpinchos en Nordelta y exigió un estudio ambiental
Un fallo suspendió nuevas acciones sobre los animales y cuestionó el operativo realizado, al considerar que se avanzó sin un análisis previo de las consecuencias ecológicas.
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La decisión representa un cambio significativo respecto a medidas previas que habían habilitado la intervención sobre la fauna del lugar.
Prohibición y estudio ambiental
Los jueces Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici resolvieron prohibir cualquier otra recolocación de carpinchos hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo. Además, habilitaron la feria judicial y solicitaron un informe detallado sobre la prueba piloto realizada, el cual deberá ser elaborado por la autoridad de aplicación junto con los especialistas que intervinieron.
Este fallo dejó sin efecto la decisión de una jueza de primera instancia que había autorizado el traslado de los ejemplares, contradiciendo una cautelar anterior que impedía retirarlos de su hábitat natural.
Respecto a los carpinchos que ya fueron removidos, la Cámara calificó la medida como un “error gravísimo” y recordó que se trata de fauna protegida en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, subrayó que cualquier acción que implique sacarlos de su entorno natural debe ser excepcional, justificada y debidamente fundamentada.
Un operativo que desató polémica
El punto más tenso del conflicto se produjo durante la madrugada del 13 de enero, cuando seis carpinchos fueron retirados del lugar. Según denuncias de vecinos y organizaciones ambientalistas, los animales habrían sido sedados y trasladados en jaulas, lo que generó una fuerte reacción de rechazo.
La controversia se originó por la presencia de manadas en zonas de circulación vehicular, donde la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora, situación que motivó un operativo iniciado el lunes 12 de enero.
El primer despliegue, que incluyó la colocación de trampas, no dio resultados y tampoco contó con el respaldo de los protectores, quienes habían acordado que cualquier traslado debía realizarse con la presencia de testigos o veedores y con información clara sobre el destino de los animales.
Sin embargo, los mismos denunciantes aseguraron haber registrado en video la extracción de tres hembras y tres machos, presuntamente sedados con dardos y cargados en jaulas durante la mañana. Según indicaron, no hubo datos oficiales sobre el procedimiento debido a la ausencia de veedores en el lugar.
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