El Gobierno Nacional confirmó que avanza el proceso de licitación para la modernización de más de 9.000 kilómetros de la red vial estratégica del país, tras finalizar el período de impugnaciones. Según se informó oficialmente, 12 empresas quedaron habilitadas para continuar en la instancia evaluativa, en el marco de la Red Federal de Concesiones.
Infraestructura vial
Modernización de rutas: cómo avanza la licitación de corredores viales en Argentina
Tras la revisión de impugnaciones, el Gobierno Nacional confirmó que 12 empresas continúan en el proceso licitatorio para reformar corredores viales clave con inversión privada.
La iniciativa contempla un esquema de inversión 100% privada y forma parte de una estrategia para mejorar la infraestructura vial sin comprometer recursos estatales. Desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía destacaron que el proceso se desarrolla bajo criterios de “transparencia, seguridad jurídica y rigor técnico”.
En esta nueva etapa —denominada II A— se proyecta concesionar más de 1.900 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en dos tramos clave: el corredor Sur Atlántico–Acceso Sur, con más de 1.300 kilómetros, y el tramo Pampa, que abarca más de 500 kilómetros sobre la Ruta Nacional 5.
Evaluación técnica y exclusiones
Durante el proceso se recibieron 19 ofertas, de las cuales 12 fueron admitidas tras acreditar capacidad técnica y solvencia financiera, mientras que otras 7 quedaron fuera por no cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos.
Uno de los casos más relevantes fue el de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), que fue desestimada en el tramo Sur Atlántico–Acceso Sur. Según explicaron las autoridades, la decisión respondió a incumplimientos técnicos y financieros.
Entre las observaciones se destacó la falta de acreditación de capacidad para ejecutar obras con estructura propia, un requisito considerado central para garantizar la correcta ejecución de los trabajos. Además, la empresa presentó indicadores de endeudamiento que superaban ampliamente los límites fijados en la licitación.
Desde el Gobierno señalaron que AUBASA tuvo la oportunidad de subsanar estas inconsistencias durante la evaluación, pero no logró revertir las observaciones. También se indicó que no presentó el balance contable requerido en los términos establecidos.
Un modelo basado en inversión privada
La licitación forma parte de un esquema que busca transferir al sector privado la responsabilidad de ejecutar, mantener y operar los corredores viales, asumiendo también los riesgos económicos asociados.
En este sentido, desde el Ejecutivo remarcaron que los requisitos establecidos no son meramente formales, sino que apuntan a asegurar que las empresas adjudicatarias cuenten con capacidad real para afrontar obras de gran escala sin depender de asistencia estatal.
Asimismo, se subrayó que los criterios de evaluación fueron aplicados de manera uniforme a todos los oferentes, independientemente de su naturaleza jurídica o jurisdicción de origen, lo que refuerza la objetividad del proceso.
El Gobierno sostuvo que este esquema permitirá avanzar hacia un sistema vial más eficiente, con estándares de calidad y previsibilidad superiores. “El objetivo es consolidar un modelo con reglas claras, competencia genuina y responsabilidad técnica”, indicaron desde el Ministerio de Economía.
Mientras tanto, el proceso continúa con la evaluación de las propuestas admitidas, en una etapa clave para definir quiénes serán los futuros concesionarios de corredores estratégicos para la conectividad y el desarrollo productivo del país.
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