Cuando la escuela no puede mirar para otro lado

En los últimos días se hizo público el caso ocurrido en una escuela santafesina: un alumno llegó con señales de maltrato y, al ser consultado, contó lo que ocurría en su hogar. La escuela activó el protocolo y el caso llegó a la Justicia.

Durante casi cuarenta años recorrí las aulas, dieciséis de ellos como directora, y aprendí que la escuela es, muchas veces, el único lugar donde un niño se encuentra todos los días con adultos que no son su familia.

Cuando algo en su vida no está bien, somos quienes primero lo vemos: un cambio de conducta, un silencio nuevo, un relato que se le escapa en medio de una clase. En Santa Fe, ese lugar de primera línea tiene respaldo normativo: la Ley provincial Nº 12967 de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y las guías de intervención del Ministerio de Educación.

Sus principios: el interés superior del niño está por encima de cualquier otra consideración; hay que escucharlo con preguntas abiertas, evitando que reviva lo ocurrido, y la información se maneja con confidencialidad. Quienes trabajamos para el Estado tenemos la obligación de comunicar las situaciones de vulneración de derechos: mirar para otro lado no es una opción ética ni legal.

Un protocolo, sin embargo, es solo un papel: lo que lo hace funcionar son las personas. Durante mi gestión lo aplicamos en equipo con los docentes, dialogando con los niños y, cuando era posible, con las familias.

Y activar el protocolo no es el final del camino, sino el comienzo: después viene lo menos visible, que es seguir de cerca al niño, sostener su lugar en el aula, cuidar que no sea señalado por sus compañeros y estar atentos a cómo vuelve a la escuela al día siguiente. Ese acompañamiento cotidiano no figura en ningún formulario, pero muchas veces es lo que más pesa en la vida de un chico.

Cada caso fue distinto. A veces, luego de la intervención, el niño regresó a su hogar porque se evidenció que era lo más apropiado: activar el protocolo no es castigar a una familia ni suponer lo peor, sino permitir que quienes tienen la competencia específica miren la situación a fondo. Otras veces fueron vecinos y familiares quienes se acercaron a la escuela, porque ellos mismos temían denunciar.

Confiaban en nosotros porque estamos. Esa confianza honra a la escuela, pero revela algo incómodo: de ella se espera todo. Hubo también casos graves, en los que los niños fueron separados de su familia por decisión judicial, decisiones dolorosas para todos pero tomadas en nombre de su protección.

No siempre se nos comprendió. Algunos padres sintieron la intervención de la escuela como una intromisión en su vida familiar. Entiendo ese primer impulso: a nadie le resulta fácil que se cuestione cómo cuida a sus hijos.

Por eso insistíamos en explicar qué hacíamos y por qué, y en dejar siempre abierta la puerta del diálogo. Aun así, nunca miramos hacia otro lado: cuando hay un niño en riesgo, la escuela no pide permiso para cuidar.

Hay otra cara que no se puede ocultar: la exposición de quienes intervienen. La guía del Ministerio establece que la actuación es de la institución y no del docente a título personal, pero en la práctica la familia suele deducir con facilidad quién intervino, y proteger su identidad es una preocupación que los docentes expresan hace tiempo.

Y quien interviene, además de un acta, necesita acompañamiento psicológico y apoyo emocional reales. Es que la escuela no es una isla. Los problemas sociales se replican en ella y hoy está desbordada: se le exige tanto que se desdibuja su función principal, que es enseñar.

Para un niño que vive en un entorno violento, el orden cotidiano de la clase, la palabra y la rutina también es una forma de cuidado: a veces la clase es el único momento del día en que todo sucede como se espera. La escuela cuida enseñando, pero no puede todo. ¿Y nosotros, como sociedad, hacemos lo suficiente?

Todos hemos visto alguna vez situaciones de vulnerabilidad de niños y jóvenes a nuestro alrededor y, muchas veces, miramos hacia otro lado, por temor, pensando en nosotros y en nuestras familias. Es un temor válido y comprensible, pero no puede convertirse en indiferencia.

Quizás deberíamos cambiar la mirada y preguntarnos, desde nuestro lugar, qué parte nos toca. Muchas familias acompañan la labor docente; el desafío es que todas, a pesar de lo escaso de sus tiempos y de los problemas que enfrentan, puedan estar más presentes.

Una familia que conversa con la escuela, que pregunta, que avisa cuando algo cambia en casa, es una aliada insustituible; y la escuela, por su parte, debe abrir esa puerta con respeto y sin juicios, para que acercarse no dé miedo.

También los vecinos, los clubes, los centros de salud y las organizaciones barriales forman parte de la trama que cuida: ningún niño debería depender de que un solo adulto se anime a hablar. Y las redes entre instituciones, que están previstas, necesitan sostenerse en el tiempo y contar con los recursos para funcionar.

El protocolo, las orientaciones y los equipos socioeducativos (insuficientes frente a la demanda) son necesarios y valiosos, pero no alcanzan. Contar con profesionales idóneos en cada escuela parece una utopía y la falta de recursos es un impedimento.

Sin embargo, un psicólogo, un trabajador social o un psicopedagogo que conozca a los chicos y a sus familias permitiría detectar a tiempo, acompañar a los docentes y trabajar con cada hogar antes de que el problema se agrave.

Llegó el momento de buscar la forma y fijar metas a mediano y largo plazo, que se sostengan más allá de cada gestión y se evalúen con honestidad. Tiene un costo innegable, pero es mayor el que pagamos cada vez que un niño queda sin la protección que necesita.

Una infancia que no fue cuidada a tiempo puede ser la causa de un daño futuro, a veces irreparable, que no se mide económicamente: destruye, lastima profundamente, duele. Y, sin lugar a dudas, ese dolor lo sentimos todos.

La autora es docente jubilada, con treinta y ocho años de trayectoria en el sistema educativo. Fue directora escolar durante dieciséis años y se desempeñó como supervisora.