La reforma de la Constitución fue un proceso que llevó tiempo, discusión, acuerdos, y un debate profundo sobre la provincia que queremos construir. Fue un trabajo de enorme trascendencia porque nos permitió actualizar las reglas de nuestra democracia, y sobre todo porque nos obligó a repensar las instituciones.
La reforma no termina con la Constitución
¿Cómo se controla y se remueve a un juez o a un fiscal que no cumple con su deber? Durante años, Santa Fe convivió con sistemas diferentes y criterios desiguales para responder a esa pregunta.

Hace pocos días se cumplió un año de la convención constituyente y aún nos queda pendiente una tarea menos visible, pero indispensable: adecuar las leyes y los procedimientos al nuevo texto constitucional.
Uno de los temas que debatimos, decidimos y sancionamos, entre muchas otras cuestiones, fue la modificación al sistema de enjuiciamiento de jueces, procuradores, fiscales y defensores. La Constitución de 25 estableció nuevas reglas para juzgar y eventualmente remover a quienes tienen responsabilidades en la Justicia y en el Ministerio Público a través de un nuevo Jurado de Enjuiciamiento de conformación plural.

Nos corresponde entonces readaptar ese mandato constitucional y hacer operativos los acuerdos que alcanzamos.
Durante mucho tiempo discutimos cómo equilibrar independencia judicial, responsabilidad y control democrático. Esa discusión fue necesaria y fue parte de la propia Convención. La Constitución ya estableció que el sistema anterior no puede continuar. Estamos en mora con la tarea de adecuar las leyes a ese nuevo acuerdo.
Y estar en mora no significa que haya que volver a discutir todo. Significa que tenemos que cumplir.
La reforma fue el gran acuerdo. Ahora viene la etapa de hacerla realidad.
Adecuar las leyes a la nueva Constitución es, en definitiva, una forma concreta de respetar aquello que tanto nos costó construir: un sistema institucional con más equilibrio, más transparencia, más garantías y menos espacios para las lógicas corporativas.
Durante años convivieron en Santa Fe diferentes sistemas para controlar y remover a quienes ejercen funciones judiciales. En el caso de los fiscales, la Legislatura tiene aún (y hasta que adaptemos las leyes), una fuerte intervención.
Por eso, en el nuevo régimen proponemos que jueces, procuradores, fiscales y defensores respondan ante un mismo ámbito de enjuiciamiento, con reglas comunes y con las garantías propias de un Estado de derecho.
La integración del Jurado de Enjuiciamiento expresa justamente esa idea. Incorpora a representantes de distintos poderes y de la abogacía, con participación de las minorías legislativas. La responsabilidad así ya no queda concentrada en un solo sector ni puede confundirse el control con la pertenencia corporativa.
También cambia la manera de llevar adelante estos procesos. El proyecto establece un sistema acusatorio con derecho de defensa, producción de prueba, audiencias orales y públicas y decisiones debidamente motivadas y publicadas. Es decir: reglas conocidas de antemano, transparencia y garantías para todos.
Y un aspecto central que busca garantizar imparcialidad y evitar cualquier lógica corporativa: quien investiga y acusa no es quien finalmente juzga y decide. El proyecto prevé una investigación disciplinaria previa y un órgano acusador encargado de reunir los elementos, formular la acusación y sostenerla ante el Jurado de Enjuiciamiento.
La Constitución ya nos marcó el camino. Ahora nos toca convertir ese acuerdo en instituciones que funcionen.
(*) Diputada provincial de Santa Fe. Partido Socialista.








