Falsas denuncias, punitivismo y la necesidad de desjudicializar la vida cotidiana

Sofía Villagra, hermana de Nico D.G. —quien el lunes pasado fue absuelto tras la denuncia presentada por la madre de un hijo en común— expresó a El Litoral:

“Nadie está preparado para que la vida se te dé vuelta. De pronto estás en la cárcel visitando a tu hermano, que es un ser maravilloso y un padre admirable, denunciado por algo monstruoso. Es difícil no guardar rencor hacia quien motorizó semejante cosa, pero hay que trabajarlo personalmente; no se puede vivir en guerra, y menos cuando hay un niño en el medio. No es dar la otra mejilla, es tender la mano, ofrecer mil veces el abrazo”.

El sufrimiento atravesado por Nico y su familia durante los dos años que permaneció detenido resulta difícil de dimensionar. Pese a ello, Sofía sostiene una mirada centrada en la reconstrucción antes que en la revancha:

“No es ‘contra’, sino ‘con’ quienes impulsaron esta tragedia. Esto tiene que parar y lo tenemos que solucionar los adultos. Obvio que no se olvida, pero perdonar es lo único que sirve, y eso no te lo da un juez, un fiscal ni un juicio”.

Sus palabras exponen algo que muchas veces queda fuera del debate público: que aun después del daño, el resentimiento permanente y la lógica de guerra rara vez reconstruyen vínculos o alivian el sufrimiento. Allí donde el sistema penal sólo puede ofrecer castigo o absolución, muchas personas siguen buscando algo más difícil, pero quizás más humano: comprensión, reparación y paz.

La demagogia penal

En los últimos años, el debate público sobre las falsas denuncias quedó atrapado en una lógica binaria, emocional y cada vez más estéril. De un lado, legisladores que impulsan un endurecimiento penal contra quienes denuncien falsamente, bajo la idea de que penas más severas funcionarían como mecanismo disuasivo. Del otro, discursos que reaccionan negando el fenómeno mismo de las falsas denuncias o considerándolo irrelevante frente a la magnitud de las violencias reales.

Ambas posiciones, aunque enfrentadas, comparten un mismo presupuesto: la idea de que el sistema penal es el espacio natural donde deben resolverse los conflictos humanos más complejos y, además, que el enfrentamiento constituye la única forma posible de reparación o sanación.

Conflicto penal con fines de lucro

Las falsas denuncias existen. Existen en conflictos familiares, económicos, laborales, políticos y también en causas de género. Negarlo no fortalece derechos ni protege víctimas: simplemente impide discutir el fenómeno con honestidad intelectual. Pero reconocer su existencia tampoco obliga a caer en respuestas simplistas basadas en más castigo, más procesos y más expansión del poder punitivo.

Porque el endurecimiento penal frente a las falsas denuncias encierra una paradoja difícil de resolver: pretende solucionar los daños producidos por la judicialización… mediante más judicialización.

El slogan perverso del 0,09 % de falsas denuncias

Para probar que una denuncia fue deliberadamente falsa suele requerirse otro proceso judicial largo, costoso y traumático. Años de litigio, reconstrucciones interminables, exposición pública, destrucción de vínculos familiares y sociales, desgaste emocional y económico. El sistema responde a sus propias fallas ampliando todavía más el conflicto. Debe existir absolución de la acusación en todas las instancias y probar el dolo del denunciante. Mentir y usar porcentajes, más que “progre” y “feminista”, tiene un tinte stalinista, inhumano y amoral

Pensar pensadores

El criminólogo noruego Nils Christie advertía que las sociedades modernas “robaron” los conflictos a las personas. Lo que antes podía resolverse mediante mecanismos sociales, comunitarios o interpersonales pasó a convertirse automáticamente en materia judicial. El conflicto deja de pertenecer a quienes lo atraviesan y pasa a manos de operadores, expedientes y burocracias.

Grises y gama de colores

Las relaciones humanas —especialmente las familiares— rara vez funcionan bajo categorías simples de inocencia absoluta y maldad absoluta. Sin embargo, el sistema penal necesita construir precisamente eso: víctimas perfectas, victimarios perfectos y relatos cerrados. Todo aquello que no encaje en esa estructura queda desplazado.

El criminólogo neerlandés Louk Hulsman sostenía que el derecho penal simplifica artificialmente conflictos humanos complejos. Y esa simplificación produce inevitablemente injusticias. No porque el daño no exista, sino porque el aparato penal está diseñado para reducir experiencias humanas ambiguas a fórmulas procesales rígidas.

Vigilar, castigar y castigar

En los debates contemporáneos, esta lógica suele agravarse por la presión mediática y social. Muchas veces el proceso mismo se transforma en castigo. La sospecha pública opera como condena anticipada mucho antes de que exista una sentencia. El filósofo Michel Foucault ya advertía que las sociedades modernas expanden permanentemente sus mecanismos de vigilancia y disciplinamiento, incorporando cada vez más aspectos de la vida cotidiana al control institucional.

Enredados

Hoy ese fenómeno no sólo atraviesa tribunales, sino también redes sociales, medios de comunicación y dinámicas de cancelación pública.

Naturalizamos conflictos afectivos, disputas familiares, rupturas traumáticas o tensiones interpersonales ingresen automáticamente en una lógica penal. Y una vez que eso ocurre, casi nadie sale ileso. Incluso cuando hay absoluciones, el daño social, emocional y familiar muchas veces ya resulta irreversible.

Alimentan el drama aquellos legisladores que proponen penas por falsas denuncias, como para quienes proponen flexibilizar estándares probatorios o convertir medidas cautelares en penas anticipadas y extorsivas arrancar “confesiones”.

“...las cárceles no serán para castigo”

Allí aparecen perspectivas distintas, menos espectaculares y probablemente más difíciles, pero también más humanas. El criminólogo estadounidense Howard Zehr, referente de la justicia restaurativa, propone modelos centrados en la reparación, la escucha y la reconstrucción del tejido social antes que en la mera lógica del castigo.

No se trata de negar delitos reales ni de desproteger víctimas. Tampoco de minimizar el daño que pueden producir denuncias falsas o procesos injustos. Se trata de comprender que el sistema penal tiene límites profundos para resolver conflictos emocionales, familiares y sociales complejos.

Quizá una sociedad sana no sea aquella que convierte cada problema humano en una causa judicial, sino aquella capaz de desarrollar herramientas previas para evitar que los vínculos terminen destruidos por el expediente.

¿Por qué no probar otra vía?

Eso implica invertir menos en discursos punitivos y más en:

● educación emocional,

● mediación comunitaria,

● abordajes interdisciplinarios,

● salud mental accesible,

● dispositivos de intervención temprana,

● fortalecimiento familiar y social,

● y una cultura jurídica que preserve simultáneamente derechos, garantías y verdad.

Porque entre el negacionismo y el castigo ilimitado existe una tercera posición posible.

Una posición que reconozca que las falsas denuncias existen sin convertirlas en bandera ideológica. Que entienda que las violencias reales deben abordarse seriamente sin destruir el debido proceso. Y que comprenda, finalmente, que una sociedad más justa no necesariamente es aquella que castiga más, sino aquella que necesita castigar menos para poder convivir.