El petróleo venezolano que oxigena a Estados Unidos

América Latina concentra algunos de los recursos estratégicos más codiciados del planeta. Estar en el radar de Donald Trump implica, por tanto, un riesgo geopolítico de primer orden.

El litio del triángulo austral (Argentina, Bolivia y Chile), las inmensas reservas de agua dulce de la Amazonía y los acuíferos subterráneos, los minerales críticos de la minería andina y, de manera sobresaliente, el petróleo venezolano -las mayores reservas probadas del mundo- son objeto de una disputa creciente por parte de Estados Unidos.

En este escenario, el acuerdo anunciado entre Washington y Caracas sobre el control mayoritario de diecisiete yacimientos y más de 65 mil millones de barriles de crudo no constituye un simple entendimiento comercial, sino un movimiento que redefine el mapa de poder en el hemisferio occidental.

El presidente estadounidense presentó el pacto como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial". Lo hizo escoltado de manera deliberada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y no por un funcionario de Economía o de Energía.

Esa composición del anuncio no es casual: revela que el entendimiento se inscribe en una lógica de seguridad nacional y proyección de poder, más que en meras consideraciones de mercado o de política energética ordinaria.

Según los términos difundidos, Estados Unidos obtiene control mayoritario sobre campos que representan aproximadamente el 21,5 % de las reservas probadas de Venezuela (estimadas en torno a 303 mil millones de barriles), un volumen equivalente a más del 140 % de las reservas estadounidenses previas.

Trump afirmó que la operación "más que duplica" las reservas de su país, que esto reduciría los precios internos de los combustibles y que se concreta "sin costo alguno para el contribuyente estadounidense".

Del lado venezolano, la presidenta interina Delcy Rodríguez salió al paso de las críticas que denuncian una cesión de soberanía. En un mensaje a la nación insistió en que Venezuela "conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos", mientras utiliza capital, tecnología y capacidad operativa extranjera para recuperar una industria duramente golpeada por sanciones.

El acuerdo, de 25 años de vigencia, contempla el desarrollo de diecisiete campos estratégicos -varios en la Faja del Orinoco y en torno al lago de Maracaibo-, una inversión superior a los 100 mil millones de dólares y tributos estimados en más de 209 mil millones para el Estado.

Rodríguez proyectó un objetivo de producción adicional de 1,5 millones de barriles diarios y un ingreso aproximado de 19 dólares por barril para Venezuela, con regalías mínimas del 16 % e impuesto sobre la renta del 34 % en ciertos bloques. Agradeció explícitamente a Trump y a Rubio, y anticipó ampliaciones con operadores como Chevron, Repsol, Shell, ENI y BP.

En términos estratégicos, este acuerdo le otorga oxígeno a Estados Unidos ante el conflicto en el Estrecho de Ormuz. Desde el inicio de las hostilidades en febrero de 2026, el tráfico marítimo por esa vía crítica -por la que transitaba cerca del 20 % de los hidrocarburos globales- se ha reducido a una fracción de los niveles previos al conflicto, producto de bloqueos, ataques a buques y restricciones.

Asegurar un suministro estable y de largo plazo de crudo pesado venezolano, geográficamente cercano a las refinerías del Golfo de México y menos expuesto a las disrupciones de Medio Oriente, constituye un alivio material y un factor de resiliencia energética.

Permite a Washington diversificar orígenes, atenuar presiones inflacionarias internas y proyectar capacidad de influencia en un momento de reconfiguración de las rutas energéticas mundiales.

Más allá del petróleo, el episodio confirma que América Latina se ha convertido en el escenario donde las potencias buscarán ajustar su poder global. La competencia entre Estados Unidos y China por minerales críticos, tierras raras, cobre y litio ya se expresa en inversiones, presiones diplomáticas y reformas regulatorias a lo largo de la región.

En una entrevista con La Vanguardia, el analista Michael Klare sostuvo que Estados Unidos persigue el control de los recursos naturales de América Latina no únicamente por razones de seguridad hemisférica, sino para preservar su condición de potencia dominante en un orden internacional multipolar.

Expertos en transición energética y seguridad internacional, como Thea Riofrancos y Carlos Solar, subrayan que la concentración de litio, agua y biodiversidad sitúa a América Latina en el centro de las disputas por la reorganización de la economía global de bajo carbono y de las tecnologías duales.

El riesgo para los países latinoamericanos es evidente: la atracción de capitales y tecnología puede venir acompañada de condicionamientos políticos, pérdida relativa de autonomía en la gestión de recursos estratégicos y una nueva división del trabajo extractivo.

Al mismo tiempo, la interdependencia ofrece márgenes de negociación si los gobiernos regionales articulan visiones soberanas de industrialización y valor agregado, en lugar de limitarse al rol de proveedores de materias primas.

El acuerdo Venezuela-Estados Unidos, en suma, no se agota en cifras de barriles o montos de inversión. Representa un test de la capacidad de Washington para reasegurar su perímetro energético en un momento de tensión en Oriente Medio y de competencia sistémica con otros actores.

En su momento, Henry Kissinger se refirió a la importancia del hemisferio destacando la existencia de una "relación especial" entre Estados Unidos y las naciones de América Latina, marcada por la proximidad geográfica, los lazos históricos y los intereses de seguridad que no pueden ignorarse.

En el actual reordenamiento global, esa relación vuelve a ponerse a prueba, y América Latina vuelve a ocupar el lugar central que la geopolítica de los recursos le asigna.

El autor es analista internacional, docente de Ciencia Política, especializado en Seguridad y Defensa en Estados Unidos.