La Casa Rosada eligió el bajo perfil frente a la decisión de la AFA de parar el fútbol argentino. La primera reacción del Gobierno fue no involucrarse en el tema y dejar el conflicto dentro del perímetro institucional de la entidad.

Tras la decisión de la AFA de suspender la fecha 9, el Gobierno evitó involucrarse: “No tenemos por qué opinar”. En la Casa Rosada señalan que es un tema de la entidad y que la Justicia debe actuar con independencia.

La Casa Rosada eligió el bajo perfil frente a la decisión de la AFA de parar el fútbol argentino. La primera reacción del Gobierno fue no involucrarse en el tema y dejar el conflicto dentro del perímetro institucional de la entidad.
“No tenemos por qué opinar, es un tema de ellos”, repiten en el oficialismo ante la determinación de suspender la fecha 9 como respuesta al avance judicial que citó a indagatoria a autoridades de la AFA en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Aunque el Gobierno viene marcando diferencias con la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia y con el modelo de asociaciones civiles que defiende la AFA, esta vez optó por esquivar la polémica y no escalar el cruce.
En el oficialismo sostienen que la Justicia debe actuar de manera independiente y que las explicaciones deben provenir de la organización que conduce Tapia, mientras la administración de Javier Milei mantiene su foco en la agenda parlamentaria.

Cuando se conoció la citación, la AFA difundió un comunicado donde aseguró que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos fueron efectuados de manera voluntaria antes del vencimiento.
La entidad indicó además que ese planteo ya fue presentado ante el tribunal y que el tema está pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones. También cuestionó el accionar de ARCA, al sostener que busca convertir obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.
En paralelo, la AFA informó que, durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.
Así, el conflicto judicial sumó una derivación deportiva concreta: calendario en pausa y reprogramaciones por delante, en un contexto en el que el Gobierno, al menos por ahora, decidió no entrar en la discusión pública.