El Senado de la Nación tiene menos de tres semanas para avanzar con una ley nacional sobre apuestas online que lleva casi dos años paralizada y que enfrenta posiciones diferentes incluso dentro del oficialismo.
Apuestas online
Un proyecto para abordar una problemática urgente en adolescentes corre riesgo en el Congreso
La media sanción de Diputados lleva casi dos años sin avances en el Senado y se acerca el cierre de las sesiones ordinarias. Bullrich prometió impulsar su tratamiento, mientras el Gobierno mantiene un proyecto alternativo menos restrictivo sobre la publicidad. La Iglesia y los autores de la iniciativa reclaman una definición.
La iniciativa llegó a la Cámara alta el 29 de noviembre de 2024, después de conseguir 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones en Diputados. Desde entonces hubo reuniones informativas, pero no obtuvo dictamen en las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales.
El 29 de octubre, el Senado aprobó una moción de preferencia para retomar su tratamiento. Una semana después, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció: "La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos".
"Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites", agregó la legisladora.
El anuncio no significó, sin embargo, un acuerdo dentro de la bancada libertaria. Según las crónicas parlamentarias, persisten diferencias sobre el contenido y el procedimiento al interior del bloque. Bullrich comunicó su decisión en medio de sus desacuerdos con la Casa Rosada, que en mayo había presentado un proyecto propio para regular las apuestas online.
Dos proyectos y una diferencia de fondo
La media sanción, impulsada por Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, establece la prohibición general de publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online. Incluye camisetas de fútbol, estadios, transmisiones deportivas, redes sociales e influencers. Además, exige verificación biométrica de identidad y edad, crea un registro nacional de autoexclusión, limita los medios de pago y prohíbe utilizar tarjetas de crédito para apostar.
El proyecto enviado por el Ejecutivo en mayo prioriza el combate contra las plataformas no autorizadas y la prevención sanitaria coordinada por el Ministerio de Salud y la Sedronar. No prohíbe de manera general la publicidad de los operadores legales: establece condiciones para sus mensajes y exige que no estén dirigidos a menores. Tampoco incorpora un registro nacional de autoexclusión equivalente al de la media sanción ni sus restricciones específicas a los medios de pago.
La diferencia expone distintos abordajes para una misma problemática. El Gobierno propone concentrar los controles en el mercado clandestino, establecer pautas para los operadores autorizados y preservar las competencias provinciales sobre el juego. La Coalición Cívica busca limitar también las estrategias comerciales de las empresas habilitadas.
En una columna publicada este jueves en Clarín, Ferraro y Frade acusaron al Ejecutivo de enviar una iniciativa "hecha a medida del lobby", que permite mantener la publicidad de las plataformas legales. Los diputados calificaron esa propuesta como "un cambio para que nada cambie".
Frente al vencimiento de plazos
El 30 de noviembre terminarán las sesiones ordinarias del Congreso. Aunque esa fecha no implica técnicamente la caducidad inmediata de la media sanción, representa el límite para avanzar sin depender de una convocatoria del Ejecutivo a sesiones extraordinarias. Así, el proyecto podría conservar su vigencia hasta febrero de 2027, pero necesitaría ser incluido en el temario de extraordinarias para continuar su tratamiento después de noviembre.
Ferraro y Frade reclamaron que el compromiso expresado por Bullrich se traduzca en convocatorias a las comisiones, un dictamen y la aprobación definitiva del texto de Diputados. Cualquier modificación del Senado obligaría a devolverlo a la Cámara de origen.
La diputada Frade cuestionó los tiempos del anuncio oficialista y advirtió que seguir postergando el tratamiento puede dejar caer una iniciativa que consiguió acuerdos entre distintos bloques.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social también pidió que el proyecto no fuera archivado. El reclamo adquirió mayor visibilidad durante la visita de León XIV al país. Desde la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo había solicitado a los senadores "que se pongan las pilas y que no la dejen morir".
La preocupación tiene un respaldo estadístico. Según el estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO, el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años realizó apuestas por internet alguna vez.
Tal es la actualidad de la problemática que ya motivó legislaciones específicas en algunas provincias. Santa Fe, por caso, impulsó la Ley 14.235, que regula los juegos y apuestas online, y la Ley 14.293, de prevención y abordaje integral de la ludopatía.
En febrero, el secretario provincial de Aprecod, Luciano Sciarra, advirtió a El Litoral que la edad promedio de inicio en las apuestas digitales ronda los 13 años. La provincia también figura entre las jurisdicciones con mayor cantidad de consultas a la línea nacional de asistencia por juego compulsivo.
La definición en el Congreso dependerá ahora de tres comisiones presididas por senadores de La Libertad Avanza: Ivanna Arrascaeta en Salud, Nadia Márquez en Legislación General y Gonzalo Guzmán Coraita en Justicia y Asuntos Penales. La moción de preferencia aprobada en octubre no reemplaza el dictamen ni fija por sí sola una fecha de votación.
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