Cococcioni: "Planteamos las reformas desde las necesidades, pero partiendo desde estándares constitucionales"

A mediados de mayo, el Poder Ejecutivo ingresó -por Cámara de Diputados- dos mensajes de ley sobre temas de seguridad pública que están en debate de comisiones. El Litoral habló con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sobre los fundamentos de los mensajes sobre herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública que propone reformas a ocho leyes, y otro para crear el Colegio de Jueces Penales.

-¿Cómo observa el tratamiento legislativo de ambos temas? ¿Han hablado los legisladores con usted sobre los proyectos?

-Transcurridos dos años y medio de gestión, hay algunos primeros resultados evidentes. Se observa una baja muy notable en los principales indicadores de violencia: homicidios dolosos, heridos de arma de fuego y disparos de armas de fuego.

Esto podría llevarnos a tener una mirada ingenua y afirmar "ya está solucionado el tema". Pero no está solucionado el tema de la violencia; sí las bandas criminales están contenidas. Me animaría a decir que se están cuidando porque saben que si hacen algo, las penas son muchas más altas y las condiciones de encarcelamiento son mucho más severas. Pero no están completamente desmanteladas. Por otra parte, vemos un avance del delito predatorio urbano común: robo de billeteras, celulares, carteras, tal vez por la situación social y económica. Este último tipo de delitos no cede fácilmente con herramientas tradicionales de política criminal.

Dos años y medio atrás pedimos herramientas excepcionales. Fueron 10 leyes de seguridad que valoramos y agradecemos mucho a la Legislatura que nos las concedió y ayudaron a llegar donde estamos ahora. No es el momento de aflojar la marcha, es el momento de profundizar cambios, y como siempre pasa cuando uno pide una herramienta, tiene que mostrar qué hizo con la última que le dieron. Nosotros rendimos cuentas sobre microtráfico, en un informe conjunto con la fiscal general presentado a Legislatura. Rendimos cuenta todos los meses de la marcha de los principales indicadores de seguridad. Rendimos cuenta semanalmente de los principales procedimientos y allanamientos que se hacen en toda la provincia.

Creemos que hemos utilizado bien las herramientas que nos dieron y que nos merecemos el gesto de confianza, por lo menos de considerar o de poner en debate estas nuevas herramientas que nos van a ayudar a profundizar el rumbo en lo que queda de gestión.

-Se están usando muchas herramientas tecnológicas para enfrentar el delito. Ya funciona Lince en Rosario y pronto estará en Santa Fe...¿esto ameritará algunos cambios legales?

-Sí. En Rosario ya trabajamos con el sistema de inteligencia artificial aplicado a videovigilancia urbana y lo haremos antes de fin de año en Santa Fe. El sistema nos permite, para el delito común de calle, un nivel de esclarecimiento muy alto, tiempos de esclarecimiento casi cercanos al tiempo real. Poder trabajar esto con un Código Procesal Penal o con reglas procesales pensadas para la época de la prueba testimonial, de la pericia, de la huella y el rastro lo vemos como un obstáculo artificial. La realidad está yendo mucho más rápido de lo que las estructuras legales nos permiten.

Tenemos algunas herramientas como algunos casos de allanamiento, de aprehensión sin orden, flagrancia virtual, que nos permiten usufructuar mejor estas herramientas. Corremos el riesgo de poder tener la satisfacción de ver quién nos robó pero no lo podemos allanar ni detener sin tener herramientas.

-En Legislatura, algunos sectores políticos cuestionan que el proyecto le da mucho poder a la policía.

-Me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver con prejuicios. Tomemos por caso que la policía no pueda tomar una declaración sin la presencia del abogado defensor del detenido. Imaginemos que ingresa un señor a la comisaría y querer confesar que mató recién a su esposa y que la enterró en el patio de la casa. Ante esto podemos hacer dos cosas: detenerlo, derribar la puerta y cavar para verificar si es verdad y si se comprueba se llama a la fiscalía o bien llamar antes a la fiscalía y pedirle si estima pertinente hacer el procedimiento, etc. Entonces llamaría a audiencia imputativa, citaría al defensor, etc. No lo puede imputar porque todavía no tiene hechos para imputarle, pero para recibirle su declaración tendría que formalizar ya una imputativa.

Es al revés. Primero el Estado tiene que obtener información para poder construir una atribución delictiva y luego hacérsela saber a la persona imputada. Hoy tenemos un diseño de la declaración del imputado, que es tan garantizador que en cierta manera obstaculiza recolección válida de información en los primeros momentos investigativos.

-¿Del debate saldrá un punto de equilibrio?

-Estamos planteando un proyecto desde la necesidad, pero también desde estándares. La Constitución da un piso mínimo de garantías y después el legislador puede reglamentar en más o en menos. La Constitución y los tratados dicen que al imputado no se lo puede obligar a que declare contra sí mismo ni que se declare culpable. También se determina que una vez que el imputado solicita un abogado, la policía no debe seguir interrogándolo. Así de simple.

En Santa Fe, a esa garantía le agregamos que siempre debe estar presente el defensor, que siempre debe haber una imputación previa y que es nula y carente de valor toda declaración si no están dadas estas condiciones.

En nuestra legislación pusimos un estándar de garantías más elevado que los tratados y la Constitución. Parece un estándar para un país que no tiene problemas serios de criminalidad. Hay que respetar las garantías, por supuesto, pero no sé si estamos en situación de consagrar garantías por encima de ese piso mínimo que establece el constituyente. Me parece que hoy en materia política criminal, todavía no estamos para regalar nada.

-El otro mensaje en discusión es sobre el Colegio de Jueces Penales. Hubo opiniones de colegios, de cámaras y la propia Corte recibió a una comisión de la Cámara de Diputados. ¿Cómo están viendo este debate?

-Es muy bueno el debate democrático y que se escuche a todos los intervinientes. Sobre el tema partimos de una realidad que es inobjetable y es que tenemos un diseño del mapa judicial y de la distribución de recursos que data de hace ya varias décadas. En tanto, hay una realidad del sistema penal que va para otro lado. Hoy, la carga de trabajo penal no se da en la proporción donde los legisladores pusieron jueces penales. La carga de trabajo se da donde la gente decide cometer más y peores delitos. Hoy tenemos lugares de la provincia que tienen sus oficinas judiciales abarrotadas de audiencias y de casos. En cambio, hay otras jurisdicciones donde la carga de trabajo está por debajo de las capacidades de tratamiento del sistema.

La propuesta, en términos generales, tiende a que consideremos la provincia de Santa Fe como una unidad en cuanto a su sistema penal y se puedan aplicar los recursos de manera dinámica.

Vamos a un ejemplo, un juez trabaja tantas horas por día, pero como hay pocas audiencias tiene, por ejemplo, una hora o dos horas que le estarían sobrando. Pedimos que esas horas sobrantes colabore con casos de otra jurisdicción. Esto sujeto a un estudio cuantitativo y a una reglamentación. No sería otra que la propia Corte Suprema de Justicia, la que tendría que reglamentar y controlar el sistema.

Ahora, la propia Corte tiene una herramienta para hacer la tarea. Ha presentado la plataforma Alberdi que es una incorporación muy importante que le permite gestionar, medir y monitorear lo que es la distinta carga de trabajo en cada circunscripción. La propia Corte es la que puede decir acá los jueces tienen carga de trabajo que los exceden y en otro lugar los jueces tienen capacidad ociosa con la que pueden colaborar en causas de otra circunscripción.

Debates

-¿Ninguno de los dos mensajes está pedido al libro cerrado?

-No, nunca utilizamos esa metodología. Sabemos que el trámite y el procedimiento de sanción de leyes siempre involucra poder escuchar, poder incorporar innovaciones, mejorar las ideas. Han sido muy pocas las leyes, incluso las de iniciales de gestión que salieron, se podría decir, a libro cerrado. Tal vez la Orgánica del Servicio Penitenciario, la de Emergencia en Seguridad y la de Microtráfico. El resto fueron leyes que fueron fuertemente intervenidas en la Legislatura, fueron muy debatidas. Nunca se excluye escuchar a todas las voces y nos parece que el ámbito legislativo es también el ámbito apropiado para hacerlo.