La Corte Suprema de Justicia resolvió invitar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados a una reunión para este jueves, a las 11, a los efectos de analizar los alcances del mensaje remitido el 7 de mayo por el Poder Ejecutivo que apunta cambiar el funcionamiento de jueces en el fuero penal y que tiene fuertes resistencias dentro del Poder Judicial.
El tema con tratamiento preferencial para el jueves
La Corte con Diputados por la reforma al funcionamiento de los jueces penales
Los ministros del superior tribunal recibirán a los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. Los distintos colegios de jueces plantearon diferencias con el mensaje del Poder Ejecutivo.
"Vamos a plantear cuestiones insertas en el proyecto de ley que creemos que son inconvenientes al funcionamiento del sistema penal, pero de ninguna manera haremos adelantos sobre la constitucionalidad o no del proyecto", aclaró uno de los ministros ante la consulta de El Litoral.
La Corte había recibido una nota de la Cámara de Diputados invitando a los ministros y a representantes del colegio de jueces penales a asistir a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar el proyecto que propone la reforma de la Ley N.º 13.018 y del Código Procesal Penal.
"Entendiendo las dificultades que puede implicar encontrar un horario común, dejamos la fecha y el horario abiertos a la propuesta de ese Tribunal. Agradeceríamos que nos indiquen, los días y franjas horarias que les resultarían convenientes, así como la nómina de quienes asistirían", decía la nota elevada a la Corte que la consideró en el acuerdo del último viernes.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, la socialista Lionella Cattalini confirmó que el jueves el grupo de la Cámara irá al primer piso de Tribunales para analizar el tema. El proyecto tiene tratamiento preferencial para la sesión de ese día. Todo indicaría que el proyecto no llegará al recinto esa tarde, salvo que surja un amplio acuerdo del encuentro.
La Corte receptó las quejas de los cinco presidentes de los colegios de jueces penales de la provincia que le habían solicitado una audiencia. Los ministros -donde hay dos especialistas en temas penales- pidieron que les hagan llegar por escrito la objeción y los colegios las hicieron llegar individualmente al no poder acordar un texto único.
Más allá de los cuestionamientos puntuales a los cambios en la Oficina de Gestión Judicial y a la modalidad de trabajo propuesta para los jueces, en todos los casos propone "la consolidación de una instancia de diálogo interpoderes e interinstitucional que permita, sobre la base de estadísticas completas, serias y transparentes, definir objetivos realistas del sistema penal y garantizar un funcionamiento armónico del mismo"..
El mismo criterio de sentar en una mesa a los actores del sistema penal propuso el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en nota dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.
El proyecto del Poder Ejecutivo propone la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en instancia de revisión, integrados por la totalidad de los magistrados con competencia en la materia, con independencia de su asiento territorial. Para el Poder Ejecutivo ese diseño permite optimizar el uso de los recursos judiciales, facilitar la rotación funcional y asegurar una distribución equitativa del trabajo, evitando situaciones de sobrecarga o subutilización de los recursos.
En el Poder Judicial se entiende que el criterio hará que los jueces ya no estén presentes en las audiencias en forma física, sino virtual, desvirtuando parte de los objetivos del sistema penal.
El proyecto además dispone que la asignación de causas sea mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, establecidas por la Corte y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial; fortalece el rol de esta Oficina como órgano especializado en la administración y organización del trámite de los procesos y; conforma una sección específica dentro del Colegio de Jueces de Revisión de la política carcelaria y la ejecución penal.
Los colegios penales le hicieron notar a la Corte que las leyes penales sufrieron varios cambios en la actual gestión de gobierno. "Quizás, sin renunciar a las facultades conferidas por la Constitución Provincial y por el sistema democrático a los poderes constituidos, habría que explorar otras alternativas que no sean la sucesiva reforma normativa -sin análisis cuantitativo y cualitativo de cada una de sus implicancias-, que procuren diagnosticar correctamente para luego definir las líneas de acción más acordes a las necesidades detectadas. No sería sorprendente que las mejoras puedan provenir de otro tipo de iniciativas, menos grandilocuentes pero más efectivas, sobre todo si se piensa en la estabilidad y el fortalecimiento institucional, en el largo plazo y en las virtudes del diálogo interinstitucional", dice una de las notas de los colegios que están en manos de los ministros de la Corte.
En la Corte, el tema fue analizado el viernes por el pleno que resolvió invitar a la comisión de Diputados y unificar cuál es la posición institucional ante esos cambios.
Comisión clave
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General es la clave en el tratamiento de todo proyecto de ley que llega al recinto de Diputados y es presidida por la socialista Lionella Cattalini y es vicepresidente Emiliano Peralta (Somos Vida). El único sector político que no tiene representación es la izquierda del Frente Amplio por la Soberanía así como los bloques unipersonales.
Además de Cattalini, integran la comisión los socialistas Joaquín Blanco y Rubén Galassi; los radicales José Corral, y Ximena García y también el oficialista Ariel Bermúdez (Creo).
El justicialismo tiene tres lugares para tres mujeres en la comisión: Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Celia Arena. Completa el grupo la libertaria Silvia Malfessi (Somos Vida).
Informes sobre seguridad
La diputada justicialista Celia Arena ingresó un pedido de seis puntos sobre la inversión realizada y los resultados reales obtenidos por el uso de nuevas tecnologías en materia de seguridad pública.
El proyecto apunta a conocer en detalle la implementación y el impacto de los sistemas Lince, BriefCam y la plataforma de Evidencia Digital. "Estas herramientas son posibles gracias al gran proceso de modernización y ampliación del sistema de emergencias 911 que llevamos adelante durante el gobierno de Omar Perotti entre 2019 y 202" subrayó la legisladora que fue ministra durante la gestión anterior.
Ahora, el pedido apunta a conocer el monto total invertido en licencias y mantenimiento; saber cuántos agentes fueron capacitados y en qué áreas fueron asignados; evaluar el impacto real de las tecnologías en el el esclarecimiento de delitos y causas judiciales.
Salud mental
Este miércoles, la Comisión de Salud de Diputados que preside la socialista Varinia Drisun recibirá al secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, a la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín y a la directora de Salud Mental, Victoria Mancini.
El objetivo es que los funcionarios respondan los distintos pedidos de informes que se presentaron sobre la materia.
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