La Corte Suprema validó el derecho a la educación de una joven con discapacidad de Entre Ríos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que rechazó un amparo para implementar un proyecto pedagógico individual para la inclusión escolar de una adolescente con discapacidad.

Una mujer, en representación de su hija menor de edad que es titular de un certificado de discapacidad, presentó un amparo contra el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos (CGE) para que "se ordene el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva y se disponga la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) que garantice su trayectoria educativa completa, según la normativa vigente".

El juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó la elaboración de un proyecto pedagógico individual para la inclusión escolar de la adolescente. Consideró que la vía intentada era admisible aun cuando existía un procedimiento administrativo en el que se trataba la cuestión planteada por la actora en este pleito. A tales efectos, tuvo en cuenta la relevancia del derecho a la educación de una persona menor de edad con discapacidad, el tiempo que podía demandar la obtención de una respuesta y la circunstancia de que la adolescente no se encontraba escolarizada

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos revocó la decisión y rechazó la acción de amparo debido a que se encontraba en trámite un procedimiento administrativo en el que también se estaba examinando la cuestión debatida.

La madre de la menor apeló esa decisión. La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar al planteo y dejó sin efecto la sentencia apelada.

El voto de los jueces Rosatti y Rosenkrantz remarcó que la sentencia del superior tribunal provincial se limitó a aludir a un procedimiento administrativo previo sin analizar en forma pormenorizada si constituía una instancia útil para la salvaguarda de los derechos de la menor de edad.

Señaló que en el marco del expediente administrativo, iniciado el 16 de abril de 2025, las autoridades educativas le propusieron a la madre un "cambio de trayectoria" hacia la modalidad de escuela integral y como alternativa que la joven "solo cursara los espacios curriculares correspondientes a Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología", que "serían abordados con PPI y el acompañamiento de la maestra acompañante". En otra reunión se le presentó una propuesta educativa en la escuela especial "Mayor E. Pastor". Todos esos ofrecimientos fueron rechazados por la madre.

En mayo de 2025, señala la Corte, la menor dejó de concurrir a la escuela secundaria, lo cual dio lugar a que la supervisora de Educación Especial efectuara una comunicación el 4 de junio a la Defensora Pública, con copia al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Allí sostuvo que "esta Supervisión entiende que se han realizado todas las intervenciones presentando a su tutora , las distintas propuestas que el sistema educativo entrerriano posee en Rosario del Tala, acordes a sus necesidades, potencial y capacidades a desarrollar pensando en favorecer un proyecto de vida autónomo, de acuerdo a su edad, es al día de la fecha que la tutora se opone a que tenga la oportunidad de transitar otros espacios educativos la escolaridad, vulnerando el derecho a la Educación, y derecho a que la joven pueda ser escuchada su palabra, para conocer sus intereses".

Con posterioridad a dicho informe, la actora reiteró el rechazo de las propuestas mediante carta documento del 4 de agosto de 2025, en donde alegó que se "incumplía la normativa que aseguraba el derecho a una educación inclusiva e intimó al CGE a fin de que realice una propuesta educativa acorde a las necesidades de su hija".

"Tal como surge de la reseña efectuada, la sentencia apelada no brindó razones para comprobar la existencia de otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo para dar debida respuesta a los derechos constitucionales que se alegan como lesionados", concluyó.

Afirmó que los jueces intervinientes "tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que -atendiendo a los derechos involucrados- no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción".

En un voto concurrente, Lorenzetti remarcó que el derecho a la educación tiene una especial calificación en relación a personas vulnerables, como los niños y personas con capacidad diferente.