Seisas critica la "romantización" de la marginalidad y recuerda que "te cuido el coche" no es trabajar
Avanza un proyecto de ley fuertemente discutido en comisiones del Senado. Pasó a Diputados donde también hay otras iniciativas. En cualquier caso, la unanimidad preserva en las municipalidades los controles.
Seisas analizó el origen del fenómeno y advirtió sobre la “romantización” de la marginalidad. Foto: Flavio Raina
Con media sanción del Senado de Santa Fe, pasó a Diputados un proyecto de ley para que sea considerada una contravención la actividad de los cuidacoches. El proyecto del senador por Rosario, Ciro Seisas (Unidos para Cambiar Santa Fe) toma la experiencia de esa ciudad sobre el tema y también las inquietudes de las autoridades de seguridad, respecto de los costos para ordenar las calles.
El asunto se votó sobre tablas y logró la unanimidad de todos los bloques, en cada uno de sus artículos y luego de reuniones que incluyeron a ministros del Poder Ejecutivo Provincial y también a diputados de distintos bloques.
En la Cámara baja existen más iniciativas sobre el mismo tema, pero la unanimidad del recinto de 19 bancas y la labor previa con legisladores de las dos cámaras permite pensar que el texto con media sanción tiene más chances que los demás expedientes.
"Este es un proyecto que partió de una convicción profunda: en el Estado de Derecho, en el régimen democrático y para un gobierno democrático, el espacio público es sagrado", dijo Ceisas.
"Definimos quién manda en la calle", sintetizó el senador por Rosario, Ciro Seisas. Foto: Gentileza
Recordó que el gobierno provincial "avanzó en recuperar la paz y el orden y sostuvo que existen "números contundentes y métricas que validan esa descripción de la realidad", mencionó el caso de Rosario y explicó que su proyecto de ley va en el mismo sentido.
"La ley que hoy aprobamos -siguió-trata de establecer quién manda en la calle, porque la ausencia de reglas (de normas) nunca es neutral. O mandan los ciudadanos o mandan los violentos", advirtió luego de describir casos en los que los automovilistas, bajo coerción, deben pagar para estacionar o parar en un semáforo.
"La norma es producto del consenso, no es de un partido, ni de un senador. Es la ley de la gente", que pide haya normas para su protección. Indicó que hubo fuertes discusiones y también una pausa que permitió encontrar un texto que satisfaga a todos, luego de su debate con funcionarios del Ministerio de los ministerios de Seguridad, de Desarrollo e Igualdad y de Gobierno que vieron en la norma la chance de que se distraigan recursos limitados como el número de efectivos policiales y patrulleros, así como del MPA, en una hipotética persecución de lo que se planteaba inicialmente: que se considere que cometen un delito los cuidacoches (aún sin ser violentos).
Finalmente el texto aprobado se enfoca en el plano de las contravenciones, de las faltas. Y por eso serán los municipios quienes, según sus realidades particulares, deban tomar un tema que ya está en sus jurisdicciones.
Código
El expediente que pasó a Diputados, en definitiva, consiste en una modificación del Código de Convivencia. Su nuevo Artículo 66° bis ordena: "Quien, sin contar con autorización de la autoridad competente y cuando se encuentre prohibido por normativa local vigente, ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no, será reprimido con trabajo comunitario de dos (2) a diez (10) días y con prohibición de concurrencia al lugar donde se haya cometido la contravención conforme artículo 19 de la presente ley. En caso de reincidencia la pena será arresto de diez (10) a veinte (20) días".
Y el siguiente Artículo 66 ter que "La sanción establecida en el artículo 66 bis se elevará al doble en todos sus mínimos y máximos cuando la conducta tipificada sea realizada: a) Con violencia o amenazas hacia personas o bienes; b) En zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entidades o personas debidamente autorizadas por la autoridad competente; c) En las inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y una hora posterior al mismo; d) Con aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad o de otras circunstancias que afectando a la víctima la coloquen en situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio. e) En horario nocturno (entre las 18.00 h y las 6.00 h) y/o zona escolar, bancaria, comercial o de edificios públicos".
El arresto podrá hasta "cuadruplicarse" en casos de concurrencia en la falta de más de una persona, algo similar a como se agravan penas por delitos bajo concurso de una asociación ilícita.
Los municipios "podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial respectiva, a fin de que cese del estado antijurídico mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público en el que se desarrollaba la actividad".
Discusiones de "más de un cuarto de siglo"
Seisas explicó que el fenómeno tiene su historia y recordó que a fines de la crisis de los '90 y en 2000 y 2001, con el estallido económico de la Convertibilidad, hubo un incremento en el número de personas que encontraron esa forma de sobrevivir "y que pedían permiso para poder llenar la olla". El problema sucedió luego: en los años siguientes hubo "una romantización de la marginalidad, de la figura del excluido, al que en lugar de darle herramientas, se contribuyó a reforzar su presencia en la calle". Y con ello, "terminó por imponerse una ley de la selva, que comenzó con la disputa de territorios para cobrar a la gente una tarifa que es ilegal, que no tiene ningún fundamento, ni contraprestación de servicio".
"Romantizar la marginalidad nos salió caro: llevamos un cuarto de siglo discutiendo qué hacer y ahora, por primera vez, establecemos claramente que hay que separar a las personas que tiene dificultades económicas y necesidades básicas insatisfechas de la industria de la prepotencia, del apriete, de la escuela de la extorsión. Trazamos una línea e insistimos en ella, que hoy registra en la provincia un avance", agregó.
En Rosario "ya hemos sancionado, en 2022, con la aprobación de un Código de Convivencia que en su artículo 300 marca que no se acepta la figura de la extorsión. Pero nos quedaban fuera otras figuras, como la doble imposición cuando ya hay estacionamiento medido, o la coerción implícita en los espectáculos masivos", que ahora se contempla como agravante.