La discusión por la reforma laboral volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica de 2026. Mientras el Gobierno nacional busca acuerdos que aún no terminan de cerrarse, también pone la mirada sobre las provincias. En ese escenario, Santa Fe se muestra activa y con una estrategia propia.
Empleo, reforma y tensión fiscal
Báscolo: “Santa Fe está un paso adelante en la discusión por la reforma laboral”
El ministro de Trabajo de la provincia analizó los límites de la modernización laboral que impulsa Nación, advirtió sobre la informalidad y la falta de empleo privado registrado, y defendió los incentivos fiscales santafesinos para promover la creación de puestos de trabajo, con foco en las pymes.
El ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, sostuvo que Santa Fe “está un paso adelante” en el abordaje de los problemas estructurales del mercado laboral argentino. En diálogo con CyD Litoral, identificó tres ejes críticos que atraviesan tanto al país como al territorio santafesino.
El primero es la informalidad laboral. Según precisó, en 2025 el promedio nacional alcanzó el 43%, con provincias que rozan el 50%. Santa Fe se ubica por debajo de esa media, aunque el problema sigue siendo estructural y de larga data.
El segundo eje es la escasa creación de empleo privado registrado. Báscolo remarcó que en los últimos 15 años este tipo de empleo apenas creció un 3% en todo el país, mientras que el aumento se concentró en el monotributo y el empleo público.
El tercer punto es la alta litigiosidad laboral. Argentina presenta niveles superiores a los de otros países, lo que termina incidiendo en las decisiones de inversión y producción. “Hoy la balanza se inclina para otro lado cuando se evalúa dónde producir”, advirtió.
Incentivos fiscales y apuesta provincial
En ese contexto, el ministro destacó una medida inédita incluida en la tributaria 2026 de Santa Fe. Por primera vez, los contribuyentes de Ingresos Brutos podrán descontar hasta un 30% del impuesto determinado con el pago de la factura de la EPE.
Además, las empresas podrán deducir la totalidad de un RIPTE por cada nuevo empleo registrado. Actualmente, ese monto ronda el millón y medio de pesos por trabajador incorporado desde enero de 2026, en relación con la nómina de noviembre previo.
La medida apunta a incentivar la creación de empleo privado registrado y a formalizar puestos que hoy se encuentran en la informalidad. Según Báscolo, se trata de una fuerte apuesta provincial para atacar uno de los principales déficits del mercado laboral.
El funcionario indicó que este esquema se complementa con otras políticas de estímulo a la producción y el empleo, y que en conjunto representan una inversión cercana a los 80 mil millones de pesos durante el año calendario.
Coparticipación, deuda y foco pyme
Consultado por la preocupación en torno a una eventual baja de la coparticipación, Báscolo explicó que aún no hubo conversaciones formales con Nación y que el tema volverá a tratarse en el Senado a partir del 16 de enero.
Santa Fe, remarcó, mantiene un reclamo firme por la deuda que el Gobierno nacional tiene con la provincia por los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Se trata de una suma millonaria que, de ser saldada, permitiría ampliar las políticas de fomento productivo.
En cuanto a la modernización laboral, el ministro sostuvo que Santa Fe acompaña los puntos que buscan reducir informalidad, crear empleo privado y disminuir la litigiosidad, pero considera que no son suficientes por sí solos.
Báscolo puso el acento en la necesidad de incentivos específicos para las pymes, principales generadoras de empleo. Señaló que mientras existe el RIGI para grandes inversiones, las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un régimen similar.
Desde la mirada provincial, la baja de tributos debe estar directamente asociada a la creación de empleo. “El camino es reducir impuestos en la medida en que se contraten trabajadores”, afirmó, y defendió el esquema de Ingresos Brutos como un modelo posible.
Para Santa Fe, concluyó, la clave no está en reducir ganancias a grandes empresas sin garantías de empleo, sino en bajar costos laborales y otorgar incentivos concretos a las pymes para fomentar la formalización y el trabajo registrado.
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