Un empresario entrerriano vinculo a Néstor Kirchner con el financista del caso de los Cuadernos

Gabriel Losi, empresario de la construcción de Entre Ríos, declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas y dijo que el financista Ernesto Clarens habría intervenid en la administración de la firma Gotti, del Grupo Austral, por pedido del expresidente Néstor Kirchner.

La causa es conocida como "Vialidad" y tiene a Cristina Kirchner y Lázaro Báez como acusados junto a un grupo de exfuncionarios por el direccionamiento de obra pública a Austral Construcciones.

Cabe recordar que Clarens es el financista que, cuando quedó implicado en el caso de los cuadernos, confesó haber sido parte del esquema de cobros de coimas a empresas de la construcción con el fin de que fueran liberados los pagos de certificados de obras.

Audiencia

En la audiencia llevada a cabo esta semana, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 rechazaron la mayoría de las oposiciones y concedieron algunas, aunque frente a varias preguntas fue el propio Losi quien decidió abstenerse de responder, alegando su derecho a la no autoincriminación. En el caso de los cuadernos, que fue elevado a juicio hace más de dos años, Losi está procesado por siete actos de cohecho activo.

En este marco, el empresario entrerriano expresó que su firma sufría retrasos en los pagos de los certificados de obra y que en varias oportunidades presentó reclamos administrativos, tanto a la Dirección de Vialidad Nacional como a la Secretaría de Obras Públicas, que era conducida por José López, otro de los acusados en este juicio.

Así las cosas, cuando el fiscal Diego Luciani le preguntó si conocía algún mecanismo alternativo tendiente a acortar los plazos en el cobro de los certificados de obra, Losi dijo: “El tema roza con el otro hecho donde estoy involucrado, porque he hecho comentarios al respecto en mi declaración en otra causa”, y optó por no responder.

Sin embargo, cuando se le consultó por la figura de Clarens, admitió que lo conocía, y especificó que fue gracias a Víctor Pietroboni, un empresario entrerriano ya fallecido que denunció en una entrevista que el kirchnerismo lo presionaba para que no se presentara a las licitaciones y así favorecer a Báez. Prefirió no responder sobre las circunstancias en las que lo conoció, igual que sobre cuál era el rol de Clarens en el cobro de certificados de obra.

“¿Sabe que el señor Clarens tenía vínculo con Néstor Kirchner?”, preguntó Luciani. “No me consta que haya tenido vínculo, manifestó haberlos tenido”, respondió Losi, y cuando el fiscal interrogoó por si Clarens había tenido alguna intervención en la firma Gotti, respondió: “Tampoco me consta salvo por sus comentarios de que sí la tuvo. Dijo que había tenido que intervenir en la administración de la empresa en un período [el cual dijo no recordar]”, y cuando se le preguntó por los motivos de la intervención, contestó: “Por pedido del señor Kirchner pero no recuerdo en qué período”.

Pruebas

Según dio por probado la Justicia en primera instancia, Losi hizo ”7 pagos entre agosto y noviembre de 2011 y junio y agosto de 2013 al financista Ernesto Clarens, en el orden de los .451.735″. Al respecto, Clarens recordó a Losi como “un constructor de Entre Ríos, buena persona, venía a verme, formaba parte del Club, se quejaba que no le pagaban”.

Como arrepentido Losi habló de “la devolución del 3% de todo lo que se nos pagara”, y reconoció: “Personalmente hice entregas de dinero a Clarens, en sus oficinas. Por obvias razones, no tenemos registro de dichos pagos”. Todo eso había sido ratificado ante la Justicia por su padre, Luis Losi, quien fue presidente de la compañía.

En esta causa se investiga el presunto direccionamiento de decenas de contratos de obras públicas viales a las empresas de Báez en Santa Cruz. Las defensas sostienen que la acusación “se derrumba” por falta de pruebas mientras que la fiscalía confía en la prueba acumulada en el expediente. El rol de las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) desde que asumió el Frente de Todos se reduce a que sus abogados estén presentes en las audiencias, pero sin participar activamente de los interrogatorios.