Se conocieron hoy las ofertas económicas de las dos empresas que precalificaron en el proceso de licitación del sistema de emergencia 911 para toda la provincia. Se trata de Telecom y Telefónica; ambas superaron la instancia técnica, a diferencia de Megatrans e Intema, que también habían comprado pliegos.
Según la lectura de las ofertas, Telecom propuso un abono mensual por la prestación del servicio de 241.918 dólares, contra 107.018 dólares que ofertó Telefónica. Estos montos no contemplan los abonos adicionales, que implican otra cotización. La evaluación de ambas ofertas determinará a quién se adjudicará el servicio.
El 911 permite el seguimiento satelital de las unidades móviles a través de un sistema de posicionamiento global (GPS) instalado en los autos policiales. Ante cada llamada de emergencia, el operador del sistema deriva el pedido a la unidad más cercana. El mecanismo empezó a funcionar hace más de un año como experiencia piloto en Santa Fe y Rosario, y con la licitación se pretende extender el servicio a los principales centros urbanos: Granadero Baigorria, Reconquista, Rafaela, San Lorenzo, Santo Tomé, Venado Tuerto, Villa Constitución y Villa Gobernador Gálvez.
Objeciones
El proceso licitatorio había sido objetado oportunamente por un particular. Se trata de Walter Calenta, quien denunció que el actual director de Comunicaciones de la provincia, Horacio Gentile, había sido empleado de Telecom. Para Calenta, esto implicaba ventajas para la empresa, que compró pliegos y de hecho, terminó ofertando.
Consultado por El Litoral, el secretario de Tecnología, Javier Echaniz, reconoció el vínculo laboral, pero atribuyó las denuncias a operaciones políticas. “Son operaciones políticas que se dan en medio de esta situación. Cuando nosotros buscamos (funcionarios), tratamos de que tengan antecedentes en determinados temas. Esta persona (Gentile) salió en 2006 de Telecom. Y no hay absolutamente ningún vínculo. Acá, hay un comité donde hay diez o doce personas trabajando, no sólo Gentile, y no hay ninguna posibilidad de que esto esté direccionado”, aseveró.
Calenta, igualmente, llevó el tema a la Justicia, y esta mañana se presentó en la oficina de Contrataciones y Suministros de la provincia, para impugnar el proceso. Pero el director del área, Emiliano Arzuaga, aclaró que las impugnaciones sólo pueden formularlas las partes intervinientes.
“Legalmente, el particular tiene derecho a acudir a los mecanismos judiciales que correspondan. Únicamente pueden impugnar el acto de apertura aquellos oferentes que hayan participado, comprado el pliego y hecho una oferta. Y ninguna empresa impugnó”, sostuvo.
El particular
Concluido el acto y en diálogo con la prensa, Calenta reconoció que “formalmente” no podía impugnar, pero sostuvo que al menos quería dejar constancia por escrito de su presencia.
Explicó también que pretendía impugnar el proceso, para que la Justicia esclareciera el tema. Pero admitió que no hay ninguna orden judicial que haya ordenado suspender la licitación. “La fiscal (Elena Perticará) pidió que se remitiera documentación aclaratoria y consideró pertinente la suspensión del proceso licitatorio. Así se lo sugirió al juez, que es el que decide. Y hasta el momento, lo que resolvió el magistrado es que se le remitieran los oficios para que se le envíe el pliego y otra documentación. No hay orden judicial que disponga suspender el proceso”, concluyó.
Cabe recordar que la denuncia del particular y sus observaciones fueron tomadas por los diputados justicialistas Alberto Monti y Jorge Lagna, quienes también cuestionaron el proceso.



