La Cámara de Diputados pone en marcha una audiencia pública decisiva para el futuro de la Ley de Glaciares, en un contexto atravesado por tensiones políticas y cuestionamientos al mecanismo de participación. Aunque más de 105 mil personas se inscribieron para intervenir, solo 360 fueron seleccionadas para exponer, lo que desata críticas de sectores opositores y organizaciones ambientales que advierten sobre restricciones en el acceso al debate.
Debate ambiental en el Congreso
Reforma de la Ley de Glaciares: arranca una audiencia marcada por tensiones, recortes y disputa política
Con más de 100 mil inscriptos y solo 360 expositores confirmados, comienza en Diputados una audiencia que anticipa choques políticos y cuestionamientos sobre la participación ciudadana.
El esquema diseñado por el oficialismo establece dos jornadas intensas, con exposiciones presenciales el miércoles y modalidad virtual el jueves. Cada participante contará con apenas cinco minutos para fijar posición, en un formato que, según estimaciones, extenderá las sesiones durante más de 15 horas por día. La dinámica anticipa un tratamiento acelerado de un tema sensible, con impacto directo en la política ambiental y en la administración de recursos naturales.
Desde el oficialismo sostienen que el criterio de selección prioriza la representación federal, con participantes de todas las provincias. Sin embargo, la oposición cuestiona la metodología y advierte que el procedimiento limita la participación real de la ciudadanía en una discusión de alto impacto institucional.
Una audiencia bajo cuestionamientos y con riesgo de judicialización
El inicio del debate llega acompañado de una fuerte ofensiva opositora. Legisladores de distintos bloques preparan una impugnación formal contra la audiencia, al considerar que el esquema adoptado vulnera normas constitucionales y tratados internacionales vinculados al acceso a la información y la participación pública en cuestiones ambientales.
En ese planteo, se señala que la modalidad implementada resulta incompatible con el Acuerdo de Escazú y con la Ley General del Ambiente, al restringir el derecho a intervenir de manera efectiva. Además, advierten que el procedimiento contradice acuerdos previos alcanzados en comisiones y podría derivar en una serie de presentaciones judiciales si el proyecto avanza hacia su aprobación definitiva.
El oficialismo, por su parte, se apoya en un reciente fallo judicial que rechazó una medida cautelar que buscaba suspender la audiencia. Aunque la resolución no se pronuncia sobre el fondo del planteo, sirve como respaldo político para avanzar con el cronograma previsto. La discusión, sin embargo, permanece abierta y promete trasladarse también al terreno judicial.
El trasfondo de una reforma que redefine el control de los recursos
Más allá de la disputa por la audiencia, el proyecto en discusión introduce cambios de fondo en el esquema de control ambiental. Uno de los puntos más sensibles es la redefinición del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo clave en la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares.
La iniciativa otorga mayor protagonismo a las provincias en la delimitación de áreas periglaciares y en la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Este cambio se fundamenta en el principio constitucional que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones provinciales, pero genera preocupación en sectores científicos y ambientales que advierten sobre posibles flexibilizaciones en los controles.
En este escenario, el oficialismo busca acelerar el tratamiento legislativo con el objetivo de llevar el proyecto al recinto en las próximas semanas. Con un respaldo que estiman suficiente para su aprobación, la reforma avanza en medio de un clima de alta conflictividad política, donde el debate técnico convive con una disputa más amplia sobre el modelo de desarrollo y la protección del ambiente.
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