Juicio político citó a Lehmann y a Vranicich en el expediente Sain

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en votación dividida, resolvió una serie de medidas en el marco de la investigación de la conducta del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Entre las decisiones adoptadas está la citación para la semana venidera a la diputada nacional Lucila Lehmann (Coalición Cívica) quien realizó la presentación ante la Cámara; a la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; además de reclamar al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas toda la documentación sobre licitaciones y contrataciones realizadas por la gestión Sain en el ministerio.

El bloque Justicialista, en línea con la postura expuesta en la comisión por Matilde Bruera expresó "su preocupación ante la actitud" de los restantes integrantes de la comisión "quienes movidos sólo por intereses partidarios intentan llevar adelante un proceso de juicio político al margen de las normas constitucionales y legales vigentes".

La decisiones de la comisión fueron tomadas por la mayoría integrada por los representantes del Frente Progresista, Juntos por el Cambio y Somos Vida y Familia. En tanto, Oscar Martínez (Frente Renovador) insistió en reclamar copia de la renuncia presentada por Sain antes de cerrar el expediente. "Tenemos el decreto de aceptación de la renuncia, pero no vimos, pedimos y no obtuvimos respuesta del Ejecutivo sobre el texto de la dimisión de Sain", dijo y preguntó al cronista si alguien vio ese texto.

El presidente de la Comisión, Joaquín Blanco (PS) explicó que Lehmann será citada para que pueda detallar las motivaciones de su denuncia y para que aporte nuevos elementos mientras que sobre Vranicich señaló que "en uno de los escritos presentados, ella brinda competencias a esta Comisión. Queremos conocer su parecer y su forma de entender este proceso".

La Comisión solicitó través de la Subsecretaría de Contrataciones y Licitaciones, y al Tribunal de Cuentas, copias certificadas de todas las licitaciones y contrataciones que realizó el Ministerio de Seguridad durante la gestión Sain. Aclaró Blanco que "el fiscal Carlos Arietti nos manifiesta en un escrito que está en curso la investigación de la licitación, a todas luces amañada, para la compra de armas israelíes. Queremos tener todos los elementos para tratar de entender si es un caso aislado o fue parte de una conducta de la gestión Sain". También la comisión pedirá al fiscal general, Jorge Baclini, lo resuelto en la Junta de Fiscales el lunes. Sumó la decisión del fiscal regional de Rafaela de ordenar a sus fiscales no trabajar más con el Organismo mientras Sain esté al frente.

"Lo que está sucediendo en términos institucionales es inédito y gravísimo. Queremos saber qué elementos tiene Baclini para resolver esta incompatibilidad manifiesta de la presencia del ex ministro de Seguridad en el MPA", aclaró el socialista.

Sobre la tarea de la comisión ante la renuncia del ministro, Blanco insistió en que sigue latente la posibilidad de sancionar una incompatibilidad de Sain, pero también habló del vacío institucional que existe en la materia. "La comisión de Juicio Político tiene que cubrir ese vacío. Somos los únicos que tenemos la información de los fiscales regionales, de la auditora, del Poder Ejecutivo y de la Legislatura" señaló. Por otra parte no descartó llevar toda la información recabada al fiscal Baclini si es que debe determinar una sanción disciplinaria a Sain.

Por otra parte Blanco cuestionó que Omar Perotti haya vetado la ley de incompatibilidades y no haya habilitado el tratamiento del veto en Extraordinarias. "Así se generó este vacío legal sobre el juzgamiento al Organismo de Investigaciones", señaló.

Martínez aclaró que "la reasunción de Sain es una responsabilidad del MPA a través de la Auditoría y la decisión de Baclini. En la comisión se planteó que la auditora dijo que es responsabilidad de la comisión de Juicio Político. El socialismo invitó a Vranicich detrás de la idea que es responsabilidad nuestra el tema Sain"

Palo Oliver

El diputado provincial Fabián Palo Oliver (UCR) recibió el alta epidemiológica y clínica de la terapia intensiva del Hospital Cullen, donde fue tratada su afección producida por el Covid. Su familia informó que fue trasladado a una institución especializada de Rosario para iniciar su proceso de rehabilitación, tanto en lo muscular como en lo relativo a su sistema respiratorio.

Acuerdos

La Comisión de Acuerdos recibió ayer al senador Armando Traferri (PJ - San Lorenzo) quien hizo una presentación por escrito y amplió en forma verbal para que sea investigada la conducta de los fiscales de Rosario Matías Edery y Luis Schiappa Pietra quienes habían pedido su desafuero en una causa por juego ilegal.

Por otra parte la comisión recibió informes preliminares solicitados a la Auditoría de Gestión del MPA sobre la actuación de los fiscales Cristina Ferraro (Santa Fe) y Martín Castellano (Rafaela).

El PJ pide preservar la institucionalidad

Tras la reunión de Juicio Político, el bloque Justicialista expresó su preocupación por el tratamiento del caso Sain en la Comisión. "El intento de juicio político contra el ex Ministro de Seguridad no puede seguir adelante tras la renuncia del mismo a su cargo, aceptada por el gobernador Omar Perotti (decreto 215 del 19 de marzo de 2021). Allí mismo debió extinguirse la acción impulsada por la oposición, ya que tras su renuncia la única decisión que le cabe a la Comisión es cerrar el proceso, disponer su archivo y abstenerse de impulsar medidas investigativas en dicho ámbito", señala.

Para el bloque oficialista es "llamativo que un sector de la oposición esté más preocupado en discutir nombres propios que en discutir cuestiones de fondo como la reforma de las leyes de seguridad, presentadas hace meses por el Poder Ejecutivo y sin posibilidad, hasta el momento, de ser discutidas. Los niveles de violencia que ha alcanzado la provincia en la última década merecen un debate serio sobre las políticas implementadas y a implementar, y no sobre nombres propios, más aún desde el sector político que gobernó Santa Fe durante esa década".

Aclara que la Constitución santafesina advierte que "no puede destituirse a quien ya no es ministro. No se puede extender el proceso a ninguna otra función pública, ni a quien ha dejado voluntariamente de ejercer el cargo por el cual se lo cuestiona. Por lo tanto, no queda otro camino que cerrar el proceso".

Después de señalar la legalidad de la vuelta de Sain al cargo en el OI, el bloque oficialista considera "que es obligación de la Cámara de Diputados preservar la institucionalidad, y respetar los principios constitucionales vigentes, evitando las persecuciones arbitrarias e ilegales, a través de un Juicio político que se ha tornado abstracto".